Tensión social en el IPV: protesta por viviendas derivó en operativo policial y denuncias cruzadas

Lo que comenzó como un pedido urgente de audiencia por parte de familias sin vivienda terminó en un operativo policial que elevó la tensión social en la capital formoseña. Entre acusaciones de "listas negras", supuestas adjudicaciones irregulares y la firme postura del administrador Marcelo Ugelli, la sede del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se convirtió en el centro de un conflicto que expuso la creciente conflictividad por el acceso a soluciones habitacionales.

El edificio, ubicado en pleno microcentro, fue escenario durante las últimas 24 horas de una protesta que, según los manifestantes, refleja el agotamiento de un sistema de adjudicación que consideran "discrecional". Desde el organismo provincial, en cambio, defendieron los mecanismos vigentes y cuestionaron la legitimidad de las acciones.

De la protesta pacífica al desalojo nocturno
La jornada comenzó el lunes por la mañana, cuando unas 30 mujeres —en su mayoría referentes de hogares monoparentales— ingresaron de manera pacífica al hall central del IPV para exigir ser recibidas por las autoridades. Según expresaron, la medida respondió al cansancio acumulado tras años de trámites y reclamos sin respuestas concretas.

Entre los testimonios recogidos, una manifestante relató que lleva décadas inscripta en el registro habitacional sin resultados, mientras observa que otras personas acceden a viviendas en plazos más breves, lo que alimenta sospechas sobre los criterios de adjudicación.

Con el correr de las horas, la tensión fue en aumento. A través de transmisiones en vivo en redes sociales, las mujeres denunciaron la interrupción del suministro eléctrico y condiciones adversas dentro del edificio, en medio de altas temperaturas. Además, señalaron que un cordón policial habría impedido el ingreso de agua y alimentos desde el exterior, situación que fue cuestionada por organizaciones locales de derechos humanos.

Pasadas las 2 de la madrugada, y tras una orden judicial firmada por el juez Marcelo López Picabea, efectivos del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) ingresaron al inmueble para concretar el desalojo. El procedimiento incluyó momentos de tensión, forcejeos y el retiro de las manifestantes hacia la vía pública. En el lugar se encontraba la ex diputada Gabriela Neme, quien brindaba apoyo legal a las familias.

Posturas enfrentadas y un conflicto que escala
Tras el operativo, el administrador general del IPV, Marcelo Ugelli, defendió la actuación oficial y sostuvo que el reclamo no sería genuino, sino impulsado por sectores que "buscan generar caos". Asimismo, afirmó que varias de las participantes no cumplirían con los requisitos establecidos para acceder a una vivienda social o intentarían "saltear la fila" de postulantes.

Desde el organismo insistieron en que el sistema de sorteos es transparente, aunque no se brindaron precisiones respecto de las denuncias públicas sobre posibles irregularidades en el uso de algunas viviendas sociales.

El conflicto tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde se viralizaron imágenes del desalojo que muestran a efectivos policiales rodeando a madres con hijos en brazos, generando un fuerte impacto en la opinión pública. En paralelo, algunas de las participantes enfrentan causas judiciales por presuntos delitos como coacción agravada y atentado a la autoridad.

Lejos de disiparse, la tensión continúa en ascenso: las familias aseguran que evaluarán nuevas medidas de protesta, incluyendo acampes frente a la Casa de Gobierno provincial.