Greenpeace denunció la pérdida de más de 40 mil hectáreas de bosques en el norte argentino en el primer semestre del año
La organización ecologista detectó que la superficie desmontada en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco equivale a dos veces la Ciudad de Buenos Aires, por lo que volvió a exigir la penalización penal para frenar la destrucción ambiental.

Greenpeace detectó que, en los primeros seis meses del año, en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco se desmontaron 40.862 hectáreas, una superficie equivalente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires. Ante este escenario, la organización ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques como medida indispensable para frenar el avance sobre los ecosistemas nativos.
El relevamiento de la organización ambientalista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2026 la deforestación alcanzó las 20.727 hectáreas en Santiago del Estero, 11.960 en Salta, 4.375 en Formosa y 3.800 en Chaco.
"Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado. Aún más grave, el gobierno de Sáenz está por autorizar muchos más desmontes, mientras sigue sin recomponer el grave daño ambiental que está provocando un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo", advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Ineficiencia de las multas y complicidad estatal
Desde la entidad advirtieron que los esquemas de sanción vigentes resultan insuficientes para frenar el desmonte en la región, remarcando que el sector productivo suele asumir las sanciones monetarias dentro de sus esquemas operativos o apelar las decisiones en los tribunales para evitar el desembolso.
"Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen trabas judiciales para no pagarlas. Además, hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido. Mientras el gobierno nacional recorta cada vez más los fondos para la conservación y promueve la modificación de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego", afirmó Giardini.
La situación resulta contradictoria con los acuerdos internacionales asumidos por el país. Argentina mantiene altos índices de deforestación a pesar de haber firmado, en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.
Impacto socioambiental e impunidad
El impacto de estas intervenciones territoriales supera la pérdida de vegetación, generando secuelas permanentes en las comunidades locales y la biodiversidad regional.
"La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques", señaló el integrante de Greenpeace.
Frente a la gravedad institucional y ambiental expuesta en su informe, la organización convoca a la ciudadanía a sumarse al reclamo por la protección de los bosques a través de su plataforma oficial en greenpeace.org.ar.









