Histórico fallo en Formosa: confirman compensación económica del 50% tras la ruptura de una unión convivencial

El Superior Tribunal de Justicia de Formosa confirmó una decisión clave en materia de compensación económica tras la ruptura de una unión convivencial, fijando un criterio de gran relevancia para la protección integral de la parte más vulnerable. La resolución judicial busca equilibrar la balanza tras la disolución de un proyecto familiar que dejó a una de las partes en una situación de evidente desventaja.

El caso, según se desprende de los expedientes judiciales, "se originó luego de la separación de una pareja que convivió durante 13 años y tuvo tres hijos". Durante ese período de más de una década, "la mujer se dedicó casi exclusivamente al cuidado del hogar, a la crianza de los niños y a la administración de alquileres de un inmueble adquirido por su entonces pareja, mientras que J. M. G. se consolidó como principal proveedor y expandió de manera notable su patrimonio".

La ruptura de la convivencia se produjo en agosto de 2019. A partir de ese momento, la situación sumó una enorme complejidad judicial y de vulnerabilidad para la mujer y sus hijos, luego de que el Tribunal de Familia ordenara "la exclusión de G. del hogar común" y le impusiera "una prohibición de acercamiento, en el marco de un proceso por violencia familiar".

De forma paralela al conflicto por violencia, la investigación patrimonial demostró graves irregularidades. "Se acreditó que el hombre actuaba como apoderado de una empresa familiar y que, durante la unión, numerosos bienes fueron inscriptos a nombre de su madre, su hermana y la propia firma". Para la Justicia, todo este entramado "fue interpretado como una maniobra dolosa para dispersar u ocultar activos".

De acuerdo con la información del caso, "esa estrategia llegó al extremo de provocar el desalojo de la mujer y de sus hijos del inmueble que había sido el hogar convivencial, luego de que la propiedad fuera transferida a la hermana del demandado". Esta acción dejó en una posición de extrema desprotección a los menores y a su madre.

Al evaluar el fondo de la cuestión, el Tribunal de Familia –Sala B Vocalía 2– "consideró probado que la ruptura generó un evidente desequilibrio económico en perjuicio de C., quien había resignado su desarrollo personal y profesional para sostener el proyecto familiar". La defensa del demandado intentó alegar que la situación de la mujer había cambiado debido a que terminó sus estudios secundarios y obtuvo un empleo.

Sin embargo, el Tribunal entendió que "esos logros no neutralizaban el perjuicio sufrido, dado que el trabajo remunerado se consiguió recién más de un año después del fin de la convivencia y tras más de una década de tareas de cuidado no remuneradas, sumadas a la situación de violencia física, psicológica y económica". Sobre esta base de desigualdad estructural, el Tribunal de Familia fijó una compensación económica equivalente "al 50 por ciento del valor de los bienes adquiridos durante la convivencia", una medida que ahora cuenta con el respaldo definitivo del máximo tribunal provincial.