EL CASO CAÑIZA Y SU LLAMATIVO PARALELISMO CON EL MEMORÁNDUM CON IRÁN
Este medio tuvo acceso a las resoluciones mediante las cuales se dispuso desestimar y archivar las denuncias formuladas contra el intendente de Clorinda
Uno de los argumentos utilizados merece particular atención: las rendiciones cuestionadas ya habían sido tratadas por el Concejo Deliberante. ¿Puede una aprobación política o administrativa impedir que posteriormente se investigue la posible existencia de delitos?
Finalmente pudimos acceder a los resolutorios que explican por qué la Justicia de Clorinda decidió no avanzar con las denuncias formuladas contra el intendente Ariel Cañiza. Los documentos permiten abandonar las especulaciones y analizar concretamente los fundamentos utilizados.
En una de las causas se habían denunciado presuntas irregularidades relacionadas con sobreprecios en compras y contrataciones municipales, alquileres de vehículos y maquinarias, gastos de publicidad, alquileres de inmuebles y modalidades de contratación, entre otras cuestiones.
La fiscal interviniente solicitó la desestimación y archivo y la jueza subrogante acompañó ese criterio. Entre los argumentos empleados aparece uno particularmente interesante: que las responsabilidades administrativas o financieras vinculadas con las rendiciones de cuentas ya habían sido evaluadas por el Concejo Deliberante.
¿LA APROBACIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE PUEDE CERRAR LAS PUERTAS DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL?
La respuesta merece analizarse con cuidado porque estamos hablando de controles jurídicamente diferentes. Una cosa es el tratamiento político y administrativo de una rendición de cuentas por el Concejo Deliberante; otra es el control externo que corresponde a los organismos competentes; y otra, completamente distinta, determinar si determinados hechos podrían configurar un delito. Un antecedente nacional permite comprender claramente esta diferencia, salvando, por supuesto, las enormes distancias existentes entre ambos casos.
EL MEMORÁNDUM CON IRÁN
El denominado Memorándum de Entendimiento con Irán fue aprobado por el Congreso de la Nación mediante la Ley 26.843, sancionada en febrero de 2013. Es decir: tuvo aprobación legislativa.
Sin embargo, aquella aprobación parlamentaria no impidió posteriormente la actuación de la Justicia. El Memorándum y la ley que lo aprobó fueron objeto de un proceso constitucional separado, y además se desarrolló otra causa penal originada en la denuncia del fiscal Alberto Nisman por un presunto encubrimiento relacionado con aquel acuerdo.
Esa causa penal continúa su trámite y deberá determinar judicialmente las eventuales responsabilidades de las personas acusadas, quienes conservan plenamente su estado de inocencia hasta que exista sentencia firme.
El ejemplo permite formular un principio sencillo: que un órgano legislativo apruebe un acto no significa, por ese solo hecho, que la justicia quede impedida de investigar si en los hechos que lo precedieron, acompañaron o ejecutaron pudo haber existido algún delito.
Volvamos entonces a Clorinda. Los denunciantes no estaban pidiendo una condena automática contra Cañiza. Estaban solicitando que se investigaran hechos que consideraban irregulares y habían pedido, entre otras medidas, el análisis de documentación municipal y la realización de pericias destinadas a establecer si los precios pagados se correspondían o no con los valores de mercado.
Por supuesto, una investigación también podría demostrar que no existieron sobreprecios, que las contrataciones fueron regulares y que no se cometió delito alguno. Pero justamente para eso existen las investigaciones.
Por eso resulta jurídicamente discutible confundir la aprobación o tratamiento de una rendición de cuentas con una conclusión acerca de la inexistencia de responsabilidad penal.
El caso del Memorándum con Irán, pese a sus enormes diferencias fácticas y jurídicas, deja una enseñanza perfectamente comprensible para cualquier ciudadano: el congreso puede aprobar. El concejo deliberante puede aprobar. pero si existe una denuncia sobre la posible comisión de delitos, la responsabilidad penal es una cuestión que corresponde determinar a la justicia. Y allí aparece la pregunta que seguramente continuará alimentando esta historia.
