Frenan por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense ante la falta de infraestructura
Una jueza de Lomas de Zamora suspendió de forma preventiva la ley que bajaba la edad de imputabilidad tras hacer lugar a un habeas corpus colectivo. Sostuvo que el Estado no garantiza las condiciones necesarias para su aplicación.
Un revés judicial inesperado sacudió la implementación de una de las normativas más sensibles de la agenda política actual en territorio bonaerense. La Justicia ordenó suspender de manera preventiva y porel plazo de 60 díasla aplicación del flamanteRégimen Penal Juvenilen toda la provincia de Buenos Aires. La medida pone en pausa un sistema que había comenzado a regir recientemente, abriendo un fuerte cortocircuito institucional sobre lascondiciones reales de encierro y contenciónpara los menores de edad.
El fallo fue dictado por la magistradaMarta Elba Pascual,titular delJuzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2de Lomas de Zamora. La resolución se originó en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo que interpuso laFederación Familia Grande Hogar de Cristo, una organización que salió en defensa de los adolescentes que queden expuestos al sistema de encierro.
El núcleo de la decisión judicialcuestiona la viabilidadde la reforma impulsada a nivel nacional. En su escrito, la jueza sintetizóel dilemaal plantearse si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penalsin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables. Para la magistrada, avanzar con la normativa sin la infraestructura adecuadavulnera derechos fundamentales.
Para fundamentar la suspensión temporal, el tribunal se respaldó en el "principio precautorio" que rige en materia dederechos de niños, niñas y adolescentes. Bajo esta perspectiva, la magistrada advirtió que "no es necesario esperar a que el perjuicio consumado ocurra para intervenir", sino que correspondedictar medidas de resguardo preventivasfrente al riesgo inminente de colapso en los centros de alojamiento.
Durante el proceso, el fallo se basó en los informes brindados por autoridades del propioOrganismo Provincial de Niñez y Adolescencia. En distintas audiencias, los funcionarios expusieron un panorama crítico sobre la situación edilicia y de recursos humanos en los dispositivos vigentes, un diagnóstico que terminó porinclinar la balanza hacia la paralización temporal de la ley.
Los argumentos legales y el horizonte del conflicto
Para ponerle un freno a la normativa, la magistrada no anduvo con vueltas y respaldó su decisión en un peso pesado de legislaciones: desde laConstitución Nacional hasta laConvención sobre los Derechos del Niño. El fallo marcó que, bajo los estándares internacionales fijados por laONU,resulta inviableempujar a los menores a un sistema penal queni siquiera cumple con las garantías básicas de encierro.
Lejos de los extremos, la jueza señaló queel Estado camina sobre una línea muy fina.Por un lado, tiene la obligación innegociable degarantizar los derechos humanos de los jóvenes detenidos;pero al mismo tiempo, marcó que debe resguardar los intereses de la sociedad que, tarde o temprano,tendrá que volver a convivir con esos adolescentes una vez que cumplan sus penas.
Con este reloj de 60 días corriendo en contra, la presión pasó directamente a los despachos del poder político. Ahora, los funcionarios deberán abrir la billetera ypresentar un plan de inversión de emergenciasi pretenden destrabar la aplicación de un régimen punitivo que, por lo pronto, ya desató una verdadera tormenta institucional en el territorio más caliente del país.
