El Ministerio elige el camino más conocido: negar todo, hablar de "información falsa" y amenazar con acciones legales

A través de la directora de Coordinación de Áreas Programáticas, Luz Olmedo, el organismo salió a negar "de manera categórica" las acusaciones formuladas por Milagros y por la ex diputada provincial Gabriela Neme, quien había denunciado públicamente que el Estado provincial quitó la vivienda a una madre en situación extrema de vulnerabilidad y la trasladó de forma forzada a un módulo inhabitable, sin agua y con una deuda eléctrica millonaria que no le correspondía.

Según Olmedo, "no existió ningún tipo de estafa, ni desalojo, ni acción compulsiva", y todo se habría tratado de una permuta voluntaria solicitada por la propia Milagros. Sin embargo, el relato oficial choca de frente con los hechos documentados y con las acciones legales ya iniciadas por la propia damnificada.

El relato oficial vs. la realidad
Mientras el Ministerio sostiene que existe un expediente administrativo prolijo, con actas firmadas y consentimiento, la realidad es que Milagros hoy vive en un módulo sin condiciones básicas, con cuatro menores a cargo, sin energía eléctrica, con una deuda ajena de más de $1.800.000 y sin poder acceder a sus pertenencias.

No se trata de una discusión administrativa: se trata de una familia con niñas y adolescentes sin acceso a un servicio público esencial, luego de haber sido trasladada tras denunciar un abuso sexual gravísimo.

La pregunta es inevitable:
¿qué clase de "permuta voluntaria" puede existir cuando una madre denuncia que fue trasladada para no "incomodar" al agresor de su hija, que permanece en libertad?

La deuda que no es suya
Uno de los puntos más graves que el Ministerio intenta minimizar es el reclamo contra REFSA, donde Milagros intimó formalmente a la empresa por exigirle el pago de una deuda generada por terceros, condición impuesta para reconectarle la luz.

Desde el punto de vista jurídico, la situación es clara:
la deuda de un servicio público no es propter rem, no se traslada por ocupar una vivienda y no puede exigirse a quien nunca fue titular del servicio.

Sin embargo, REFSA cortó la luz igual.
Y el Ministerio, lejos de intervenir para proteger a una familia con menores, se limita a negar los hechos y hablar de "uso político" del caso.

Cuando el Estado se defiende a sí mismo: desacredita a la víctima y a quienes la defienden
La respuesta oficial no busca esclarecer, sino desacreditar a la víctima y a quienes la defienden. En lugar de explicar por qué una familia terminó sin vivienda digna, sin luz y con una deuda impagable, el Ministerio elige el camino más conocido:
negar todo, hablar de "información falsa" y amenazar con acciones legales.

Es la lógica de siempre: el Estado se defiende a sí mismo, no a las víctimas.

La desmentida que no convence
Más allá de los comunicados y las palabras cuidadas, los hechos son concretos:

Una madre denunció el abuso de su hija.
El agresor quedó en libertad.
La familia fue trasladada.
Perdió su vivienda anterior, el motor y el tanque de agua y todas sus pertenecias.
Vive sin luz, con una deuda ajena.
Inició acciones legales contra REFSA.

Eso no es "relato político".
Eso es una cadena de decisiones estatales que terminaron castigando a quien denunció.

Y frente a eso, la desmentida oficial no solo resulta insuficiente: resulta ofensiva. Porque cuando el Estado niega lo evidente, la impunidad deja de ser una sospecha y se transforma en política pública.