CASO CAÑIZA: LA CÁMARA FEDERAL ORDENÓ QUE SE INVESTIGUE LA DENUNCIA POR PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dejó sin efecto la decisión de apartar prematuramente a la Justicia Federal de la investigación contra el intendente de Clorinda, Jorge Ariel Alejandro Cañiza, y otras personas denunciadas. La resolución abre el camino para producir las pruebas necesarias y determinar si existen elementos que justifiquen la intervención del fuero federal.
La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia constituye un acontecimiento de significativa trascendencia institucional para Formosa.
La jueza de revisión, Dra. Rocío Alcalá, consideró prematura la decisión de la jueza federal de Garantías N.º 2, María Belén López Macé, de declinar la competencia federal en la causa iniciada a partir de una denuncia por presuntas maniobras de corrupción y lavado de activos que involucra al intendente de Clorinda, Jorge Ariel Alejandro Cañiza, junto con otros funcionarios y particulares.
La impugnación fue impulsada por representantes de la Unión Cívica Radical, con la intervención de los abogados Juan Sebastián Montoya y Juan Cruz Fernández.
Según los fundamentos de la resolución reseñados por los denunciantes, la presentación inicial describía de manera pormenorizada las maniobras sospechadas y, dado el estado incipiente de la investigación, correspondía producir las diligencias necesarias para corroborar o descartar la hipótesis de lavado de activos.
No se puede descartar la competencia federal sin investigar previamente los hechos que podrían justificarla. Una decisión que puede marcar un precedente
Durante años, distintas denuncias relacionadas con la administración de fondos públicos en Formosa han generado controversias sobre la actuación de los organismos de investigación y control.
El caso de Clorinda vuelve a colocar en el centro del debate una cuestión fundamental: cuando se denuncian posibles maniobras de corrupción y lavado de activos, la determinación de la competencia judicial debe estar precedida por una evaluación suficiente de los hechos y de las pruebas pertinentes.
El abogado Juan Sebastián Montoya expresó:
"Evitamos que esta causa caiga en manos de la justicia provincial. Se había declinado la competencia sin hacer una sola diligencia. La Cámara nos dio la razón y ordenó investigar. Ahora la justicia federal tiene que hacer lo que se había salteado, seguir el camino del dinero".
La declaración refleja la posición de los denunciantes, quienes consideran indispensable que se profundice la investigación antes de resolver definitivamente la cuestión de competencia.
Ahora corresponde seguir el camino del dinero
La resolución representa un nuevo escenario procesal. Los denunciantes anticiparon que impulsarán las medidas probatorias ya solicitadas, la preservación de documentación y la eventual intervención de organismos especializados en la investigación de operaciones de lavado de activos.
La Justicia deberá establecer si los hechos denunciados efectivamente ocurrieron, si presentan relevancia penal y si existen elementos que permitan atribuir responsabilidades individuales.
La decisión de la Cámara no constituye una condena ni demuestra por sí misma la existencia de lavado de activos. Pero sí impide que, en esta etapa, la investigación sea apartada del fuero federal sin las diligencias que el tribunal consideró necesarias.
El comienzo del fin de la corrupción en Formosa es, por ahora, una aspiración que deberá medirse con hechos: investigaciones serias, pruebas producidas, decisiones fundadas y responsabilidades establecidas conforme a derecho.
Porque cuando se trata del patrimonio público, la sociedad tiene derecho a exigir algo elemental: que las denuncias sean investigadas y que el destino del dinero pueda ser esclarecido.
