JUSTICIA EN FORMOSA: "Un pozo provincial mata exactamente igual que un pozo nacional"
El juez federal Pablo Fernando Morán volvió a endurecer una cautelar contra Vialidad Nacional y le dio seis meses para intervenir las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95. La seguridad vial, la vida y la integridad física fueron colocadas en el centro de la resolución. Nadie debería objetar que Nación responda por las rutas que administra. Pero el fallo reavivó el planteo formulado por el periodista Leonardo Fernández Acosta : Formosa posee unos 1.307 kilómetros de red nacional frente a aproximadamente 4.105 kilómetros de rutas provinciales . ¿ Por qué el deterioro nacional genera expedientes, cautelares y plazos judiciales, mientras los caminos provinciales acumulan denuncias sin una reacción institucional equivalente ? Un pozo nacional puede matar. Uno provincial también.
Con esa sencilla comparación, el periodistaLeonardo Fernández Acostaabrió una discusión que excede ampliamente el estado del asfalto y coloca bajo la lupa a las instituciones encargadas de controlar al poder en Formosa.
La controversia surgió después de que el juez federal N.º 1,Pablo Fernando Morán, ampliara una medida cautelar contra la Dirección Nacional de Vialidad y estableciera un plazo de seis meses para realizar trabajos sobre sectores peligrosos de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95.
La decisión delJuzgado Federal N.º 1 de Formosa, encabezado por Pablo Fernando Morán, vuelve a colocar a las rutas nacionales de la provincia en el centro de la agenda.
El magistrado dio a la Dirección Nacional de Vialidadseis mesespara realizar trabajos sobre sectores deteriorados de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95. La medida contempla bacheo, reparación de pozos y protuberancias, sellado de grietas y limpieza de banquinas. Antes de finalizar el plazo, Vialidad deberá además presentar un informe sobre el cumplimiento de las tareas.
La cautelar no nació ayer: amplía una medida originalmente dispuesta en junio de 2025, cuyo criterio fue posteriormente confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Morán fundamentó su intervención en derechos esenciales:vida, integridad física, seguridad vial y libre circulación.
Hasta ahí, la discusión debería ser sencilla.
Si las rutas nacionales están destruidas, Nación debe arreglarlas.
Pero el problema político e institucional comienza exactamente después.
Fernández Acosta puso los números sobre la mesa
El periodistaLeonardo Fernández Acosta, en una columna publicada por Formosa Investiga, introdujo un dato que cambia el eje de la discusión.
Formosa cuenta aproximadamente con1.307 kilómetros de red vial nacional y 4.105 kilómetros de red provincial.
De acuerdo con los datos reproducidos en su informe, de esos 4.105 kilómetros provinciales,1.377 son de tierra, 229 de ripio y 2.499 están pavimentados.
Es decir:
la Provincia administra más de tres veces la extensión vial que está bajo jurisdicción nacional.
Y Fernández Acosta lanzó una pregunta elemental:
¿POR QUÉ 1.307 KILÓMETROS GENERAN CAUTELARES, EXPEDIENTES Y PLAZOS PERENTORIOS, MIENTRAS 4.105 KILÓMETROS PROVINCIALES NO GENERAN UNA REACCIÓN INSTITUCIONAL EQUIVALENTE?
No se trata de pedirle al juez federal que ordene aquello sobre lo que no tenga competencia.
Eso sería jurídicamente absurdo.
Se trata de algo bastante más profundo:
preguntarse dónde están las instituciones competentes cuando el Estado cuestionado es el provincial.
Gialluca: una nota para Provincia, una cautelar contra Nación
Aquí aparece uno de los cuestionamientos centrales formulados por Fernández Acosta.
El defensor del Pueblo,José Leonardo Gialluca, reclamó tanto ante Vialidad Provincial como ante Vialidad Nacional.
Eso debe reconocerse.
Pero existe una diferencia difícil de ignorar.
Como señala la columna, frente a Provincia hubonotas administrativas.
Frente a Nación existió unaacción judicial que terminó produciendo una cautelar, plazos concretos y obligaciones exigibles.
Y no son lo mismo.
Una nota pide.
Una cautelar ordena.
Una nota puede terminar en un escritorio.
Una resolución judicial genera consecuencias ante su incumplimiento.
Por eso la pregunta dirigida a Gialluca resulta inevitable:
¿POR QUÉ NO EXISTE LA MISMA INTENSIDAD INSTITUCIONAL CUANDO LAS RUTAS DEPENDEN DEL GOBIERNO DE GILDO INSFRÁN?
Si existe una acción equivalente contra la Provincia, que se conozca.
Si existen expedientes, que se exhiban.
Si se acudió a la Justicia provincial reclamando por esos caminos, que se informe.
Y si no ocurrió, que se explique por qué.
"Un pozo provincial mata igual que uno nacional"
Ésa es probablemente la frase que mejor sintetiza toda la controversia.
Porque la seguridad vial no reconoce jurisdicciones.
Una ambulancia que queda empantanada en una ruta provincial no pregunta quién administra el camino.
Un productor que no puede sacar su hacienda tampoco.
Un docente que no consigue llegar a una escuela rural no resuelve su problema descubriendo que el camino depende de la Provincia.
Y una familia que protagoniza un accidente no sufre menos porque el pozo tenga jurisdicción provincial.
Fernández Acosta menciona reclamos sobre vehículos y ambulancias atrapados en el barro, docentes tapando pozos y estudiantes con dificultades para concurrir a clases debido al estado de los caminos. Son afirmaciones de su columna y constituyen parte de su crítica al estado de la red provincial.
Por eso, si el fundamento de Morán para intervenir frente a Nación esproteger la vida y la integridad de las personas, ese mismo principio debería movilizar a los organismos competentes respecto de las rutas provinciales.
La Justicia Federal mira hacia Nación. ¿Y la Justicia provincial?
La pregunta incómoda no debería dirigirse solamente a Morán.
Un juez federal tiene competencias determinadas por la Constitución y las leyes.
El problema aparece cuando uno amplía el foco.
Si Morán puede controlar a Vialidad Nacional dentro de su competencia, perfecto.
¿Quién controla entonces a Vialidad Provincial?
¿Dónde están las cautelares provinciales?
¿Dónde están los plazos?
¿Dónde están las intimaciones?
¿Dónde están las resoluciones que obliguen a responder ante reclamos concretos sobre caminos provinciales?
Porque la independencia institucional no consiste en conseguir que un juez federal invada competencias provinciales.
Consiste en quecada juez controle al poder que le corresponde controlar.
Y ahí la pregunta se vuelve particularmente incómoda en una provincia gobernada desde hace décadas por el mismo espacio político.
Morán y una Justicia que debe despejar cualquier sospecha de selectividad
Fernández Acosta también coloca bajo observación al juez Morán, aunque hace una precisión indispensable: su columnano acredita que el magistrado tenga pertenencia partidaria ni permite presentarlo responsablemente como "juez gildista".
La crítica seria debe ir por otro camino.
Hay que mirar las decisiones.
Los expedientes.
Los criterios jurídicos.
Las competencias.
Y, sobre todo,la consistencia con la que se controla al poder.
Un juez independiente no necesita demostrar que está contra Milei.
Tampoco que está contra Insfrán.
Necesita demostrar que estáa favor de la Constitución y de la ley, independientemente del apellido del funcionario alcanzado por sus resoluciones.
Por eso resulta pertinente preguntar qué ocurre en aquellos expedientes federales donde las actuaciones o intereses del poder provincial quedan sometidos al escrutinio judicial.
No para prejuzgar su resultado.
Precisamente para exigir que sean resueltos conla misma independencia y determinación.
Padres Unidos por el Dolor: tampoco corresponde ocultar quiénes impulsaron la causa
La acción judicial fue promovida por laFundación Padres Unidos por el Dolor,vinculada política y militantemente al gobierno de Gildo Insfrán, junto con otros actores y con intervención de la Defensoría del Pueblo.
Ahora bien: el señalamiento de que se trataría de"militantes del PJ camuflados"o de que la fundación participe institucionalmente de la campaña electoral justicialista.
Porque entonces aparecería una pregunta adicional perfectamente legítima:
¿una organización que interviene activamente en campañas partidarias puede presentarse públicamente como un actor completamente ajeno a la disputa política cuando judicializa decisiones de un gobierno adversario?
Pero primero hay que probar esa premisa.
Nación debe responder. Eso no exonera a Formosa
Existe otro dato que tampoco corresponde esconder.
Vialidad Nacional reconoció judicialmente limitaciones presupuestarias, financieras, humanas y logísticas para cumplir con las reparaciones requeridas.
Eso no elimina su responsabilidad.
Si administra las rutas, debe garantizar condiciones razonables de circulación y responder ante la Justicia.
Pero exigirle cuentas a Naciónno concede inmunidad política al Gobierno provincial.
Ése es justamente el corazón del cuestionamiento.
No se reclama que Morán deje de controlar a Vialidad Nacional.
Se reclama queel sistema institucional formoseño deje de mirar solamente hacia Buenos Aires cuando busca responsables.
1.307 kilómetros no pueden hacer desaparecer otros 4.105
La comparación planteada por Fernández Acosta es brutalmente sencilla:
1.307 kilómetros nacionales.
4.105 kilómetros provinciales.
Una diferencia aproximada de2.798 kilómetros.
Sin embargo, una parte del aparato institucional formoseño despliega enorme energía para reclamar contra Nación mientras los cuestionamientos sobre infraestructura provincial parecen tener una capacidad mucho menor para transformarse en decisiones coercitivas.
Ese desequilibrio merece explicaciones.
No alcanza con responder que las competencias son diferentes.
Precisamente porque son diferentes,deberían funcionar todos los organismos competentes.
La Justicia Federal donde corresponde.
La Justicia provincial donde corresponde.
La Defensoría del Pueblo frente a ambos gobiernos.
Y los organismos viales respondiendo por aquello que administran.
La independencia se demuestra cuando toca controlar al poder cercano
Hay una máxima institucional sencilla:
es muy fácil controlar al poder que está lejos.
El verdadero examen llega cuando debe controlarse al poder que gobierna el territorio donde funcionan esas instituciones.
Morán hizo uso de sus atribuciones y colocó un plazo a Vialidad Nacional. Su decisión cautelar, además, no constituye todavía una sentencia definitiva sobre el fondo.
Ahora corresponde que Nación cumpla lo que determine la Justicia.
Pero también corresponde que los formoseños pregunten:
¿quién pone plazos al poder provincial?
¿Quién obliga?
¿Quién intima?
¿Quién investiga?
¿Quién controla?
¿Quién dicta cautelares cuando corresponden?
Porque si el argumento es la seguridad vial, debe valer siempre.
Si el argumento es la vida, debe valer para todos.
Y si el argumento es la obligación estatal,no puede cambiar dependiendo de si el responsable político está en la Casa Rosada o en la Casa de Gobierno de Formosa.
QUE NACIÓN ARREGLE SUS RUTAS. QUE FORMOSA ARREGLE LAS SUYAS. Y QUE LA JUSTICIA Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL UTILICEN LA MISMA VARA FRENTE A TODOS.
Porque, como resume el planteo de Fernández Acosta:
UN POZO PROVINCIAL MATA IGUAL QUE UNO NACIONAL.
Y la frase final deja planteado el verdadero problema:
LOS POZOS DE LAS RUTAS SE RELLENAN CON ASFALTO. LOS POZOS INSTITUCIONALES, CON INDEPENDENCIA.
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