BASUALDO DENUNCIÓ UNA "PERSECUCIÓN POLÍTICA" Y ACUSÓ AL GOBIERNO DE INSFRÁN DE UTILIZAR EL APARATO ESTATAL PARA HOSTIGAR A LA OPOSICIÓN

Las declaraciones del legislador de La Libertad Avanza volvieron a poner en el centro del debate el uso de los organismos del Estado y del sistema judicial provincial en causas que involucran a referentes enfrentados al gobierno de Gildo Insfrán, una situación denunciada en reiteradas oportunidades por distintos sectores de la oposición formoseña.

"Esto viene desde que me aparté del gildismo. Insfrán está detrás de esto"

Basualdo rechazó de manera categórica cualquier acusación de estafa y sostuvo que la operación cuestionada fue realizada de forma legal, transparente y con toda la documentación correspondiente.

"Todo se hizo con escritura pública y documentación en regla. No se estafó a nadie", afirmó.

Según explicó, la compra se concretó entre los años 2021 y 2022 junto a otro inversor, mediante la adquisición de derechos sobre dos parcelas de 500 hectáreas pertenecientes a integrantes de la familia Paz.

El diputado detalló que la operación fue formalizada ante escribano público y contó con la firma de los vendedores y sus respectivos cónyuges, precisamente para evitar futuros cuestionamientos sobre la validez de la transacción.

"Se hizo todo por escritura pública para garantizarme también yo el día de mañana que no me jodan", manifestó.

Basualdo indicó además que tomó posesión efectiva del predio hace varios años y realizó inversiones vinculadas a la actividad ganadera, incluyendo alambrados y mejoras de infraestructura rural.

Una denuncia que llega años después

Uno de los aspectos que más llamó la atención del legislador es que la denuncia apareció varios años después de concretada la operación.

Por ese motivo, apuntó directamente contra el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la provincia y contra las actuales autoridades del organismo.

"La provincia, a través de la titular hoy de Tierras, es la que impulsa la denuncia para abrirme otra causa", denunció.

Para Basualdo, el objetivo no es esclarecer una situación jurídica sino construir una herramienta de desgaste político contra quienes cuestionan al oficialismo provincial.

"Lo que buscan es desacreditarme, ponerme ante la sociedad y descalificarme", sostuvo.

Las declaraciones reavivan una discusión que atraviesa desde hace años la vida institucional de Formosa: las denuncias sobre la utilización de organismos estatales, estructuras administrativas y resortes judiciales para disciplinar o condicionar a dirigentes opositores.

"Que vengan a buscarme"

Lejos de mostrarse preocupado por la causa, Basualdo adoptó un tono desafiante y aseguró que ya presentó toda la documentación requerida ante la Justicia.

"Que vengan a buscarme. Tengo todo en regla y no tengo nada que esconder", expresó.

El legislador insistió en que la causa forma parte de una estrategia destinada a perseguir políticamente a quienes abandonan el oficialismo o enfrentan al poder provincial.

"Esto viene desde que me aparté del gildismo. Insfrán está detrás de esto", afirmó.

El debate sobre la calidad institucional

Más allá de la situación particular del expediente, las declaraciones de Basualdo vuelven a exponer cuestionamientos sobre la independencia de los organismos públicos y el funcionamiento de las instituciones provinciales.

Desde distintos sectores opositores sostienen que existe una preocupante coincidencia entre las investigaciones judiciales y los intereses políticos del oficialismo, especialmente cuando los denunciados son referentes que desafían al poder provincial.

En ese contexto, el diputado nacional advirtió que la causa en su contra forma parte de un mecanismo destinado a generar temor y disciplinamiento político.

La reelección de Insfrán y la expectativa por la Corte Suprema

Durante la entrevista, Basualdo también se refirió al escenario electoral y volvió a cuestionar una eventual nueva candidatura del gobernador Gildo Insfrán.

Según sostuvo, la discusión sobre las reelecciones indefinidas aún no está cerrada y podría volver a ser analizada por la Corte Suprema de Justicia una vez oficializadas las candidaturas para los próximos comicios provinciales.

"La Corte ya dijo que la reelección no va más", aseguró.

Para el legislador libertario, una nueva postulación del mandatario provincial podría abrir un nuevo frente judicial y reactivar el debate sobre los límites constitucionales a la permanencia en el poder.

Mientras tanto, la denuncia por las tierras de Pozo del Tigre se suma a una larga lista de conflictos políticos y judiciales que mantienen enfrentado al oficialismo provincial con dirigentes opositores, en una provincia donde las acusaciones de persecución política y utilización partidaria de las instituciones continúan alimentando la controversia pública.