IPV:la revelación de nuevas contrataciones millonarias bajo modalidad directa profundiza el malestar social y la desconfianza pública

La publicación generó un fuerte impacto político porque proviene de un espacio comunicacional alineado históricamente con el Gobierno provincial. En la documentada publicación difundida se describen intervenciones reiteradas sobre las mismas unidades habitacionales, lo que alimentó denuncias de un presunto esquema sistemático de deterioro intencional seguido de reparaciones millonarias.

Radio Formosa ataca a Radio Parque, pero...

Mientras la emisora oficialista Radio Formosa intenta desacreditar a medios independientes como Radio Parque por visibilizar el caso de la abuela Dominga Liduvina Torres —quien denunció haber perdido su vivienda en circunstancias que involucran al IPV, a la Policía provincial y a la inacción judicial—, desde el propio ecosistema mediático oficial emergen ahora documentos que ponen el foco en presuntas maniobras irregulares dentro del organismo.

Según trabajadores del IPV que hicieron llegar información reservada, existiría un esquema repetido durante más de una década: viviendas que quedan sin mantenimiento hasta deteriorarse gravemente, para luego justificar nuevas intervenciones con presupuestos millonarios. "Reparan una y otra vez las mismas unidades", denuncian fuentes internas, que hablan de un "vaciamiento sistemático" de recursos destinados a los sectores más vulnerables.

Las críticas apuntan directamente a la conducción del organismo, encabezada por Marcelo Ugelli, y mencionan también a dirigentes vinculados políticamente a la estructura oficial.

Las acusaciones incluyen supuestos sobreprecios, falta de controles técnicos y la reiteración de contrataciones directas, un mecanismo excepcional que, según especialistas en administración pública, debería aplicarse con criterios estrictos de transparencia.

Los documentos difundidos detallan además gastos por "movimientos de suelo" y compra de materiales para enripiados cuya ejecución —según vecinos— no siempre resulta visible en territorio, lo que amplifica las sospechas sobre la trazabilidad del dinero público.

El dato que más conmoción genera es la estimación realizada por trabajadores del organismo: en más de diez años de gestión, el volumen de recursos presuntamente comprometidos equivaldría al valor de miles de viviendas. "Son miles de familias que podrían tener techo y siguen esperando", sostienen.

El escándalo reabre interrogantes centrales:
¿Cómo se adjudican estas obras?
¿Qué empresas participan?
¿Qué controles técnicos y financieros se aplican?
¿Cuál es el costo real por vivienda intervenida?
¿Cuál es el estado patrimonial actual del organismo?

En un contexto donde familias aseguran esperar una solución habitacional desde hace más de 30 años, mientras a Marcelo Sosa y a otros funcionarios adjudican dos vviendas sociales juntas, la revelación de nuevas contrataciones millonarias bajo modalidad directa profundiza el malestar social y la desconfianza pública.

La magnitud de las denuncias plantea la necesidad urgente de una auditoría independiente, exhaustiva y transparente que permita esclarecer el destino de los fondos y determinar responsabilidades.

Porque si los recursos destinados a garantizar un derecho básico terminan diluyéndose en circuitos opacos, el daño no es solo económico: es social, institucional y moral.