Desalojo Mercadito: "No nos dejaron ni siquiera un acta, no nos dejaron ni siquiera sacar una foto de lo que estaban llevando, no dejaron ni siquiera que firmemos lo que ellos estaban sacando"

El fuerte operativo realizado días atrás en el sector del Mercadito de Formosa no solo afectó a los tres comedores que fueron clausurados y cuyos elementos resultaron secuestrados. Asimismo, detrás de esos locales existen familias que residen en el lugar desde hace décadas, las cuales expresaron su profunda preocupación respecto de su permanencia en el inmueble.

Adriana Estigarrivia es nieta de una de las mujeres que habita allí y, en diálogo con Radio Uno, detalló que su abuela tiene 81 años, es viuda de un ex empleado ferroviario y posee la ocupación del lugar desde hace 37 años.

"Mi abuela vive en el lugar, exactamente. Ella tiene la posesión hace 37 años", explicó Adriana. Por consiguiente, señaló que la familia se encuentra tramitando la regularización dominial ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado a través del programa PROBIEN.

No obstante, la mujer sostuvo que el procedimiento del martes generó un motivo especial de alarma debido a las características del despliegue y a la delicada salud de su abuela, quien padece dificultades motrices y visuales tras haber sufrido dos ACV, el último de ellos en 2022.

"Acá vive una señora de 81 años, solamente con mi tío, y la cantidad de policías que había era como si fuera que había un narcotraficante, o hubo una muerte", manifestó al describir la magnitud del operativo.

"Es una constante incertidumbre"

A raíz de esto, Adriana aseguró que la situación causa un constante temor, puesto que, más allá del conflicto comercial y judicial, hay una familia habitando la propiedad.

"Nosotros estamos con una constante incertidumbre. Yo me quedé ayer todo el día, venimos y nos quedamos con ella", contó. En consecuencia, debido a que su abuela presenta problemas severos de movilidad y de visión, sus allegados temen que las intervenciones en el sector afecten de manera permanente su acceso y su vida cotidiana.

Por otra parte, la nieta cuestionó que durante la medida judicial se hayan retirado bienes que excedían lo estrictamente relacionado con la actividad de los locales gastronómicos.

"Secuestraron hasta los ventiladores de techo que teníamos nosotros acá, llevaron ventiladores de pie, llevaron modulares que había en un depósito", afirmó. De igual modo, sostuvo que la oficial de justicia ingresó a sectores utilizados exclusivamente como depósitos para retirar objetos no comprendidos dentro de la orden.

En este contexto, el enfrentamiento por los locales no es reciente. De acuerdo con el relato de Adriana, el pasado 6 de mayo ya se había realizado un procedimiento de constatación, por lo que, desde esa fecha, el comedor La Familia permanecía cerrado.

Adicionalmente, la familia cuestiona la situación jurídica de los terrenos. Adriana indicó que realizó pedidos de acceso a la información pública para esclarecer el estado del predio, advirtiendo una contradicción entre lo argumentado por la Municipalidad y las respuestas de organismos nacionales.

Por un lado, una notificación municipal señala que el inmueble pertenece al Estado Nacional y que el municipio mantendría la tenencia y custodia mediante un convenio. Por otro lado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado habría comunicado que cualquier autorización debe tramitarse directamente ante el organismo nacional competente.

En virtud de estas discrepancias, la familia expresó sus sospechas sobre versiones que apuntan a un eventual proyecto gastronómico en la zona.

"Comenzaron a difundirse públicamente informaciones de que estos lugares serían desalojados para posteriormente realizar un paseo gastronómico", señaló Adriana. Pese a ello, remarcó que para la familia un control por cuestiones sanitarias difiere completamente de un proyecto de reestructuración previamente definido.

Sin acta y sin saber dónde están los elementos

En cuanto al retiro de las pertenencias, otro de los aspectos denunciados fue la falta de transparencia del procedimiento. Adriana aseveró que, al finalizar el inventario, no les entregaron ninguna documentación ni les permitieron registrar fotográficamente el cargamento.

"No nos dejaron ni siquiera un acta, no nos dejaron ni siquiera sacar una foto de lo que estaban llevando, no dejaron ni siquiera que firmemos lo que ellos estaban sacando", afirmó.

Y agregó: "Nosotros no sabemos ni siquiera dónde están las cosas".

Por ende, mientras la disputa continúa su curso en los tribunales, la familia remarca que su principal foco de angustia trasciende la actividad comercial: la prioridad absoluta es resguardar la tranquilidad de una mujer de 81 años que reside en el predio desde hace casi cuatro décadas y que ha quedado en medio de un litigio judicial aún sin resolución.