UNaF: el Rectorado convocó al Consejo Superior fuera del Campus e incumple una orden judicial

El conflicto político e institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) suma un nuevo y alarmante capítulo que pone al descubierto las recurrentes prácticas de concentración de poder y opacidad que caracterizan a la actual conducción del Rectorado. La polémica estalló tras la oficialización de la Resolución Rectoral N.º 0967/26, mediante la cual se formalizó la convocatoria a los miembros del Consejo Superior para sesionar en un recinto cerrado de la sede administrativa ubicada sobre la calle Don Bosco 1082.

La decisión encendió de inmediato las alarmas en diversos estamentos de la comunidad académica, dado que la medida judicial emitida por el Juzgado Federal —instancia que ordenó llevar a cabo dicha asamblea— dispuso de manera taxativa que el encuentro debía realizarse dentro de los límites del Campus Universitario.

La firma de esta nueva disposición por parte del Poder Ejecutivo de la casa de altos estudios no representa un hecho aislado, sino que se enmarca en una preocupante dinámica de discrecionalidad. La determinación de trasladar un debate de máxima trascendencia institucional a una dependencia privada distorsiona el principio de publicidad de los actos de gobierno y afecta la transparencia indispensable que debe regir en las instituciones públicas. Este accionar vuelve a poner en entredicho el compromiso de las autoridades universitarias con el estado de derecho y la sujeción a las decisiones emanadas del Poder Judicial de la Nación.

Cuestionamientos por la infraestructura, logística y seguridad

Más allá de la gravedad que reviste desatender un mandato judicial, la fijación de la sede en el inmueble de la calle Don Bosco vuelve a poner sobre la mesa serios cuestionamientos en materia de logística, capacidad edilicia y seguridad física para los participantes. La UNaF dispone en su predio central de infraestructura pública plenamente habilitada y acondicionada para albergar deliberaciones de esta magnitud. Recintos emblemáticos como el Microcine universitario o la Sala de Rectores cuentan con el aforo necesario, la ventilación reglamentaria, accesibilidad universal y vías de evacuación diseñadas bajo estrictas normas de prevención de riesgos.

En contraposición, el espacio elegido dentro de las instalaciones privadas de la gestión cuenta con una dimensión notoriamente reducida que dista de cumplir con los requisitos mínimos de un ámbito de gobierno democrático. Pretender amontonar en esa oficina a un cuerpo de entre 30 y 35 personas —sumando consejeros, taquígrafos, personal técnico, guardia de seguridad y observadores— no solo atenta contra las condiciones básicas de trabajo e higiene, sino que configura un riesgo latente al carecer de accesos expeditos ante cualquier contingencia.

Desde los sectores afines al Rectorado se ha intentado justificar la mudanza del Consejo Superior bajo la premisa de prevenir eventuales desbordes o episodios de violencia en el predio central. Sin embargo, dicha narrativa pierde todo sustento al analizar la secuencia de hechos recientes: las últimas asambleas y reuniones de trabajo vinculadas al desarrollo institucional de la UNaF se llevaron a cabo en un clima de pacífica convivencia, sin que se hayan registrado incidentes ni alteraciones del orden que ameriten desobedecer la localización geográfica dispuesta por la magistratura.

Al respecto, un representante de los sectores críticos a la gestión rectoral profundizó sobre la falta de argumentos válidos que respalden el actuar del máximo directivo de la institución:

"Si la orden judicial fue que la sesión se realizara en el ámbito del Campus, cualquier decisión de trasladarla a otro lugar merece una explicación clara y fundada. De lo contrario, podría abrirse un serio debate sobre si la convocatoria respeta o no el alcance de lo dispuesto por el Juzgado Federal. La transparencia también se demuestra cumpliendo las resoluciones judiciales en sus propios términos, no reinterpretándolas según la conveniencia del momento."

Desgaste institucional y el reclamo de la comunidad académica

La persistencia en este tipo de maniobras administrativas lesiona el normal funcionamiento de los órganos colegiados y consolida un clima de sospecha permanente sobre la toma de decisiones en la UNaF. Para los estamentos de docentes, estudiantes, no docentes y graduados, torcer arbitrariamente las resoluciones de la Justicia Federal erosiona la institucionalidad universitaria y rebaja la jerarquía democrática del Consejo Superior, transformando lo que debería ser una jornada de debate pleno en un acto a puertas cerradas y carente de escrutinio público.

Sobre esta situación, un docente participante activo de los reclamos por la regularización de la universidad exteriorizó la preocupación que recorre las aulas y pasillos del claustro:

"¿Por qué no sesionar en el Campus, como habría dispuesto la Justicia? ¿Qué intentan evitar? La comunidad universitaria merece respuestas, no improvisaciones ni convocatorias que generan más dudas que certezas."

El horizonte político en la Universidad Nacional de Formosa queda así planteado en términos de profunda gravedad. Mientras la conducción actual insiste en encerrar la gobernanza institucional en un ámbito privado y bajo su control directo, los diferentes estamentos exigen la rectificación inmediata del lugar de sesión. La demanda unánime exige retornar al Campus Universitario para asegurar las garantías de seguridad, el libre acceso a la información y el acatamiento irrestrito a los fallos de la Justicia.