LA JURISPRUDENCIA DEL LAVADO DE DINERO Y EL DELITO PRECEDENTE PROBAR PARA CONDENAR E INVESTIGAR PARA PROBAR
La discusión sobre el denominado delito precedente en el lavado de activos no es nueva para la Justicia Federal argentina y existe jurisprudencia que permite poner algunas cosas en su lugar.
Para investigar un posible lavado de activosno se requiere necesariamente una sentencia condenatoria firme previa por el delito que habría generado los bienes de origen ilícito.
Lo que sí se requiere es una base objetiva que permita sostener razonablemente la existencia de una actividad delictiva precedente y su posible vinculación con los bienes investigados.
La jurisprudencia ha admitido expresamente que esa demostración puede construirse medianteindicios, sin necesidad de contar desde el comienzo con prueba directa y acabada del delito precedente.
En el caso Cañiza se revolearon comprobantes, la televisión nacional mostró facturas, monolitos que costaron millonadas de pesos, canchas deportivas que exceden ciento de veces su valor y por otra parte una construcción de tres plantas valuadas en ochocientos mil dólares perteneciente al Intendente Cañiza si eso no es para quien tenga que analizarlo una base objetiva que permita sostener razonablemente la existencia de una actividad delictiva precedente y su posible vinculación con los bienes investigados, bueno definitivamente estamos en el horno.
En la causaMadaho's, por ejemplo, la Cámara Federal sostuvo que la demostración del delito precedente no exige prueba directa ni sentencia condenatoria firme.
El criterio tampoco significa que cualquier sospecha alcance para abrir indefinidamente una investigación por lavado. Deben existirelementos objetivos, concordantes y susceptibles de comprobación. Precisamente para eso existe la investigación penal: para determinar si aquellos indicios iniciales pueden transformarse en prueba o, por el contrario, deben ser descartados.
En el conocido casoEsteban Alvarado, la investigación por lavado examinó adquisiciones de vehículos, inmuebles, movimientos de dinero y sociedades cuyo perfil patrimonial aparecía incompatible con determinadas operaciones, mientras se investigaba la procedencia ilícita de los activos. La Cámara Federal de Rosario confirmó oportunamente los procesamientos y el caso posteriormente llegó a juicio.
Trasladado este principio —y solamente este principio— al caso que actualmente se discute en Clorinda, la pregunta jurídica es inevitable:¿los elementos denunciados son insuficientes incluso para investigar o constituyen indicios que precisamente deben ser comprobados mediante una investigación?
Se denunciaron presuntos sobreprecios y determinadas contrataciones municipales; existen expedientes y rendiciones susceptibles de peritación; y se ha planteado además un supuesto incremento patrimonial cuya procedencia debería establecerse, como ya se expresara.
Nada de ello demuestra por sí mismo lavado de activos ni responsabilidad penal de persona alguna. Pero la cuestión jurídica es otra:¿debe exigirse que el delito precedente ya esté demostrado antes de investigar, o corresponde investigar precisamente para establecer si existió?La jurisprudencia argentina parece marcar una diferencia importante entreprobar para condenar e investigar para probar. Quizás convenga tenerla presente.
