¿POR QUÉ EL PROCURADOR GENERAL NO CITA AL CONCEJAL ZIESENISS A «FORMULAR CRITERIO» SOBRE EL PRESUNTO LATROCINIO EN EL COLORADO?
La citación al abogado Agustín Dambra por sus declaraciones sobre las comunidades originarias contrasta con las graves denuncias formuladas por el concejal Emanuel Zieseniss contra el intendente Mario Brignole. Una pregunta que merece respuesta: ¿con qué criterios interviene la Procuración General ante denuncias públicas que podrían involucrar delitos de acción pública?
El procurador general de la provincia de Formosa, Dr. Sergio Rolando López, protagonizó recientemente un episodio que despertó interrogantes sobre el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
Nos referimos a la convocatoria cursada al abogado Agustín Dambra, quien había realizado declaraciones periodísticas relacionadas con la situación de integrantes de comunidades originarias detenidos en el oeste provincial.
Según relató el propio profesional, fue convocado por la Procuración General para una diligencia denominada«formular criterio», sin que se le precisara claramente el carácter procesal de su comparecencia.
Hasta aquí los hechos conocidos. Pero ocurre que, casi simultáneamente, el concejal de la ciudad de El Colorado, Emanuel Zieseniss, formuló públicamente gravísimas denuncias contra el intendente Mario Brignole y su entorno familiar, relacionadas con presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras públicas municipales.
El edil denunció posibles negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y una presunta asociación ilícita, en relación con obras que involucrarían aproximadamente 800 millones de pesos.
Según sus manifestaciones, determinadas contrataciones municipales habrían beneficiado a empresas vinculadas con familiares del intendente. No se trató solamente de declaraciones periodísticas. El concejal afirmó haber formalizado una denuncia penal y posteriormente aportado nuevos elementos probatorios ante la Justicia.
Naturalmente, corresponde aclarar que se trata de hechos denunciados cuya veracidad y eventual relevancia penal deberán ser determinadas judicialmente, con pleno respeto al principio de inocencia y al derecho de defensa de todos los involucrados.
PERO ENTONCES SURGE UNA PREGUNTA INEVITABLE: ¿POR QUÉ DAMBRA SÍ Y ZIESENISS NO?
Si el Procurador General consideró necesario convocar a un abogado para que explicara sus declaraciones sobre las comunidades originarias, ¿no sería igualmente razonable interesarse por las denuncias de un concejal que involucran fondos públicos, contrataciones municipales y posibles delitos contra la Administración Pública?
¿Acaso las manifestaciones de un abogado sobre detenciones de integrantes de comunidades originarias justifican una convocatoria de la Procuración, mientras que las acusaciones de un representante elegido por el pueblo y además prestigioso letrado, contra las autoridades municipales no merecen una intervención semejante?
Conviene recordar que los posibles delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contemplados en el artículo 265 del Código Penal, y de asociación ilícita, previsto en el artículo 210, son figuras de acción pública.
Ello no significa que las acusaciones formuladas por Zieseniss se encuentren acreditadas ni que necesariamente correspondan esas calificaciones jurídicas. Significa, sencillamente, que los hechos denunciados merecen ser examinados conforme a las reglas del procedimiento penal y que, de existir elementos suficientes, corresponde impulsar las actuaciones pertinentes.
Por supuesto, desconocemos si la Procuración General ya adoptó alguna medida relacionada con estas denuncias. Precisamente por eso formulamos públicamente la pregunta.
¿SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SE HA REQUERIDO ALGÚN INFORME SOBRE LA DENUNCIA PENAL DEL CONCEJAL ZIESENISS?
¿Se ha solicitado conocer el estado de las actuaciones judiciales? ¿Se ha evaluado la necesidad de disponer medidas para esclarecer los hechos denunciados?
¿O se considera que, por haberse presentado una denuncia penal, ya no resulta necesaria ninguna intervención adicional de la Procuración? No pretendemos que el Procurador General anticipe conclusiones ni que sustituya a los fiscales y jueces competentes.
Pretendemos conocer si existe un criterio institucional uniforme para actuar frente a hechos públicamente denunciados que podrían revestir relevancia penal.
Porque cuando se trata de investigar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos, la sociedad tiene derecho a exigir transparencia, independencia y diligencia.
La cuestión no consiste en determinar anticipadamente si el intendente Brignole es culpable o inocente. Esa es una atribución exclusiva de la Justicia.
La cuestión consiste en saber si el Ministerio Público aplica criterios objetivos y uniformes, con independencia de la identidad y posición institucional de las personas denunciadas.
Por eso reiteramos nuestra pregunta:Señor Procurador General, Dr. Sergio Rolando López: si convocó al abogado Dambra para «formular criterio», ¿por qué no convoca también al concejal Zieseniss para conocer los fundamentos de sus gravísimas denuncias contra la administración municipal de El Colorado?
Tal vez exista una explicación jurídica perfectamente atendible. Pero sería saludable que la sociedad formoseña pudiera conocerla.Porque la independencia del Ministerio Público no solamente debe proclamarse: también debe manifestarse en la igualdad de criterios con que se examinan los hechos, cualquiera sea el funcionario involucrado.
