ANALIZA UN CUERPO DE ABOGADOS AMPLIAR LA DENUNCIA AL CONCEJO DELIBERANTE DE CLORINDA
Tras conocerse los fundamentos utilizados para archivar una de las denuncias contra el intendente Ariel Cañiza, profesionales del derecho liderados por el prestigioso Dr. Juan Montoya, analizan si corresponde ampliar la presentación para que se investigue también la actuación individual de los concejales que aprobaron las rendiciones de cuentas cuestionadas.
El acceso a las actuaciones judiciales relacionadas con las denuncias formuladas contra el intendente de Clorinda, Ariel Cañiza, parece haber abierto un nuevo capítulo.Un grupo de abogados analiza ahora la posibilidad de ampliar la denuncia y solicitar que se determine cuál fue la actuación de cada uno de los concejales que aprobaron las rendiciones de cuentas municipales objeto de cuestionamientos públicos.
La cuestión adquiere relevancia porque uno de los argumentos utilizados para disponer el archivo fue precisamente que las responsabilidades administrativas o financieras vinculadas con esas rendiciones ya habían sido evaluadas por el Concejo Deliberante.
Pero ese razonamiento genera una nueva pregunta: ¿qué control realizaron los concejales antes de aprobar esas cuentas? La Ley Orgánica Municipal no convierte al Concejo Deliberante en un mero espectador. Entre sus atribuciones se encuentra examinar las cuentas de la administración comunal, y además le corresponde ejercer el control de gestión, para lo cual puede requerir información y acceder a las fuentes necesarias.
Por ello, si finalmente se concreta la ampliación, no debería partirse de la afirmación de que todos los concejales fueron cómplices de algún delito. Eso deberá probarse, en su caso, individualmente.
La investigación tendría otro objetivo: determinar qué documentación tuvieron a la vista, qué observaciones conocieron, qué explicaciones solicitaron, qué controles realizaron y por qué terminaron votando favorablemente las rendiciones cuestionadas.
El interrogante cobra todavía mayor dimensión frente a los presuntos sobreprecios que vienen siendo denunciados públicamente.
Uno de los ejemplos mencionados es la construcción de un monolito municipal cuyo costo habría ascendido a aproximadamente 48 millones de pesos, cifra que quienes formularon los cuestionamientos consideran absolutamente desproporcionada respecto de los materiales y trabajos que habría requerido la obra.
La cifra y la existencia del sobreprecio deberán ser comprobadas mediante documentación y pericias. Pero precisamente allí reside la cuestión.
