GDA: "Somos nosotros dentro de la institución, los docentes en su conjunto con sus directivos, los que tenemos que organizar y poner esa propuesta donde nos garantizamos la estabilidad"

El balance de las medidas de fuerza reflejó un nivel de acatamiento considerable en diversas instituciones educativas de la capital y del interior provincial. Respecto a la marcha realizada durante la primera jornada de protesta, la referente sindical explicó que la columna de manifestantes resolvió modificar su itinerario habitual con el propósito de concretar una parada institucional en la Delegación Zonal Formosa, ubicada sobre la avenida Antofagasta.

El objetivo de esa parada fue visibilizar una serie de recursos administrativos y denuncias referidas a los procedimientos empleados en la cobertura y designación de cargos docentes, un punto donde las bases señalan arbitrariedades sistemáticas en el manejo de las coberturas a cargo de la delegada zonal Patricia Pastor.

Posteriormente, la marcha continuó su desplazamiento hasta culminar frente a la sede de la Casa de Gobierno. Allí, el reclamo principal gravitó sobre el deterioro de los ingresos y la pérdida constante del poder adquisitivo. Respecto a la situación económica de los trabajadores, Fernández advirtió:

"Cada vez estamos peor, los servicios siguen aumentando, la luz es impagable y nuestro sueldo está absolutamente retrasado."

Asimismo, la dirigente remarcó que el costo de vida corriente fuerza a muchas familias del sector a recurrir al endeudamiento para cubrir sus erogaciones más básicas.

Estructura salarial y el impacto de los haberes en negro

Uno de los ejes más críticos abordados durante el reporte gremial tuvo que ver con la conformación del recibo de sueldo de los educadores formoseños. Frente al cronograma de pagos anunciado por las autoridades provinciales para el personal activo con un incremento del 5%, la conducción del gremio precisó la letra chica de dicho ajuste. Fernández hizo hincapié en que ese porcentaje se aplica tomando como referencia la pauta salarial correspondiente al mes de febrero y no los valores actualizados a la fecha, lo que diluye de forma sustancial el impacto real en el bolsillo del trabajador.

En este sentido, la dirigencia advirtió sobre la elevada proporción de conceptos no remunerativos dentro del haber mensual. Fernández subrayó la gravedad de esta distorsión en la liquidación:

"Hoy nuestro sueldo podemos decir que más del 50% es en no remunerativo."

Sobre este punto, detalló que mientras el piso salarial garantizado por el Estado provincial se ubica en 1.150.000 pesos para el cargo inicial, el sueldo básico de la escala apenas alcanza los 361 mil pesos y fracción. Sobre esa cifra básica reducida se calculan los adicionales por antigüedad, mientras que el monto remanente para completar el piso tope se liquida mediante asignaciones en negro, una práctica que desvirtúa la carrera docente y perjudica los haberes jubilatorios.

Frente a esta coyuntura, la secretaria general remarcó la urgente necesidad de recomponer la escala salarial con sumas blanqueadas que permitan afrontar la canasta básica:

"Un salario que nos permita desde pagar nuestros gastos básicos hasta comer es lo fundamental, lo esencial para nosotros."

A su vez, la representante sindical aseguró que resulta insostenible mantener la labor cotidiana en las aulas cuando las exigencias presupuestarias del hogar superan holgadamente la capacidad de ingreso de los trabajadores.

Irregularidades en delegaciones zonales, persecución e incertidumbre en secundarias

La entrevista también dio espacio para abordar el clima de trabajo dentro de los establecimientos educativos, donde se denunciaron presiones e irregularidades en el ejercicio de la gestión. Fernández hizo mención a situaciones de persecución e inacción que terminan vulnerando los derechos laborales y condicionando la libertad de expresión de los docentes, quienes muchas veces evitan realizar reclamos formales por temor a represalias o sanciones administrativas.

Como ejemplo de esta problemática, la gremialista expuso un caso ocurrido en la Escuela Primaria N° 319 de la localidad de Ingeniero Juárez. Según detalló, durante el ciclo lectivo anterior un grupo de educadores presentó notas formales ante la Delegación Zonal de Matacos para señalar serias deficiencias en el funcionamiento del comedor escolar, tales como escasez de vajilla, dudas sobre la calidad de los alimentos utilizados y problemas en la provisión de agua potable destinada al consumo de los alumnos. Lejos de canalizar una solución, la respuesta de las autoridades intervinientes consistió en advertir a los denunciantes con la apertura de sumarios administrativos.

La situación tuvo un nuevo capítulo semanas atrás, cuando el gremio tomó conocimiento de la apertura de un proceso de investigación interna formulado en el ámbito general del establecimiento. Fernández cuestionó la modalidad elegida para llevar adelante este procedimiento, explicando que la norma preventiva indica la separación del cargo del directivo investigado para evitar interferencias en la recolección de pruebas. Sin embargo, en la Escuela 319 el director cuestionado permanece al frente de la institución, generando un ambiente de hostigamiento directo hacia el personal docente que promovió las actuaciones iniciales.

Por otro lado, la conducción del gremio expresó su profunda preocupación por la instrumentación del proceso de conciliación horaria en el nivel secundario, sosteniendo que existe una clara falta de acompañamiento e instrucciones precisas por parte de las autoridades de la Dirección de Educación Secundaria, lo que deja la aplicación de la norma librada al criterio individual de cada equipo directivo.

Fernández recordó que la Resolución N° 4436 establece las pautas para este procedimiento, garantizando de forma explícita la estabilidad laboral de todos los agentes, ya sea en condición de titulares, interinos o suplentes. Dicha reglamentación habilita la reorganización de las cargas horarias institucionales para evitar que cualquier profesional pierda sus horas de trabajo o vea disminuido su sueldo. Sin embargo, en la práctica se observan manejos dispares y arbitrarios que contravienen el espíritu de la norma marco.

Para ejemplificar esta distorsión, la representante gremial citó lo ocurrido en la Escuela de Comercio. En dicha institución, mediante un criterio dispuesto años atrás por una gestión directiva anterior, varios docentes que revistaban en tareas de la estructura de investigación y evaluación institucional (EIA) fueron reubicados para cumplir horas frente a alumnos en el turno tarde, función que desempeñan de manera ininterrumpida desde hace siete u ocho años. Actualmente, en el marco de la nueva conciliación, la conducción del establecimiento intenta restituir esas horas a personal que desempeñaba tareas administrativas de oficina, despojando de sus cursos y de su estabilidad a los profesores que sostuvieron las aulas durante todo este período.

Ante el silencio de las dependencias oficiales para resolver estos desacuerdos, la titular del gremio llamó a la organización interna en las escuelas:

"Somos nosotros dentro de la institución, los docentes en su conjunto con sus directivos, los que tenemos que organizar y poner esa propuesta donde nos garantizamos la estabilidad."

En esa línea, enfatizó que no se puede permitir la pérdida de horas de trabajo en un escenario económico caracterizado por la destrucción del empleo y el ajuste en el sector público.

Ante la falta de soluciones concretas a las demandas salariales e institucionales, la conducción de Docentes Autoconvocados confirmó que el plan de lucha continuará en el corto plazo. Durante el acto de cierre de la movilización frente a la Casa de Gobierno, la dirigencia planteó formalmente ante la asamblea de trabajadores la necesidad de coordinar una medida de fuerza específica para el nivel secundario. Fernández adelantó que en los próximos días se definirá la fecha exacta para la realización de un paro provincial del nivel medio, el cual tendrá como eje central el rechazo a la aplicación actual de la conciliación y la exigencia de garantías reales para la estabilidad de la planta docente.