Régimen penal juvenil: su financiamiento está atado al Presupuesto 2027

Con la firma del presidente  Javier Milei ,  el jefe de Gabinete  Diego Santilli y el ministro de Justicia,  Juan Bautista Mahiques, la semana pasada entró en vigencia en todo el país el  Régimen Penal Juvenil que prevé el tratamiento para los menores entre 14 y 18 años que cometen delitos. La nueva Ley,  27.801,  rige en todo el territorio excepto en la  provincia de Buenos Aires,  donde está suspendida por decisión de la jueza  Marta Elba Pascual  por 60 días.

El régimen, que se sancionó en marzo y se reglamentó el lunes 7 de septiembre, busca "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación,resocialización e integración social".

La ley prevé unpresupuestode$23.739.155.303,08.De ese total,$3.131.996.784,28los debe aportar elMinisterio de Justicia,a cargo de Mahiques.PERFILconsultó con voceros de la cartera e informaron que ese monto se deberá contemplar en laley de Presupuestoque se presenta este martes ante el Congreso. "Por el momento estamos trabajando con el presupuesto vigente", confiaron aPERFIL. El grueso del presupuesto previsto en la norma($20.607.158.518,80)lo debe aportar laDefensoría General de la Nación,a cargo interinamente deJulián Horacio Langevindesde febrero pasado, cuando Stella Maris Martínez dejó su puesto tras cumplir los 75 años.

Entre las novedades que incorpora está la figura del"supervisor"y la creación de unComité Interministerialintegrado por representantes de los ministerios deJusticia, Seguridad, Capital HumanoySalud.La ley prevé la aplicación de"penas alternativas"al encierro y ordena la formación especializada de los operadores en contacto con los adolescentes que cometen delitos.

¿Adónde se alojará a los adolescentes?

La ley prevé que una vez producida la detención de un adolescente y en caso de que sea"indispensable su encierro"se los alojará en"dependencias acondicionadas especialmente".La normaprohíbe que el encierro sea junto a personas mayores de edad.Sin embargo, el decreto reglamentario no prevé específicamente la construcción de espacios especiales para los adolescentes entre los 14 y los 18 años.

La Ley sí dispone que los procesos penales juveniles, el control de medidas y la ejecución de sanciones esté a cargo de jueces, fiscales, defensores y órganos con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.

La Defensoría General de la Nación designó aSilvia Santamaríay aMarcelo Helfrichpara ejercer la defensa técnica especializada de adolescentes de 14 y 15 años en el ámbito de la justicia nacional. Santamaría está a cargo de la Unidad de Defensa Penal Juvenil Nº1, que interviene desde el inicio de la investigación hasta la radicación de la causa ante el tribunal oral. En tanto, Helfich interviene durante las etapas de juicio, impugnación, ejecución y seguimiento de las medidas o sanciones que pudieran imponerse.

La ley prevé unpresupuestode$23.739.155.303,08.De ese total,$3.131.996.784,28los debe aportar elMinisterio de Justicia,a cargo de Mahiques. PERFIL consultó con voceros de la cartera e informaron que ese monto se deberá contemplar en laley de Presupuestoque se presentó este martes ante el Congreso. "Por el momento estamos trabajando con el presupuesto vigente", confiaron a PERFIL. El grueso del presupuesto previsto en la norma($20.607.158.518,80)lo debe aportar laDefensoría General de la Nación,a cargo interinamente deJulián Horacio Langevindesde febrero pasado, cuando Stella Maris Martínez dejó su puesto tras cumplir los 75 años.

Penas alternativas

La ley establece que si la pena es entre los tres y los 10 años de prisión y en tanto el delito no haya implicado la "muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o (...) no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite" con procesamiento dictado, el tribunal (...) con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y "habiendo escuchado a la víctima", podráreemplazar la pena privativa de la libertadpor:

a) Amonestación

b) Prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime corresponder o de relacionarse con determinadas personas;

c) Prohibición de conducción de vehículos, si el delito imputado se vincula con la conducción de vehículos motorizados de cualquier naturaleza

d) Prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales;

e) Prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine;

f) Prestación de servicios a la comunidad. La prestación de servicios a la comunidad consiste en la realización de tareas de interés social en entidades de asistencia, públicas o privadas sin fines de lucro como hospitales, escuelas, sociedades o fundaciones destinadas al bien común y con fines sociales u otros establecimientos similares (...).

g) Monitoreo electrónico.

h) Reparación integral del daño a la víctima;

Si el juez determina que el adolescente debe cumplir la privación de la libertad, las alternativas son que sea en sudomicilio;en uninstituto abiertoo en uninstituto especializadode detención. La ley remarca que quedaprohibida para los adolescentesalcanzados por la ley la reclusión oprisión perpetua.

La ley indica que "la detención se deberá orientar a la educación, formación, resocialización y reinserción social del adolescente, mediante la tutela de la dignidad humana".

Suspensión en la provincia de Buenos Aires y pedido de juicio político a la magistrada

Un día después de la entrada en vigencia de la ley, la juezaMarta Elba Pascualhizo lugar a un amparo presentado por los Hogares de Cristo, organización con una fuerte presencia territorial y vinculada al curaPepe Di Paolay dispuso la suspensión de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil durante60 díasen la provincia de Buenos Aires. Dicha decisión implicó fuertes críticas para la magistrada e incluso una serie de pedidos de juicio político, entre ellos del intendente de Mar del PlataGuillermo Montenegro.

Hernán Cerutti, titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, apeló la sentencia de Pascual, que recibió críticas también del ex presidente Mauricio Macri. Cerutti cuestionó que la decisión de Pascual "dispuso la suspensión general de una ley nacional regularmente sancionada, promulgada y entrada en vigencia, sin que se haya acreditado la existencia de un acto u omisión concreto, ilegal o arbitrario, además sin que hubiera un hábeas corpus que invocara que ella resolviera sobre el tema".