Con votos del PJ, la UCR y la oposición de LLA, la Legislatura aprobó la ley que prohíbe celulares en primaria y limita su uso en secundaria
En una sesión marcada por el respaldo del oficialismo y el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, la Legislatura provincial aprobó este jueves la ley que establece la prohibición del uso de celulares en los niveles Inicial y Primario, y un uso restringido en el nivel Secundario. La norma contó con el rechazo de las legisladoras libertarias, que votaron en contra del proyecto.
La iniciativa, impulsada desde el Poder Ejecutivo, propone limitar el uso de dispositivos móviles dentro del ámbito escolar con el argumento de reducir distracciones, mejorar el rendimiento académico y atender los efectos del uso excesivo de pantallas en la salud de los estudiantes.
El texto aprobado establece criterios diferenciados según el nivel educativo. En los niveles Inicial y Primario se prohíbe la portación y uso de celulares y otros dispositivos electrónicos, mientras que en el nivel Secundario se permite su utilización únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente.
Desde el oficialismo y la UCR defendieron la medida como una herramienta para "ordenar el uso de la tecnología en el aula" y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la misma línea, legisladores radicales acompañaron la norma destacando la necesidad de establecer reglas claras en torno al uso de dispositivos en el ámbito educativo.
Sin embargo, el debate volvió a dejar al descubierto fuertes cuestionamientos sobre el enfoque de la ley y su impacto real en el sistema educativo. Desde la oposición libertaria advirtieron que la medida no aborda los problemas estructurales que atraviesa la educación en la provincia y que, por el contrario, avanza sobre derechos vinculados al acceso y uso de herramientas tecnológicas.
Más allá de la aprobación legislativa, distintos sectores coinciden en que la discusión sobre el uso de celulares en las aulas queda lejos de los desafíos de fondo: condiciones laborales docentes, calidad educativa, actualización pedagógica y autonomía institucional.
La nueva ley ahora deberá ser reglamentada por el Ministerio de Educación, instancia que será clave para definir el alcance concreto de las restricciones y su aplicación en cada establecimiento. Mientras tanto, el debate sobre el rol de la tecnología en la educación y las verdaderas prioridades del sistema sigue abierto.
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