Formosa:la protección y el repudio oficial parecen depender de la pertenencia partidaria de la víctima

En distintas provincias de Argentina, dirigentes opositores vienen denunciando episodios de hostigamiento, agresiones y amenazas que reflejan un clima político cada vez más áspero. Formosa se ha consolidado como uno de los escenarios más preocupantes, donde este tipo de situaciones han dejado de ser hechos aislados para convertirse en una dinámica recurrente en los últimos años.

Uno de los episodios más graves ocurrió en 2025, cuando la diputada provincial Agostina Villaggi fue atacada por una patota mientras realizaba una recorrida política en el barrio Lote 111 de la capital formoseña. Mientras participaba de una actividad comunitaria, un grupo de personas comenzó a insultarla y arrojarle barro.

La violencia escaló rápidamente: la legisladora fue tomada del cuello, empujada y derribada al suelo. Las imágenes del ataque, registradas por testigos, mostraron la vulnerabilidad de la dirigente en medio de una agresión física directa que generó una fuerte repercusión nacional.

El sesgo en la protección de derechos

Sin embargo, lo que ocurrió tras el ataque a Villaggi despertó profundos cuestionamientos sobre el rol de las instituciones. En una provincia que cuenta con organismos estatales destinados específicamente a la protección de los derechos de las mujeres, prácticamente no hubo pronunciamientos contundentes frente a la agresión contra una funcionaria electa.

Desde el arco opositor denuncian que estos organismos se encuentran alineados políticamente con el oficialismo provincial, lo que condiciona su capacidad de respuesta. Según esta visión, la protección y el repudio oficial parecen depender de la pertenencia partidaria de la víctima, dejando desprotegidas a aquellas mujeres que ejercen la política desde la oposición.

La naturalización de la intolerancia

El caso de Villaggi no es único. Recientemente, la ex diputada Gabriela Neme denunció haber recibido amenazas de muerte directas contra su integridad física, lo que volvió a encender las alarmas sobre el nivel de hostilidad en la provincia. Al analizar estos hechos en conjunto —golpes, amenazas e intimidaciones— surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto se ha naturalizado la violencia política en determinados escenarios del país?

Los sistemas políticos que se prolongan durante décadas suelen generar una identificación peligrosa entre el partido gobernante y el Estado. Bajo esta lógica, el adversario deja de ser un competidor legítimo para ser visto como un enemigo del sistema.

El reciente ataque a Federico Pelli en Tucumán encendió una alarma federal, pero para los dirigentes formoseños, ese sonido no es nuevo. Es la confirmación de un clima donde el pensamiento diferente tiene un costo cada vez más alto y donde la violencia amenaza con institucionalizarse como una herramienta de disputa por el poder.