El sistema de salud que Insfrán presenta como "modelo", bajo cuestionamiento por las designaciones militantes y la falta de médicos

Mientras el gobernador Gildo Insfrán reivindica públicamente el sistema sanitario provincial como uno de los principales logros de su gestión, una sucesión de denuncias provenientes del interior de Formosa plantea interrogantes sobre la conducción de los centros de salud, la disponibilidad de médicos y los criterios utilizados para cubrir cargos de responsabilidad.

El cuestionamiento central apunta al ministro de Desarrollo Humano,  Juan Carlos Atencia , a la directora Claudia Gill (Licenciada en Enfermería) y a la subsecretaria Elizabeth Orbegozo, a quien distintos sectores atribuyen una política de desplazamiento de profesionales médicos de puestos de conducción y su reemplazo por licenciados en Enfermería, Obstetricia (partera) o Técnicos Radiologos, vinculados a estructuras políticas del oficialismo.

Médicos del mejor sistema de Salud del país, sindican a la Licenciada en Enfermería Claudia Gill, con aspiraciones politica para el 2027, como la cerebro en la designaciones de la cofradía del PJ en la designaciones de las licenciadas, en puestos de conducción en todos los Centros de Salud públicos de la provincia, que estaria perfeccionando el legado dejado por Eugenia Ruiz, en la gestión de los Hospitales públicos de El Modelo Formoseño.

La eclosión de los reclamos y la falta de respuestas al personal de salud, las tendría encerradas en sus oficinas directivas sobre la calle Padre Patiño del Hospital Central, y poniéndo a la secretaria A. Nequi, a decirles a los que van a reclamar que "están recorriendo", mientras la gestión está blindada desde el Ministerio de Hacienda local por el agobado Guaymasi, con quién tendrían el control absoluto del Hospital Central.

Para muchos es un secreto a voces que tanto Atencia, como Gill, estarían usando la Salud Pública, para posicionarse para cargos electivos para las elecciones 2027.

Mientras los problemas en el sistema sanitario se multiplican, en Villa 213 panfleteada de sumarios. En Pirané denuncian recortes de guardia, en Gran Guardia falta de insumos, en Tres Lagunas desmantelamiento del laboratorio muy necesario para diagnóstico, todo porqué el director es hermano del ministro Aníbal Gómez, la gente de Aníbal Gómez, desplazada y perseguida.

Aunque uno de los hermanos de Aníbal Gómez, igual que lalicenciada Labarthequedaron cerca de Atencia, pero a la licencia en enfermería Labarthe le cuestionan subir informe como médica, cuando no lo es, y la gravedad es que de esos informes depende el diagnóstico, los tratamientos agresivos.

Los médicos aseguran que el interior hoy explota en todos los sentidos porqué tocaron los pilares importantes, pero sobre todo el bolsillo y salud de la gente.

ATENCIA VS LUGONES

Tampoco nadie desconoce el encontronazó que en la reunión del COFESA, Atencia tuvo con el Ministro de Nación Lugones, por la poda financiera, los estrictos controles federales a los distintos programas sanitarios locales. Discución que terminó abruptamente cuando el ministro Lugones le expusó la documentación de las irregularidades de la gestión.

ESPEXTATIVA POR EL DISCURSO DE INSFRÁN

Existe muchas espectativas, sobre el contenido del discurso sobre "el mejor sistema de Salud del pais" que tendrá el Gobernador Gildo Insfrán, en la inminente inauguración de la Unidad Coronaria del Hospital de Laguna Blanca.

Las acusaciones describen una situación preocupante: establecimientos donde los vecinos afirman no encontrar médicos suficientes, deben trasladarse a otras localidades para realizar estudios o recibir atención y, al mismo tiempo, observan nombramientos cuya justificación profesional y administrativa desconocen.

¿Se están priorizando los antecedentes y las competencias sanitarias para designar autoridades, o la pertenencia y aspiracionees políticas está influyendo en esas decisiones?

Esa es la pregunta que el Ministerio de Desarrollo Humano debe responder.

Licenciados no son médicos: una diferencia que las autoridades no pueden ocultar

Una parte importante de la controversia se relaciona con la identidad profesional de quienes ocupan puestos de conducción.

Una licenciada en Enfermería no es médica. Una licenciada en Obstetricia tampoco es médica. Son profesionales universitarias de la salud, con formación, matrícula y competencias propias, diferentes de las correspondientes a Medicina.

La distinción es fundamental para que los pacientes sepan quién los atiende y qué prácticas está legalmente habilitado a realizar cada profesional.

Del mismo modo, ocupar un cargo de dirección administrativa o de gestión sanitaria no equivale necesariamente a ejercer Medicina, ni tampoco permite realizar actos profesionales para los cuales no está habilitada.

Por eso, la discusión no debe convertirse en un enfrentamiento entre médicos, enfermeros y obstétricas. Todos cumplen funciones necesarias dentro del sistema de salud.

Lo que debe investigarse es si los nombramientos respetan la normativa, si existe interferencia partidaria y si las decisiones están perjudicando la atención de los pacientes.

General Belgrano: la muerte de Bauti expuso la falta de respuestas sobre quién dirige el hospital

Uno de los casos que intensificó el debate fue el del Hospital de General Manuel Belgrano, donde la muerte de Bauti, un niño de cinco años, desencadenó movilizaciones, denuncias familiares y pedidos de intervención.

Durante las marchas, los vecinos exigieron conocer la identidad de las autoridades del establecimiento y los títulos de las personas presentadas como nuevas incorporaciones.

La controversia alcanzó al intendente Hermes Acosta, después de que Alberta Benítez, tía del pequeño, relatara en Radio Parque 89.3 que el jefe comunal había difundido fotografías de profesionales, pero no pudo precisar sus nombres completos ni sus especialidades cuando la familia se lo preguntó.

"Le preguntamos sobre los nombres de las doctoras y qué especialidad tenían, y él dijo que no sabía" , afirmó Alberta.

A ello se sumaron versiones sobre una presunta designación de Rosa Argüello, señalada como licenciada en Enfermería y vinculada familiarmente a una exconcejal del Partido Justicialista, al frente del hospital.

La tragedia de Bauti, cuya atención médica es cuestionada por la familia, exige una investigación específica. 

Pero las denuncias sí revelan una necesidad urgente:  la comunidad debe conocer quién es responsable del hospital y qué profesionales están disponibles para atender emergencias.

San Hilario: cuestionan la designación de una licenciada en Enfermería al frente del centro de salud

Otro caso señalado es el del Centro de Salud de San Hilario.

Según las denuncias recibidas, la conducción del establecimiento habría quedado en manos de una licenciada en Enfermería, en reemplazo de una estructura encabezada por profesionales médicos.

Los cuestionamientos también incluyen dudas sobre su matrícula y las condiciones de su designación.

Clorinda: señalamientos sobre la influencia política en los nombramientos

La situación también habría generado cuestionamientos en Clorinda, donde se denuncia una creciente participación de licenciados en cargos de conducción y gestión sanitaria.

Entre los nombres mencionados aparecen  Claudia Gil y Elizabeth Orbegozo , a quienes los denunciantes atribuyen influencia sobre designaciones y reorganizaciones del personal.

Los señalamientos incluyen la sospecha de que determinadas decisiones responderían a criterios políticos antes que a evaluaciones de capacidad profesional.

Las sospechas de favoritismo político deben investigarse y no quedar en el olvido.

Si hubo desplazamientos injustificados o designaciones que incumplieron los requisitos legales, deben establecerse las responsabilidades correspondientes.

El caso del Camión Rosa: cuestionan las competencias profesionales en la atención mamográfica

Otro señalamiento involucra a una profesional identificada como  Labarthe , a quien los denunciantes describen como técnica radióloga y vinculan con la conducción o funcionamiento de un Camión Rosa destinado a prestaciones sanitarias.

La acusación plantea dudas sobre quién realiza e interpreta las mamografías y cómo se comunican los resultados obtenidos mediante sistemas de telemedicina o herramientas tecnológicas.

La distinción profesional vuelve a ser esencial.

Realizar técnicamente una mamografía no es lo mismo que interpretar sus imágenes y emitir un informe diagnóstico médico.

Los técnicos y licenciados en diagnóstico por imágenes cumplen funciones fundamentales en la obtención de estudios. La interpretación diagnóstica médica y la firma de informes deben ajustarse a las habilitaciones y responsabilidades profesionales correspondientes.

La telemedicina tampoco elimina esas exigencias. Y el uso de herramientas de inteligencia artificial no sustituye, por sí solo, la responsabilidad de un profesional legalmente habilitado.

No obstante, el hecho de que una técnica radióloga coordine aspectos operativos de una unidad móvil no demuestra que esté realizando diagnósticos médicos.

Para esclarecer la denuncia, el Ministerio debería informar quién dirige administrativamente la unidad, quién obtiene las imágenes, quién las interpreta, quién firma los informes y qué controles de calidad se aplican.

La seguridad de las pacientes exige trazabilidad, profesionales identificables y responsabilidades clínicas claramente establecidas.

Médicos que se van y centros de salud que necesitan profesionales: el reclamo por los residentes egresados

A las denuncias sobre nombramientos se suma otra preocupación: la permanencia de los médicos formados en los hospitales públicos de Formosa.

Según la información aportada por sectores críticos de la gestión sanitaria,  en agosto de 2026 habrían egresado 26 profesionales de distintas residencias médicas y ninguno habría permanecido trabajando en la provincia .

De confirmarse, se trataría de un indicador especialmente preocupante para un sistema que invierte recursos en la formación de especialistas y necesita garantizar su presencia en los hospitales del interior.

Sin embargo, para establecer la magnitud real del problema es indispensable acceder a las nóminas de egresados, sus destinos laborales y las estadísticas de contratación y permanencia.

También se cuestionan las remuneraciones.

De acuerdo con los testimonios recibidos, algunos médicos sin ingresos adicionales por guardias percibirían alrededor de  1.200.000 pesos mensuales , mientras que determinados cargos de conducción tendrían remuneraciones superiores.

Estas cifras requieren verificación mediante escalas salariales oficiales y recibos de haberes comparables.

La discusión es fundamental:  ¿qué incentivos ofrece Formosa para que los médicos permanezcan en la provincia, se especialicen y acepten trabajar en localidades alejadas de la capital?

Un sistema sanitario no se fortalece únicamente con edificios, equipamiento o anuncios. También necesita recursos humanos suficientes, condiciones laborales adecuadas y políticas de retención profesional.

El problema que padecen los vecinos: trasladarse a otros pueblos para recibir atención

Detrás de las controversias administrativas aparece una realidad que preocupa a numerosas familias.

Según las denuncias recogidas, vecinos de distintas localidades deben viajar a pueblos cercanos para realizarse análisis de laboratorio, acceder a estudios por imágenes o recibir prestaciones que consideran básicas.

En General Belgrano, familiares de Bauti señalaron públicamente que determinados análisis se realizan en Misión Tacaaglé y cuestionaron la disponibilidad de servicios y traslados sanitarios.

También denunciaron dificultades para conseguir ambulancias y respuestas relacionadas con la falta de combustible.

Estos testimonios no permiten establecer que todos los establecimientos presenten idénticas carencias, pero sí justifican una evaluación concreta de la red sanitaria.

¿Cuántos médicos trabajan efectivamente en cada centro? ¿Qué guardias se cubren? ¿Qué estudios se realizan? ¿Qué servicios dependen de derivaciones? ¿Cuánto tiempo deben esperar los pacientes?

Esas respuestas son mucho más relevantes para la población que cualquier campaña institucional.

Atencia asumió en abril: ahora debe explicar qué cambió en la conducción sanitaria

Juan Carlos Atencia asumió como ministro de Desarrollo Humano el  16 de abril de 2026 , tras ser designado por el gobernador Gildo Insfrán.

Desde entonces, las decisiones relacionadas con nombramientos, organización de servicios y recursos humanos forman parte de las responsabilidades políticas de su cartera.

Los cuestionamientos surgidos en General Belgrano, San Hilario, Clorinda y otros establecimientos hacen necesario conocer qué cambios se produjeron efectivamente durante su gestión.

Pero la coincidencia temporal entre su asunción y las denuncias no demuestra por sí sola que el ministro haya ordenado desplazar médicos por motivos políticos.

Para determinarlo es necesario comparar las designaciones anteriores y posteriores a abril, las resoluciones administrativas y los fundamentos de cada decisión.

Atencia debe explicar quiénes fueron reemplazados, quiénes asumieron sus funciones y qué criterios sanitarios justificaron los cambios.

El gobernador y las autoridades superiores del Ejecutivo también tienen responsabilidad institucional sobre la política sanitaria provincial y sus resultados.

Qué establece la legislación sobre las competencias profesionales

La legislación nacional distingue entre el ejercicio de la Medicina y las actividades de otras profesiones sanitarias.

La Ley 17.132 regula, en su ámbito de aplicación, el ejercicio médico y la dirección técnica de establecimientos asistenciales. Su artículo 40 contempla la figura de un director médico u odontólogo, según corresponda. 

Por otra parte, la Ley 24.004 reconoce expresamente que los profesionales de Enfermería pueden desarrollar funciones de administración de servicios dentro de sus competencias. 

Por eso,  ser licenciada en Enfermería no convierte a una persona en médica, pero tampoco la inhabilita automáticamente para una función directiva .

Confundir esas responsabilidades puede ocultar irregularidades reales.

El Ministerio debe publicar las designaciones y responder por la atención que reciben los pacientes

Las denuncias planteadas no deberían quedar atrapadas en una discusión de títulos o pertenencias políticas.

El Ministerio de Desarrollo Humano puede despejar los principales interrogantes mediante una auditoría y la publicación de información concreta sobre los establecimientos cuestionados.

Resulta necesario conocer las resoluciones de designación de sus autoridades, los títulos y matrículas profesionales, la dotación médica disponible, las guardias efectivamente cubiertas y las prestaciones que se realizan en cada localidad.

También corresponde esclarecer si existieron desplazamientos de médicos, cuáles fueron sus motivos y qué impacto tuvieron sobre la atención.

Si hubo designaciones partidarias contrarias a la normativa, ejercicio profesional fuera de las competencias habilitadas o deterioro de servicios por decisiones administrativas, deberán determinarse las responsabilidades correspondientes.

"El mejor sistema de salud del país": una afirmación que debe confrontarse con la realidad de los hospitales

El contraste entre el discurso oficial y los testimonios de los pacientes constituye el punto central de esta controversia.

La calidad de un sistema sanitario no se mide únicamente por la cantidad de establecimientos inaugurados ni por la presentación pública de nuevas autoridades.

Se mide también por la disponibilidad de médicos, la capacidad de respuesta ante emergencias, la continuidad de los tratamientos, la seguridad de los pacientes y el acceso efectivo a las prestaciones.

Si una familia debe trasladarse a otra localidad para acceder a estudios básicos, si un hospital no informa claramente quién lo dirige o si los médicos recién formados no encuentran condiciones para quedarse, las autoridades tienen la obligación de explicar qué está fallando.

Las denuncias sobre los nombramientos cuestionados y la sustitución política de médicos, no  pueden ser desestimadas sin una investigación seria.

El gobernador Gildo Insfrán, el ministro Juan Carlos Atencia y las autoridades responsables de la red sanitaria deben responder con información, decisiones transparentes y resultados comprobables.

Porque la salud pública no puede sostenerse solamente sobre discursos, fotografías y anuncios. Necesita profesionales habilitados para cada función, médicos disponibles cuando los pacientes los necesitan y autoridades capaces de rendir cuentas.

La pregunta que hoy atraviesa a los pueblos del interior es tan sencilla como urgente: ¿quién está cuidando realmente la salud de los formoseños?