Herrera: "Estamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada que vulnera de manera directa la Constitución Nacional y los pactos internacionales de Derechos Humanos"

El ejercicio del periodismo y la vigencia de las garantías normativas en el territorio provincial atraviesan una coyuntura de extrema tensión institucional. La controversia cobró escala tras la difusión de una medida sancionatoria adoptada por los estrados locales contra un equipo de trabajo del canal LN+ integrado por Micaela Urdinez, Lautaro Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán, quienes se encontraban realizando un relevamiento sobre la realidad socioeconómica de las comunidades originarias.

El foco del conflicto radica en la resolución emitida por el titular del Juzgado de Paz de Las Lomitas, Omar Padilla, quien impuso a los comunicadores la alternativa de cumplir cinco días de arresto efectivo o hacer frente al pago de multas de elevado monto económico. La fundamentación del magistrado descansa en la presunta falta de acreditaciones estatales y permisos locales habilitantes para la filmación y la realización de entrevistas en el espacio público. Esta decisión desató un fuerte rechazo en el ámbito político, siendo el exconcejal de la ciudad capital, Diego Herrera, uno de los dirigentes que se posicionó con mayor firmeza en el espacio público contra la medida.

Alerta institucional por el uso del fuero contravencional para censurar

Analizando los alcances jurídicos y el impacto de la resolución dentro del sistema democrático, Herrera ofreció una lectura crítica sobre el trasfondo de la disposición judicial. «Estamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada que vulnera de manera directa la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos», aseveró la exautoridad municipal. Asimismo, centró su análisis en la arbitrariedad de exigir credenciales gubernamentales para el desarrollo de tareas de investigación: «La exigencia de una supuesta ‘autorización previa’ o de un ‘carnet estatal’ para poder filmar o entrevistar en nuestra provincia es un delirio autoritario que busca reinstaurar la censura previa, algo totalmente desterrado de nuestra democracia», profundizó.

En ese sentido, Herrera remarcó la inviabilidad de supeditar el derecho a informar a condicionamientos de carácter contravencional, señalando que ningún código de faltas ni disposición municipal de rango inferior posee la atribución de cercenar preceptos establecidos en el ordenamiento supremo de la República Argentina. «Ninguna normativa local puede estar por encima del artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza la libertad de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. Condenar a trabajadores de prensa por buscar información es un golpe al corazón de las instituciones y un intento explícito de disciplinar a quienes se atreven a mostrar lo que el poder central quiere ocultar», enfatizó, alertando sobre el uso de herramientas administrativas para bloquear la cobertura en sectores vulnerables.

Cuestionamientos a la imparcialidad del juez y el derecho a la información

La actuación del magistrado Omar Padilla también se encuentra en el centro de las impugnaciones. Las críticas apuntan no solo al contenido formal de la sentencia, sino también a la filiación política del juez y a las circunstancias temporales de su incorporación al Poder Judicial, dado su antecedente como militante de la fuerza política gobernante y su designación en el cargo durante los primeros meses del año 2025. Bajo esa premisa, se cuestiona la objetividad e independencia de su estrado, señalando que la resolución adoptada responde más a una lógica de alineamiento con el Poder Ejecutivo provincial que al estricto apego a los principios rectores del derecho constitucional.

Para concluir, Herrera trasladó el eje del debate hacia la ciudadanía en su conjunto, sosteniendo que limitar el trabajo periodístico degrada la calidad democrática global y priva a la población de acceder a datos veraces sobre la gestión pública y el estado social del territorio. «La libertad de expresión no pertenece a los periodistas, pertenece a los ciudadanos que tienen el derecho de estar informados. Si permitimos que el Estado decida quién puede y quién no puede preguntar en Formosa, habremos entregado lo último que nos queda de democracia volviendo a las épocas oscuras de la dictadura», advirtió. El exconcejal culminó expresando su absoluta solidaridad con los profesionales afectados y reafirmó la necesidad de mantener un monitoreo permanente para evitar el afianzamiento de prácticas abusivas contra la labor informativa.