Reclamo al IPV:"Nosotros no somos amenaza para nadie, queremos un derecho constitucional: una vivienda digna"

A casi un mes de la protesta frente al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la ciudad de Formosa, el grupo de manifestantes liderado por Liliana Ruiz Díaz sostiene que el conflicto permanece estancado.

La referente recordó que el reclamo se originó cuando cerca de 40 madres se presentaron en la sede del organismo para exigir la adjudicación de unidades habitacionales, motivadas por la urgencia de casos críticos. "Somos casi 40 mamás, muchas con problemas oncológicos, con hijos con discapacidad y cansadas de pagar alquiler. Decidimos presentar una nota una semana antes para que nos respondan qué posibilidades teníamos", explicó sobre el inicio de las gestiones.

Sin embargo, la falta de atención por parte de las autoridades ha sido la constante. Ruiz Díaz, quien se encuentra inscripta en el padrón desde hace 22 años —mientras que otras integrantes esperan desde 1994—, señaló la dificultad de concretar un encuentro con los responsables del área. "Fui cinco veces a tratar de hablar con el señor Ugelli y en ningún momento lo encontré en su lugar de trabajo. Yo quería explicarle mi situación, decirle que ya no puedo pagar más alquiler", afirmó en referencia al administrador del instituto.

Falta de diálogo y denuncias de hostigamiento

Tras las medidas de fuerza que incluyeron encadenamientos dentro del edificio público, las mujeres denunciaron que no recibieron una respuesta administrativa formal, sino una serie de procedimientos que calificaron como irregulares. "No apareció ningún asistente social. Lo único que hicieron fue un supuesto ambiental, pero lo hizo la Policía, preguntando a los vecinos cómo vivimos", advirtió la referente, quien expresó su malestar por la intervención de efectivos policiales en los barrios para indagar sobre la vida personal de las manifestantes.

En este sentido, la mujer fue tajante al defender la legitimidad del reclamo y rechazar cualquier tipo de persecución o etiquetas externas. "Nosotros no somos amenaza para nadie. Queremos un derecho constitucional: una vivienda digna para nuestros hijos", manifestó. Asimismo, lamentó que la situación se haya intentado politizar desde ciertos sectores, aclarando que el grupo actuó con total autonomía: "Esto lo hicimos solas. No tenemos bandera política", remarcó con firmeza.

La continuidad de la lucha por el techo propio
Pese a la incertidumbre y a las breves comunicaciones aisladas —como el caso de una integrante citada para retirar una respuesta administrativa individual—, el colectivo de madres no planea dar marcha atrás. El grupo sostiene que la infraestructura necesaria ya se encuentra disponible en la provincia, lo que aumenta el sentimiento de injusticia ante la demora. "Las casas están, hay carteles que dicen que están terminadas hace más de cien días. Vamos a seguir porque hay muchas mamás que quieren sumarse", aseguró Ruiz Díaz.

Finalmente, las familias reiteraron que su único objetivo es obtener una solución habitacional que ponga fin a décadas de espera y a la inestabilidad de vivir bajo alquileres que ya no pueden costear. Mientras el reclamo permanece abierto, las madres insisten en la necesidad de entablar un canal de diálogo directo con las autoridades del IPV para que se evalúen los casos de mayor vulnerabilidad social y de salud que integran el padrón.