AL PARECER, EL PROCURADOR GENERAL MIDE LOS DELITOS CON DISTINTA VARA Y SEGÚN QUIÉN SEA EL INVOLUCRADO

Según trascendió públicamente, el abogado Agustín Dambra, quien intervino en defensa de integrantes de comunidades originarias detenidos en el oeste provincial, fue convocado por el Procurador General luego de realizar declaraciones periodísticas referidas a esos acontecimientos.

Hasta allí, ninguna objeción. Si el Ministerio Público toma conocimiento de hechos que eventualmente pudieran revestir relevancia penal y considera necesario convocar a quien públicamente los expone para obtener mayores precisiones, semejante actitud puede entenderse dentro de la preocupación institucional por determinar qué ocurrió.

Pero entonces aparece inevitablemente una pregunta:

¿Por qué no se actuó con idéntica diligencia cuando la exdirectora de Personas Jurídicas de la Provincia, Dra. Silvia Tarantini, formuló públicamente gravísimas acusaciones contra el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González?

No estamos hablando de comentarios anónimos ni de rumores de pasillo. Tarantini dio la cara públicamente y relató hechos que calificó como acoso sexual, presiones laborales y abuso de poder ocurridos, según sus manifestaciones, durante el desempeño de funciones públicas.

Sus declaraciones alcanzaron repercusión nacional y fueron recogidas por numerosos medios periodísticos.

Entonces reiteramos la pregunta al Procurador General:

¿Por qué ante las declaraciones públicas de un abogado relacionado con el conflicto de las comunidades originarias se consideró conveniente convocarlo para que brindara explicaciones y, en cambio, ante las manifestaciones públicas de una exfuncionaria provincial que involucraban directamente a un ministro del Poder Ejecutivo no conocemos que se haya procedido de idéntica manera?

Y existe una segunda cuestión que merece ser esclarecida.

Es verdad que determinadas conductas vinculadas con la integridad sexual poseen un régimen particular respecto de la instancia para su persecución penal. Pero ello no significa que cualquier relato efectuado por una persona deba ser jurídicamente encasillado, sin investigación alguna, exclusivamente dentro de esa categoría.

Las manifestaciones de Tarantini no se limitaron, según lo publicado, a denunciar insinuaciones de naturaleza sexual. También habló de presiones derivadas de relaciones jerárquicas, ofrecimientos vinculados con cargos públicos, condicionamientos laborales y otras circunstancias presuntamente ocurridas dentro de la Administración Pública.

Precisamente por ello correspondía, cuanto menos, determinar si del conjunto de los hechos relatados podía surgir alguna conducta eventualmente perseguible de oficio.

No estamos afirmando que el ministro González haya cometido delito alguno. Eso solamente puede establecerlo la Justicia mediante el debido proceso y garantizando plenamente su derecho de defensa.

Estamos formulando otra pregunta, mucho más sencilla:

¿Por qué aparentemente se aplicaron criterios diferentes ante dos situaciones que llegaron públicamente a conocimiento de las autoridades judiciales?

Si las declaraciones periodísticas pueden justificar que el Procurador General convoque a un abogado para ampliar lo manifestado públicamente, resulta legítimo preguntar por qué el mismo criterio no habría sido utilizado frente a una exfuncionaria que realizó acusaciones de semejante gravedad institucional contra un ministro provincial.

La Justicia no solamente debe ser imparcial. Sus actuaciones también deben permitir que la sociedad comprenda que idénticos criterios institucionales se aplican frente a situaciones equivalentes, independientemente de quién sea la persona involucrada.

Por eso la pregunta continúa vigente:

Señor Procurador General: ¿por qué Dambra sí y Tarantini no?

Quizás exista una explicación jurídica que desconocemos.

Si existe, sería saludable que se hiciera pública.

Porque cuando se trata del funcionamiento del Ministerio Público, la respuesta no interesa solamente a quienes protagonizaron estos episodios.

Le interesa a toda la sociedad formoseña.