BREVE HISTORIA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA INFANCIA

En junio de 1919, el proyecto de Luis Agote quedará en la Ley 10.903; en la que se introducen criterios sobre la patria potestad, se crea el Patronato de Menores y se avanza en la definición y conceptualización del abandono. La misma expresa las contradicciones de la época pero significó un gran avance para ciertos sectores sociales resultándose "protegidos" por la ley. Para esta clase se ofrece como principal línea de asistencia la internación en reformatorios o institutos, ya sean estatales o de sociedades de beneficencias.

Prevé, además que los jueces ante quien compareciera un menor, acusado o víctima de un delito, disponga de él si se hallara moral o materialmente abandonado, entregándolo a una persona honesta, pariente o no, o a un reformatorio o dejándolo a sus padre bajo libertad reservada. Establece que el juez puede disponer del niño cuando se hallare abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta. La disposición implica estigmatización del niño. Se cosifica al niño: es un objeto del cual puede "disponerse".

" Patronato del Estado", Ley que fuera formulada en 1919 genera resultados perversos, aborda judicialmente problemas que son sociales y propenden a la institucionalización de niños en razón de su situación de pobreza "material o moral".

En el año 1954 se dicta la Ley 14394. Como consecuencia, quedan reglamentados los derechos de la familia y niñez que habían sido elevados a la categoría de garantía constitucional en la reforma de la Constitución del año 1949. El Poder Ejecutivo expone lo siguiente: "Es bien conocida la constante preocupación del gobierno de los problemas del niño, de quien ha predicado "es el único privilegiado de nuestra tierra".

La idea que priva en el proyecto, es la de sustraer a los niños del Código Penal, para ser sometido a un régimen especial, adecuado a las modalidades de cada uno. Entre sus objetivos figuraron la asistencia, educación, instrucción y formación completa, la protección de la madre, concurriendo a evitar la disolución del binomio madre/hijo y la integración y consolidación del grupo familiar.

La Ley Nacional 23849 de 1990 incorporada a la Constitución Nacional por el art.75 inciso 22 en el año 1994, consiste en crear y /o recrear una nueva institucionalidad política jurídica y administrativa que centre en el eje de las normas y programas sociales, por una parte en el fortalecimiento de la familia.

La Convención internacional por los Derechos del Niño no es un tratado más sobre los derechos de los niños; marca una ruptura filosófica y jurídica fundamental con las tradiciones tutelares y paternalista de la infancia, altera el derecho interno de nuestro país y constituye un punto de inflexión para el desarrollo del nuevo paradigma de la protección integral de derechos. Los niños dejan de ser considerados como objetos para pasar a ser reconocidos como sujetos de derechos, es decir como ciudadanos.

Este nuevo paradigma de la Convención revaloriza la familia y reconoce que la protección y el cuidado necesarios para el bienestar del niño son responsabilidad primaria de esta. El Estado respetando este derecho de los padres a la crianza de sus hijos debe concretar sus esfuerzos en crear las condiciones necesarias para que todos tengan acceso a un nivel de vida digno. Con tal fin debe proporcionar asistencia material y programas de apoyo; particularmente con respecto a la nutrición, educación, vivienda y el cuidado de los niños para posibilitarles cumplir adecuadamente con esa responsabilidad. (Art 18 y 27 de la Convención).