LE PREGUNTAMOS AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL SI CITÓ A LA SEÑORA FISCAL DE CLORINDA POR EL DICTAMEN DEL CASO CAÑIZA

En los últimos días quedó demostrado que la Procuración General de la provincia puede reaccionar rápidamente cuando toma conocimiento público de hechos que considera merecedores de atención.

Por eso queremos formularle respetuosamente una pregunta al señor Procurador General, Dr. Sergio Rolando López: ¿citó al fiscal N.º 1 de Clorinda, dra. gloria Elizabeth Gómez Mello, para que explique los fundamentos del dictamen mediante el cual solicitó la desestimación y archivo de la denuncia vinculada con la administración municipal de Clorinda?

La pregunta no es caprichosa. Este medio tuvo acceso al expediente y pudo conocer que la denuncia mencionaba presuntos sobreprecios, contrataciones, alquileres de vehículos y maquinarias, gastos de publicidad y otras erogaciones municipales cuya regularidad se cuestionaba.
Los denunciantes no solicitaban que nadie fuera condenado sin pruebas. Pedían que los hechos fueran investigados y ofrecían medidas destinadas precisamente a comprobar o descartar sus afirmaciones.

Sin embargo, la Fiscalía solicitó la desestimación y archivo. Entre sus fundamentos aparece que las rendiciones habían sido sometidas al tratamiento del Concejo Deliberante y que las cuestiones planteadas se desenvolverían dentro del ámbito administrativo y financiero municipal.
Posteriormente, la resolución judicial que acompañó ese criterio sostuvo también que las responsabilidades administrativas o financieras del intendente ya habían sido evaluadas por el Concejo Deliberante.

Y aquí aparece el interrogante jurídico que todavía espera una respuesta convincente: ¿desde cuándo la aprobación de una rendición de cuentas por un órgano político impide investigar si alguno de los hechos comprendidos en ella podría constituir un delito?
Son planos diferentes, como en notas anteriores lo hemos explicado. Una cosa es la responsabilidad política. Otra, la administrativa. Y otra muy distinta, la eventual responsabilidad penal.

Incluso la aprobación de un acto por un órgano legislativo no constituye necesariamente un obstáculo para una investigación judicial posterior. El conocido caso del Memorándum con Irán —salvando las enormes diferencias entre ambos asuntos— constituye un ejemplo nacional – como oportunamente se expresara-de que una aprobación legislativa no clausura por sí misma el análisis de eventuales responsabilidades penales individuales.

Por eso nuestra pregunta al Procurador General es concreta. La Ley Orgánica del Poder Judicial le reconoce facultades respecto de la actuación de los fiscales y expresamente le permite instarlos para que inicien o continúen las gestiones correspondientes a su función.

Entonces: ¿analizó la procuración general el dictamen de la fiscal de Clorinda? ¿le solicitó algún informe? ¿considera jurídicamente suficiente sostener que el tratamiento de las cuentas por el concejo deliberante justificaba no promover una investigación penal?

Y finalmente: ¿considera el procurador general que, ante una denuncia que individualiza presuntos sobreprecios y solicita medidas de prueba para comprobarlos, el camino correcto era investigar o archivar?

No estamos pidiendo que el Procurador condene anticipadamente al intendente Cañiza ni a funcionario alguno. Estamos preguntando algo mucho más elemental: si la procuración general considera necesario pedir explicaciones cuando un hecho de interés público llega a su conocimiento, ¿no merece también una explicación un dictamen fiscal que cerró la puerta a investigar hechos que habían adquirido repercusión provincial y nacional? Quizás el señor Procurador General ya pidió esas explicaciones. Si así fue, sería saludable conocerlas. Y si todavía no lo hizo, también sería interesante saber por qué.