Amarilla: "los valores que tienen que ver con la preservación de la institucionalidad son valores a los que no vamos a renunciar nunca"

El escándalo por la denuncia de adoctrinamiento político en las escuelas públicas de Formosa llegó este jueves al recinto de la Legislatura provincial, donde el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical impulsó la interpelación del ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, para que brinde explicaciones ante los legisladores.

 Para Amarilla, el episodio no puede analizarse como un hecho aislado protagonizado por una funcionaria educativa, sino que lo vinculó con una forma de ejercer el poder que se consolidó durante décadas sin alternancia política.

Amarilla comenzó planteando una cuestión institucional, señalando que "lo que se está pidiendo es una interpelación y esto debiera ser una cuestión absolutamente normal en democracia", aunque denunció que en Formosa ocurre lo contrario. El diputado aseguró que no es la primera vez que la oposición solicita la presencia de ministros y cuestionó que, incluso cuando se reunieron las firmas exigidas constitucionalmente, el oficialismo impidió avanzar con esos pedidos, afirmando que "el bloque de la mayoría ignoró sistemáticamente los pedidos de interpelación, a pesar de cumplir con nuestro reglamento y con la Constitución provincial".

La UCR había anticipado esta semana que impulsaría la citación de Aráoz precisamente para que explique ante la Cámara el episodio de Gran Guardia y las políticas de la cartera frente a las denuncias de adoctrinamiento.

La controversia se originó en la EEP N°59 "Leonor Mauriño", de Gran Guardia, donde en imágenes difundidas públicamente aparece Gladys Esther González, delegada zonal educativa de Pirané, preguntándoles a alumnos quién les había proporcionado guardapolvos, zapatillas, útiles, leche y comida escolar. Cuando los niños no respondieron inmediatamente con el nombre esperado, González insistió hasta asociar esos recursos con el gobernador Gildo Insfrán y llegó a decir frente a los docentes: "Bueno, esto, colegas, hay que trabajar".

Las diputadas provinciales Agostina Villaggi y Carla Zaiser denunciaron públicamente el episodio como un caso de adoctrinamiento y propaganda política dentro de una escuela, logrando que el hecho trascienda Formosa y sea recogido por medios nacionales como LA NACION, Infobae, A24 y Cadena 3.

La derivación nacional del caso y el reclamo de neutralidad estatal

La controversia escaló todavía más cuando el Ministerio de Capital Humano de la Nación reclamó formalmente a las autoridades formoseñas que investigaran lo ocurrido, calificando la utilización del ámbito escolar para exaltar a una autoridad en funciones como un hecho de "gravedad institucional" y pidiendo a la provincia informar sobre las medidas adoptadas respecto de las autoridades involucradas y los mecanismos existentes para prevenir situaciones de adoctrinamiento político-partidario.

En ese contexto, Amarilla cuestionó que desde el oficialismo provincial se intente minimizar la controversia disparando que "quieren que naturalicemos una situación que es imposible de naturalizar", al tiempo que sostuvo que existen cuestiones vinculadas con la institucionalidad que deberían encontrarse por encima de cualquier funcionario o partido político.

Para establecer una comparación, el legislador recordó el Programa Alimentario Nacional (PAN) implementado durante la presidencia de Raúl Alfonsín, sosteniendo que aquella política social no era presentada como una dádiva personal. Al respecto expresó: "Pusimos en marcha el Programa Alimentario Nacional con el doctor Raúl Alfonsín y no decía ‘gracias al doctor Raúl Alfonsín’. Gracias al Estado argentino, gracias a la democracia argentina".

El argumento apuntó directamente al corazón de la polémica de Gran Guardia: la diferencia entre una política financiada y ejecutada por el Estado y su presentación como un beneficio personalmente concedido por quien gobierna.

Amarilla afirmó además que la presencia de referencias políticas vinculadas al gobernador dentro de ámbitos públicos habría avanzado progresivamente, mencionando una reciente competencia deportiva con cartelería de Gildo Insfrán dentro del predio y refiriéndose también al Instituto de Formación Policial. Sin embargo, su cuestionamiento más severo estuvo dirigido al sistema educativo, manifestando que "antes a nadie se le podía ocurrir colocar cerca de las escuelas carteles haciendo política partidaria. Bueno, ahora están adentro de las escuelas directamente, sin disimulo".

La falta de alternancia y los límites de la institucionalidad

El tramo políticamente más fuerte de su intervención llegó cuando vinculó estas prácticas con la prolongada permanencia de un mismo espacio político en el poder provincial. Para Amarilla, lo sucedido constituye una manifestación de una estructura política que perdió límites institucionales debido a la falta de alternancia, sosteniendo: "Creo sinceramente que esto es consecuencia directa de las reelecciones indefinidas que tenemos acá en Formosa", para luego rematar afirmando que "se llega a una situación de abuso absoluto del poder".

La afirmación del jefe del bloque radical se produce en un contexto donde la reelección indefinida del gobernador ya fue objeto de una decisión de la Corte Suprema en diciembre de 2024, que declaró inconstitucional el artículo de la Constitución provincial que habilitaba ese mecanismo.

La exposición de Amarilla buscó llevar la discusión más allá de las palabras pronunciadas por la delegada zonal. El planteo radical es que el ministro Julio Aráoz debe comparecer ante la Legislatura para explicar qué directivas reciben las autoridades educativas, qué controles ejerce el Ministerio, cómo se garantiza la neutralidad política dentro de los establecimientos y qué medidas se adoptaron después del episodio de Gran Guardia, adquiriendo mayor peso luego de la exigencia formal del Gobierno nacional.

Para Amarilla, además, existe una discusión institucional todavía más profunda sobre si se terminó borrando la frontera entre Estado, Gobierno y partido, concluyendo que "los valores que tienen que ver con la preservación de la institucionalidad son valores a los que no vamos a renunciar nunca".

El caso de Gran Guardia, que comenzó con un video registrado frente a un grupo de alumnos, ya provocó denuncias de legisladoras provinciales, repercusión en medios nacionales, un requerimiento del Ministerio de Capital Humano y ahora un pedido de interpelación al máximo responsable de la cartera educativa formoseña, dejando planteada en la Cámara la incógnita sobre si Julio Aráoz irá al recinto a responder por las políticas del Ministerio.