Masacre de Rincón Bomba: la Federación Pilagá apeló el rechazo al Juicio por la Verdad y denunció parálisis judicial

Reparación económica versus verdad histórica: el cruce con el juez Morán

La abogada Paula Alvarado Mamani cuestionó duramente al magistrado, quien rechazó el pedido de la entidad al Juicio por la Verdad de los hechos ocurridos en octubre del año 1947. Uno de los principales cuestionamientos de Alvarado Mamani apunta a que el juez Morán consideró que la apertura de un Juicio por la Verdad podría generar un "escándalo jurídico", debido a la existencia de una causa civil relacionada con el caso que actualmente se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, la abogada de la Federación Pilagá sostiene que el magistrado confunde dos procesos de naturaleza completamente diferente. La representante legal de la organización remarcó que una demanda civil tiene como finalidad la reparación económica por los daños ocasionados por el Estado, mientras que un Juicio por la Verdad busca establecer judicialmente la verdad histórica sobre hechos que califican como "genocidio, etnocidio y terricidio estatal".

«La compensación económica jamás podrá sustituir la declaración criminal e histórica que sólo la jurisdicción penal puede otorgar», advirtió.

Otro de los puntos cuestionados es que Morán utilizó la muerte del exgendarme Carlos Smachetti, único imputado en la causa, como argumento para descartar la vía penal. Para la Federación, esta interpretación resulta contradictoria, ya que justamente la imposibilidad de avanzar con una persecución penal ordinaria es uno de los fundamentos que históricamente dieron origen a los Juicios por la Verdad en Argentina.

El antecedente de Napalpí y la lucha que continúa en la Cámara de Resistencia

La presentación realizada por Alvarado Mamani también recuerda el antecedente de la Masacre de Napalpí, en el Chaco, donde la Justicia Federal llevó adelante un Juicio por la Verdad en 2022 para investigar la matanza de integrantes de los pueblos Qom y Moqoit, pese a no existir responsables vivos para ser juzgados penalmente. Desde la Federación Pilagá se preguntaron por qué ese mecanismo fue considerado válido para reparar históricamente a otras comunidades indígenas y hoy se le niega al Pueblo Pilagá.

La abogada de la entidad también cuestionó el desempeño del Juzgado federal durante los últimos años. Según indicaron, el expediente penal permaneció prácticamente sin avances sustanciales desde 2022, situación que obligó a presentar reiterados pedidos de pronto despacho. En ese contexto, consideró que la reciente resolución representa el cierre definitivo de una causa que permaneció paralizada durante años y advirtieron que el fallo podría incorporarse a futuras presentaciones ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para evaluar el desempeño del magistrado.

La representante legal de la Federación confirmó que interpuso un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Resistencia con el objetivo de revertir la decisión y lograr la apertura del Juicio por la Verdad.

«Los ancianos sobrevivientes murieron esperando; sus hijos y nietos continúan la lucha junto a sus instituciones representativas», expresó.

Asimismo, sostuvo que la reparación económica reclamada en el ámbito civil no agota el derecho a la memoria colectiva ni reemplaza la necesidad de una declaración judicial sobre la responsabilidad estatal en los hechos ocurridos en Rincón Bomba. Finalmente, la Federación Pilagá reclamó «Verdad, Reparación Histórica y un Poder Judicial que esté a la altura de la Constitución y de los derechos de los pueblos originarios», insistiendo en que la investigación judicial constituye una deuda pendiente con las víctimas y sus descendientes.