Zaiser:"El gobierno de la provincia le tiene que poner plata a una obra social deficitaria que antes daba respuestas y hoy es una bomba de tiempo"

La diputada provincial por la Unión Cívica Radical, Carla Zaiser, desnudó la crítica situación que atraviesa el Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP), al señalar que lo que comenzó como un conflicto administrativo por débitos a prestadores derivó en una grave denuncia penal, social y sanitaria que afecta de manera directa a los trabajadores estatales de Formosa.

La legisladora sostuvo que el organismo, lejos de garantizar el principio de "justicia social", ha consolidado un esquema que precariza el trabajo profesional, deteriora la calidad de la atención y restringe el acceso efectivo a la salud, especialmente en el interior provincial.

Honorarios de miseria: el profesional al límite

Zaiser, quien además de legisladora es psicopedagoga, aportó una mirada técnica y vivencial al exponer el abismo existente entre los honorarios que paga el IASEP y los valores mínimos éticos fijados por los colegios profesionales.

"Yo trabajé en un centro para personas con discapacidad y las facturaciones son totalmente distintas; hay una amplia diferencia respecto al pago que realizan otras obras sociales con la que realiza el IASEP", explicó. Según detalló, los montos que abona la obra social estatal se encuentran muy por debajo del mínimo ético profesional.

Para graficar la gravedad de la situación, la diputada aportó cifras contundentes:
"El mínimo ético para los psicólogos es de 30.000 pesos y el IASEP está pagando alrededor de 6.787 pesos por consulta; a los psicopedagogos les paga 5.700 pesos", precisó. Y aclaró que ese monto corresponde a cada sesión, que además "se termina cobrando a los 60 días con suerte, por cada paciente".

El interior provincial: desabastecimiento y abandono

Uno de los tramos más críticos de la entrevista estuvo centrado en la realidad del interior formoseño, donde el IASEP actúa como un monopolio de hecho, con consecuencias directas sobre la oferta sanitaria.

"En el interior la mayoría de los profesionales depende del Estado. ¿Cuánto cuesta un alquiler? ¿Cuánto sale capacitarse? Facturando esos montos es imposible llegar a fin de mes", sostuvo Zaiser. Esta ecuación, advirtió, expulsa a los profesionales del sistema y vacía de prestadores a las localidades.

Según explicó, muchos profesionales se ven empujados a una situación límite:
"Aunque no está permitido, muchos terminan cobrando un plus porque no hay forma de atender con esos valores. Entonces, optan directamente por no trabajar con el IASEP". Esto genera que "el desarrollo del ámbito privado en el interior sea casi nulo, sin clínicas con capacidad de internación ni atención compleja".

Débitos, sanciones y discrecionalidad

El conflicto se agravó tras los débitos aplicados por el IASEP a profesionales y entidades como ACILSA y la Federación Médica, bajo acusaciones de cobro indebido de plus o doble orden.

"Es importante saber con qué normativa se manejan y por qué aplican estas sanciones. Lo que se reclamaba era poder reunirse y recibir explicaciones, algo a lo que el gobierno no está acostumbrado", denunció la diputada. Recordó además que desde noviembre de 2023 su bloque presentó un proyecto para actualizar los honorarios, sin obtener respuesta.

"El IASEP fija los valores de manera discrecional, sin diálogo con las entidades profesionales", remarcó.

La salud al precio de una gaseosa

El momento más crudo de la entrevista llegó cuando se comparó el valor de una consulta con el costo de productos básicos. El conductor del programa resumió la situación con ironía:
"5.700 pesos: una Coca-Cola de 2,25 litros. No alcanza para el fernet, pero para la Coca alcanza".

Zaiser coincidió y profundizó: "Exactamente. Y ni hablar del costo de los materiales: equipar un consultorio con test básicos cuesta alrededor de 160.000 pesos. A eso se suma que el afiliado tiene un límite de tres órdenes por mes".

Para la legisladora, el escenario es claro: honorarios irrisorios, profesionales expulsados y afiliados cada vez más desprotegidos. "Así no hay justicia social posible", concluyó.