Con aval del PJ y la UCR, y la firme oposición de los libertarios avanza el proyecto para prohibir celulares en las escuelas y será tratado en el recint

La iniciativa fue respaldada con las firmas de diputados del bloque justicialista y de la Unión Cívica Radical, tras una reunión de comisión desarrollado el martes en el ámbito legislativo, y que no contó con el respaldo de las legisladoras de La Libertad Avanza ni del ex presidente de ese partido el diputado Estebán López Tozzi.

El jefe de la bancada del PJ, Agustín Samaniego, confirmó que el proyecto "ya tiene despacho de comisión y será tratado este jueves", al tiempo que explicó que la normativa establece que los alumnos de Nivel Inicial y Primario no podrán llevar celulares a la escuela, mientras que en el nivel Secundario su uso estará prohibido dentro del aula.

"No se trata de prohibir, sino de ordenar el uso productivo de la tecnología, cuidar la atención y fortalecer los aprendizajes", mintió el legislador oficialista, quien no solo confirmó que "no podrán llevar celulares a la escuela", sino que además alertó que cada institución deberá establecer acuerdos de convivencia en torno al uso de dispositivos.

Por su parte, el presidente del bloque radical, Juan Carlos Amarilla, ratificó el acompañamiento de su espacio al señalar que "firmamos el dictamen porque participamos en su redacción" y recordó que la propuesta original fue impulsada por la diputada Carla Zaiser.

Sin embargo, más allá del consenso legislativo alcanzado entre los dos bloques, la iniciativa vuelve a poner en el centro del debate la situación estructural del sistema educativo provincial.

Diversos sectores advierten que la discusión sobre el uso de celulares en las aulas corre el riesgo de desviar la atención de problemas más profundos que afectan a la educación. Entre ellos, se señalan las condiciones laborales de los docentes, con salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica; la falta de transparencia en concursos y ascensos; y el progresivo debilitamiento de la carrera docente.

A esto se suma el cuestionamiento por la fuerte injerencia política en el sistema educativo, que —según críticas recurrentes— limita la autonomía institucional de las escuelas, condiciona el accionar de supervisores y directivos, y genera un clima de presión sobre los docentes.

En ese contexto, especialistas y actores del ámbito educativo plantean que cualquier reforma orientada a mejorar la calidad educativa debería abordar de manera integral estos factores estructurales, más allá de la regulación del uso de dispositivos tecnológicos en el aula.

El proyecto, que cuenta con impulso del Ministerio de Educación y legisladores del oficialismo justicialista, será debatido este jueves en el recinto, donde se aprobará por la mayoria automática del PJ y el aval de los diputados de la UCR.