¿MEDICAMENTOS PARA LOS HOSPITALES O PARA LA MILITANCIA?: grave denuncia por reparto de remedios en una estructura política vinculada a Marcelo Sosa y Jorge Ibañez

Una denuncia difundida porAhora Litoralpone bajo sospecha un tema demasiado sensible para ser reducido a una pelea política:los medicamentos y la salud de los formoseños.

Según el medio, una vecina de Villa del Carmen denunció que personas vinculadas a la militancia de la agrupación17 de Octubre, que tiene entre sus referentes políticos al concejal Marcelo Sosa, recorrerían barrios mediante un programa denominado"Dr. Ramón Carrillo", relevando situaciones sanitarias de familias y entregando medicamentos.

La acusación es grave.

Pero lo verdaderamente urgente es determinarde dónde salen esos medicamentos, quién los administra, bajo qué controles se entregan y qué participación tienen médicos o farmacéuticos en el procedimiento.

Porque los remedios no son mercadería electoral.

Y mucho menos pueden convertirse en una herramienta de construcción territorial de una agrupación política.

Apenas días después de la inauguración de la UCPIM

La denuncia adquiere todavía mayor trascendencia por el momento en que aparece.

El pasado 1° de septiembre, el Gobierno provincial inauguró las obras de refacción y ampliación de laUnidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM), presentada oficialmente como una pieza fundamental del sistema sanitario formoseño.

Durante aquel acto, el ministro de Economía,Jorge Ibáñez, reivindicó el mecanismo centralizado de adquisición y distribución de medicamentos.

La premisa, explicó, era conseguir que los insumos medicinales llegaran"en tiempo y forma"tanto a María Cristina, en el extremo oeste provincial, como al Hospital de Alta Complejidad de la capital.

El mensaje político era contundente: un sistema centralizado, eficiente y capaz de garantizar medicamentos en todo el territorio.

Ahora aparece una denuncia que obliga a formular otra pregunta:

¿PUEDE EL GOBIERNO GARANTIZAR QUE NINGÚN MEDICAMENTO DEL SISTEMA PÚBLICO TERMINA EN MANOS DE ESTRUCTURAS PARTIDARIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL?

La respuesta debería ser inmediata y documentada.

¿De dónde salen los medicamentos?

Ésta es la primera pregunta que debe responderse antes de formular cualquier conclusión.

La denuncia difundida por Ahora Litoralno demuestra por sí sola que los medicamentos provengan de la UCPIM, ni permite afirmar, sin documentación adicional, que hayan sido financiados por el Estado provincial.

Por eso mismo resulta imprescindible establecer su trazabilidad.

¿Quién compró los fármacos?

¿Existe factura?

¿Quién los proveyó?

¿A nombre de quién fueron adquiridos?

¿Son medicamentos de venta libre o requieren receta?

¿Existe almacenamiento habilitado?

¿Quién controla vencimientos y condiciones de conservación?

¿Quién determina qué medicamento recibe cada persona?

Y, fundamentalmente:

¿hay profesionales sanitarios detrás de cada entrega o son militantes políticos quienes deciden qué remedios llegan a cada familia?

Los medicamentos no son una bolsita de mercadería

Si la denuncia se comprobara en los términos planteados, estaríamos frente a una práctica especialmente preocupante.

Un medicamentono puede tratarse como una bolsa de alimentos, una chapa, un colchón o cualquier otra asistencia social.

Tiene indicaciones, contraindicaciones, dosis, interacciones, condiciones de conservación y riesgos.

Por eso el problema no es solamente político.

Es sanitario.

Si personas sin capacitación profesional estuvieran entregando indiscriminadamente medicamentos que requieren prescripción o supervisión, las autoridades sanitarias deberían intervenir.

Y si, además, esos medicamentos fueran públicos, aparecería una segunda cuestión muchísimo más grave:

el posible aprovechamiento partidario de recursos sanitarios pertenecientes a todos los formoseños.

"Marcelo te lleva los remedios a tu casa"

La situación habilita una ironía inevitable frente a la construcción territorial que viene desarrollando Sosa:

¿AHORA TAMBIÉN FUNCIONA "MARCELO TE LLEVA LOS REMEDIOS A TU CASA"?

El concejal ya quedó en el centro de otras controversias por operativos territoriales realizados por su espacio político, presentados como acciones destinadas a solucionar problemas de los barrios.

Ahora la denuncia difundida por Ahora Litoral introduce un elemento infinitamente más delicado:medicamentos.

Si la agrupación 17 de Octubre desarrolla legítimamente un programa sanitario privado, financiado con recursos propios y bajo responsabilidad de profesionales habilitados, puede demostrarlo fácilmente.

Que informe quién lo financia.

Que identifique a los profesionales responsables.

Que explique dónde adquiere los medicamentos.

Que exhiba la documentación correspondiente.

Y que detalle qué protocolo utiliza para entregarlos.

La transparencia despejaría cualquier sospecha.

Ibáñez, Sosa y una relación política que también merece explicaciones

El programa adquiere además relevancia por la vinculación política de Sosa con sectores internos del oficialismo provincial relacionados con el ministro Jorge Ibáñez.

Desde sectores críticos se viene acusando a Ibáñez de respaldar política o materialmente la estructura territorial que despliega el concejal.

Hasta ahora,no corresponde presentar como un hecho probado que el ministro financie esas actividades si no existe documentación que lo acredite.

Pero ante la aparición de un programa que distribuye medicamentos, las preguntas sobre financiamiento dejan de ser menores.

¿Quién paga?

¿Quién compra?

¿Quién autoriza?

¿Hay recursos provinciales involucrados?

¿Existe alguna articulación formal con el Ministerio de Desarrollo Humano?

¿La UCPIM entrega medicamentos a este programa?

Son preguntas perfectamente comprobables.

Mientras tanto, desde María Cristina denunciaban: "Está todo vacío"

La controversia se vuelve todavía más incómoda al recordar lo ocurrido durante la propia inauguración de la UCPIM.

Ibáñez había utilizado como ejemplo de eficiencia territorial aMaría Cristina, asegurando que el objetivo era garantizar que los medicamentos llegaran allí en tiempo y forma igual que a los establecimientos sanitarios de la capital.

Sin embargo, horas antes, el referente wichíDavid Timoteo, en declaraciones a Radio Parque, describía una realidad completamente diferente.

Al referirse al centro sanitario de María Cristina aseguró:

"NO HAY NADA, ESTÁ TODO VACÍO".

Dos imágenes difíciles de reconciliar.

Por un lado, el Gobierno provincial presentando un sistema modelo de distribución sanitaria.

Por otro, habitantes del extremo oeste denunciando carencias.

Y ahora, en la capital, una vecina denunciando que militantes vinculados a una agrupación política estarían distribuyendo medicamentos por los barrios.

¿Salud pública o construcción política?

La gravedad del episodio exige evitar dos errores.

El primero seríacondenar sin pruebasy afirmar que los medicamentos son públicos cuando todavía debe acreditarse su procedencia.

El segundo sería exactamente el contrario:mirar para otro ladofrente a una denuncia que involucra medicamentos, militancia política y potenciales riesgos sanitarios.

Las autoridades tienen herramientas suficientes para despejar las dudas.

La UCPIM puede acreditar la trazabilidad de sus existencias.

El Ministerio de Desarrollo Humano puede informar si conoce o autoriza el programa.

La agrupación 17 de Octubre puede demostrar cómo obtiene los medicamentos.

Marcelo Sosa puede explicar qué responsabilidad tiene sobre el operativo.

Y Jorge Ibáñez puede aclarar si existe alguna participación, financiamiento o vínculo institucional con esa estructura.

LOS MEDICAMENTOS NO TIENEN PARTIDO POLÍTICO

La salud pública pertenece a todos.

Los medicamentos adquiridos con recursos estatales —si ese fuera el origen de los denunciados—no pertenecen al gobernador, a un ministro, a un concejal ni a una agrupación interna del PJ.

Mucho menos deberían servir para generar agradecimiento, dependencia o adhesión política.

Por eso la denuncia de Villa del Carmen no puede terminar simplemente en otro video viral.

Debe investigarse.

Hay que establecer el origen de cada medicamento, identificar quién autorizó su distribución y determinar bajo qué controles sanitarios se realiza.

Y si finalmente se comprobara que medicamentos públicos terminaron siendo distribuidos mediante una estructura político-partidaria, ya no estaríamos hablando simplemente de una polémica de campaña.

ESTARÍAMOS HABLANDO DE LA UTILIZACIÓN DE UN RECURSO SANITARIO DEL ESTADO PARA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA.

Y eso, en una provincia donde simultáneamente existen comunidades que denuncian centros sanitarios sin insumos, sería sencillamente inadmisible.