Reforma Penal Juvenil: una nueva ley, pero el verdadero desafío está en su implementación
La Ley 27.801 puso en marcha en Argentina un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18. La reforma modificó sustancialmente el sistema anterior, pero abre ahora una discusión todavía más compleja: cómo transformar lo escrito en la ley en una política pública que funcione efectivamente.
Por Dr. Víctor Alejandro Giménez – Abogado
Argentina cuenta con un nuevo Régimen Penal Juvenil. La Ley 27.801 reemplazó el esquema anterior y estableció un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18.
La nueva normativa busca combinar la responsabilidad por los delitos cometidos con las garantías constitucionales propias de todo proceso penal y con objetivos específicos vinculados a la educación, resocialización e integración social del adolescente .
El nuevo régimen no se limita a la privación de la libertad como única respuesta frente al delito. También contempla medidas alternativas y complementarias y establece la necesidad de contar con operadores especializados. Su reglamentación incorporó, además, mecanismos de atención integral para las víctimas y dispuso herramientas de coordinación entre Nación y las distintas jurisdicciones.
La reforma plantea, entonces, un equilibrio particularmente complejo: la sociedad tiene derecho a la seguridad, las víctimas tienen derecho a obtener una respuesta efectiva del Estado y los adolescentes sometidos a un proceso penal conservan sus garantías constitucionales.
¿ALCANZA CON SANCIONAR UNA LEY?
Aquí comienza probablemente la discusión más importante.
Una reforma penal juvenil no puede evaluarse solamente por la edad de imputabilidad ni por la cantidad o severidad de las sanciones previstas.
La verdadera prueba comienza después de la sanción.
Para que una legislación de estas características pueda cumplir sus objetivos se necesitan juzgados y operadores especializados, profesionales capacitados, equipos interdisciplinarios, programas educativos, dispositivos de acompañamiento y reinserción e instituciones adecuadas .
La propia reglamentación reconoce esta necesidad: creó, entre otros instrumentos, un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y una Mesa Federal destinada a favorecer la coordinación entre Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin esas herramientas funcionando en la práctica, existe el riesgo de que una reforma ambiciosa termine encontrándose con las mismas dificultades estructurales que pretendía superar.
SEGURIDAD, PERO TAMBIÉN PREVENCIÓN
La sociedad demanda respuestas frente al delito y el Estado debe brindarlas.
Pero una política criminal juvenil no comienza cuando un adolescente ingresa a un tribunal.
También debe existir antes.
Educación, capacitación laboral, acompañamiento familiar, prevención de adicciones, inclusión social y oportunidades concretas de reinserción deberían formar parte de una política integral.
El desafío consiste precisamente en evitar dos extremos: que la edad sea utilizada como sinónimo de impunidad o que la respuesta frente al delito juvenil prescinda de las garantías propias del Estado de Derecho.
MEDIR PARA SABER SI FUNCIONA
Existe, además, otro aspecto que será decisivo: la información estadística .
No será suficiente anunciar que existe un nuevo régimen. Con el paso del tiempo habrá que determinar cuáles fueron sus resultados.
¿Cuántos adolescentes ingresaron al sistema? ¿Por qué delitos? ¿Qué medidas se aplicaron? ¿Cuántos reincidieron? ¿Qué ocurrió con quienes participaron de programas educativos y de reinserción?
La reglamentación asigna al Ministerio de Justicia la implementación y coordinación del régimen en el ámbito nacional y federal y establece que las intervenciones deben apoyarse en evidencia con el objetivo de reducir la reincidencia.
Los datos permitirán saber si las políticas implementadas cumplen esos objetivos o si necesitan ser corregidas.
NI IMPUNIDAD NI RESPUESTAS FUERA DEL ESTADO DE DERECHO
El debate sobre la responsabilidad penal juvenil suele quedar atrapado entre posiciones enfrentadas.
Sin embargo, existen principios que deberían poder convivir: la sociedad tiene derecho a vivir con seguridad; las víctimas tienen derecho a una respuesta efectiva; y los adolescentes sometidos a un proceso penal tienen derecho a ser juzgados con las garantías que establece la Constitución y dentro de un sistema especializado.
La Ley 27.801 ya está vigente. Incluso su implementación comenzó a producir modificaciones concretas en la organización judicial. El Ministerio Público Fiscal nacional, por ejemplo, adecuó su estructura ante la entrada en funcionamiento del nuevo régimen.
Ahora llega la etapa más difícil.
Porque desde el Estado se pueden sancionar leyes, anunciar reformas y modificar estructuras. Pero será en los tribunales, en los programas de prevención, en los dispositivos de reinserción y, fundamentalmente, en los resultados donde deberá demostrarse si la reforma penal juvenil funciona.
Dr. Víctor Alejandro Giménez – Abogado
NEA – Estudio Jurídico, Contable y Estadístico
"Más que números y leyes, información para decidir."
