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Miércoles 11 de Noviembre
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Villaggi:"Lo único que se publica es el cuadro tarifario final, pero no se informa cómo se compone cada uno de los rubros que integran el costo total del servicio"

La diputada provincial denunció que el componente local de la factura aumentó un 222% entre 2024 y junio de 2026, superando ampliamente el incremento del costo nacional de la energía. Advirtió que recurrirá a la Justicia si no obtiene respuestas.

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La diputada provincial Agostina Villaggi presentó una nota formal ante el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) para solicitar información detallada sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente específico de la tarifa eléctrica que percibe la empresa REFSA por la prestación del servicio en la provincia.

Según explicó la legisladora, el pedido surge tras un riguroso análisis de la evolución de los cuadros tarifarios desde 2024 hasta la actualidad. De acuerdo con los datos relevados por su equipo de trabajo, el VAD registró un incremento del 222% en ese período, mientras que el costo de la energía eléctrica, determinado a nivel nacional, aumentó un 118%.

"Queremos que se blanquee ese valor porque en la factura no está discriminado cuánto corresponde al costo de la energía y cuánto al VAD. Lo que se muestra es un precio unificado que no permite conocer con claridad cómo se compone la tarifa", sostuvo Villaggi.

La diputada afirmó que, según los cálculos realizados por su equipo técnico, de cada 100 pesos abonados por los usuarios en concepto de energía eléctrica, alrededor de 60 pesos corresponderían al VAD. Por ese motivo, consideró urgente y necesario que REFSA y el organismo regulador informen de manera precisa cuál es la participación real de cada componente dentro de la factura final que llega a los hogares.

Cuestionamientos a las facturas y sospechas sobre la composición de REFSA

Durante la entrevista, Villaggi también cuestionó con dureza la información que actualmente figura impresa en las boletas de energía, donde se atribuyen la totalidad de los incrementos tarifarios a decisiones exclusivas del Gobierno nacional. En ese sentido, señaló que existe una clara falta de transparencia respecto de los costos propios de la distribuidora provincial y que se intenta desviar la atención de los aumentos locales.

En otro orden, la legisladora planteó serios interrogantes sobre la composición accionaria de REFSA. Al respecto, recordó que en distintas oportunidades solicitó información detallada sobre quiénes son los accionistas privados de la empresa de servicios públicos, sin haber obtenido respuestas oficiales hasta la fecha.

Asimismo, criticó el funcionamiento actual del ente regulador y sostuvo que la legislación provincial vigente establece mecanismos obligatorios de información y participación ciudadana previos a cualquier tipo de modificación en las tarifas.

"Lo único que se publica es el cuadro tarifario final, pero no se informa cómo se compone cada uno de los rubros que integran el costo total del servicio", afirmó la diputada.

El sustento legal, los plazos y el reclamo por los subsidios locales

La legisladora remarcó que tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial garantizan de forma explícita el derecho de acceso a la información pública, por lo que consideró que el EROSP tiene la obligación legal e institucional de brindar todos los datos requeridos.

En cuanto a los pasos a seguir dentro de su estrategia, la diputada explicó que el organismo dispone de diez días hábiles para responder formalmente al pedido de informes. En caso de no obtener una contestación en los plazos legales, adelantó que presentará una reiteración formal. De persistir el silencio administrativo por parte del ente, advirtió que recurrirá a una acción de mandamus ante el Superior Tribunal de Justicia para exigir judicialmente la entrega de la documentación de manera inmediata.

Finalmente, Villaggi también reclamó precisiones urgentes sobre el denominado "esfuerzo formoseño", el esquema de subsidios que el Gobierno provincial aplica sobre el VAD. Según señaló, actualmente la sociedad no conoce qué porcentaje de usuarios recibe efectivamente ese beneficio ni cuál es el impacto real y concreto de dicho descuento sobre la tarifa final que pagan los consumidores.

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