Juicio por el femicidio de Gisela Mendoza: la fiscalía y la querella piden prisión perpetua y rechazan la "emoción violenta"

La crónica judicial del proceso por el femicidio de Gisela Mendoza ingresó en su etapa decisiva este miércoles, cuando el imputado, Francisco Javier Leguizamón, solicitó la ampliación de su declaración y, a continuación, las partes expusieron sus alegatos finales ante la Cámara Criminal N. º 1. El caso, que conmocionó a la provincia, reconstruye una trama de hostigamiento, violencia previa y un trágico desenlace ocurrido el domingo 13 de julio de 2025.

De acuerdo con la investigación, durante la mañana de aquel domingo, el acusado se presentó en el domicilio de Gisela Mendoza, donde ella descansaba junto a sus hijos, y la hizo subir a una motocicleta de su propiedad. En su versión, el encartado afirmó que le solicitó el motovehículo a la víctima; sin embargo, los testimonios de su amiga Patricia Olmedo y de su padre, Hilario Mendoza, desestimaron de plano esta postura. Ambos coincidieron en que el imputado se valió de algún ardid, ya que el miedo constante y las amenazas que sufría la víctima —detalladas a lo largo de todo el juicio— hacían inverosímil que Gisela subiera voluntariamente con él, a menos que mediara una razón de fuerza mayor o un engaño.

La reconstrucción fílmica incorporada al debate oral permitió trazar el recorrido exacto: a las 10: 35 horas, el rodado fue registrado por la avenida Néstor Kirchner y, a las 10: 50, ingresó a la zona de la avenida Alicia Moreau de Justo y Pioneros. A las 11: 11 horas, el imputado egresó del sector en absoluta soledad. Para la querella, esta secuencia demuestra fehacientemente que condujo a la víctima hasta un descampado apartado para dejarla allí privada de posibilidades reales de defensa y de recibir auxilio.

Frente a la contundencia de las pruebas objetivas, la declaración del imputado rozó lo irrisorio. Leguizamón argumentó haber sufrido una especie de "nebulosa conveniente" por el consumo de sustancias que le impidió recordar cómo le quitó la vida a su exmujer, ni los detalles macabros de colocar una piedra en su brazo y una madera en su boca, ni haber cubierto su rostro. No obstante, su memoria volvió milagrosamente para idear una falsa denuncia, especular con artimañas para ganar tiempo y actuar con total frialdad, al punto de recordar con precisión milimétrica la comida que preparó ese mediodía (milanesas) para el hijo que Gisela cuidó durante su vida.

Un riguroso plexo probatorio y antecedentes de violencia sistemática

El expediente judicial incorporó un sólido andamiaje documental y pericial que respaldó la hipótesis acusatoria. Entre las pruebas se destacan las actas de secuestro fílmico y capturas de pantalla de cámaras de seguridad, los informes médico-legales, la autopsia, las pericias toxicológicas y anatomopatológicas que establecieron la mecánica lesiva y el nexo causal directo. Asimismo, los exámenes genéticos, técnicos y psicológicos, sumados al examen mental obligatorio, determinaron que Leguizamón comprendía perfectamente la criminalidad de sus actos y no presentaba patología mental al momento del hecho.

El femicidio de Gisela no constituyó un hecho aislado, sino la culminación de un proceso sostenido de violencia física, psicológica y verbal que padecía desde hacía meses, pese a estar separados. Amigas cercanas como Patricia relataron con dolor el calvario de la víctima, quien frecuentemente callaba debido a sus fuertes convicciones religiosas y a las promesas falsas de arrepentimiento del agresor.

La comunidad educativa del Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional (NEP y FP) N. º 31 "Atilio P. Lezcano", donde Gisela se formó con vocación como Auxiliar en Cuidados Gerontológicos, la despidió profundamente conmovida, recordándola como una mujer luchadora y empática dedicada a los adultos mayores, y exigió justicia bajo la consigna "¡Ni una menos! ".

Alegatos: el debate sobre la calificación legal y la postura de las partes

Durante los alegatos, el fiscal de la Cámara Criminal N. º 1, el doctor Pedro Gustavo Schaefer, junto a las abogadas particulares de la querella, la Dra. Myriam Haydeé Maza y la Dra. Cinthia Noemí Valdez, sostuvieron de manera unificada que la elección del lugar, el traslado, la agresión, el abandono y la posterior falsa denuncia son circunstancias incompatibles con un arrebato emocional. La fiscalía argumentó que la prueba indiciaria y científica debilita por completo la hipótesis defensiva y ratificó el pedido de condena a prisión perpetua , encuadrando el hecho en el artículo 80, incisos 1, 2 y 11, del Código Penal, por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).

Por su parte, la defensa, a cargo del Dr. Leiva, solicitó que el caso sea analizado bajo el instituto de la emoción violenta y exigió la inconstitucionalidad de la prisión perpetua por considerarla agraviante para la dignidad humana. Ante esto, la fiscalía y la querella refutaron tajantemente el planteo defensivo, recordando que la normativa nacional e internacional (como la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Ley 26. 485) imponen al Estado el deber inexcusable de proteger a las mujeres y sancionar la violencia machista, evitando aplicar estereotipos o convalidar violencias bajo falsos argumentos pasionales.

El 19 de noviembre a las 11hs el Tribunal determinrá la sentencia y pondrá fin a este caso de femicidio que tiene en vilo a la comunidad formoseña.