LA SOCIEDAD FORMOSEÑA ESTÁ CONVULSIONADA POR EL CASO IAN Y EL ASESOR DE MENORES BRILLA POR SU AUSENCIA
Como si se tratara del argumento de una dramática ficción judicial aunque lamentablemente estamos hablando de la vida real, en los tribunales de Familia de la ciudad de Formosa se desarrolla un caso que, por sus características y por encontrarse involucrado un niño de apenas 11 años, ha comenzado a conmover profundamente a distintos sectores de la sociedad formoseña.
La prensa independiente viene dando cuenta del padecimiento que atravesaría Ian, un niño que parece haber quedado atrapado como rehén involuntario de un interminable conflicto judicial entre adultos, sometido a decisiones, trámites, demoras y controversias que deberían ser absolutamente secundarios frente a un principio elemental: su interés superior y la protección integral de sus derechos.
Porque detrás de cada expediente de familia no hay solamente papeles, sellos, providencias y recursos. Hay personas. Y cuando quien se encuentra en el centro del conflicto es un niño, la obligación de todos los organismos judiciales intervinientes debe ser todavía más rigurosa, inmediata y efectiva.
Sin embargo, en medio de este cuadro aparece un interrogante que cada día resulta más difícil soslayar: ¿dónde está el Asesor de Menores de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. Jorge Padilla Tanco?
Su presencia institucional, al menos públicamente y frente a la gravedad que se atribuye al caso Ian, resulta difícil de advertir. Y precisamente el funcionario cuya misión esencial consiste en velar por los derechos e intereses de niños y adolescentes debería tener, ante situaciones de semejante sensibilidad, una intervención particularmente activa, visible y eficaz dentro del expediente.
No se trata de reclamar declaraciones mediáticas ni de convertir los procesos de familia en espectáculos públicos. Todo lo contrario. Se trata de exigir que las instituciones funcionen y que cada funcionario cumpla cabalmente la responsabilidad que el ordenamiento jurídico le ha confiado.
En los pasillos tribunalicios circulan desde hace tiempo severos cuestionamientos respecto del funcionamiento de la Asesoría y del desempeño de su titular. Se habla de ausencias, demoras y de una supuesta falta de atención adecuada de asuntos que involucran precisamente a quienes requieren la máxima protección del Estado.
Naturalmente, esos comentarios no pueden convertirse por sí solos en verdades acreditadas. Pero su reiteración, sumada a los interrogantes que genera un caso de tanta trascendencia como el de Ian, amerita cuanto menos una explicación y, si correspondiera, la intervención de los organismos encargados de controlar el desempeño de los funcionarios judiciales.
Porque aquí aparece una cuestión mucho más profunda que una persona o un expediente determinado.
¿Quién controla a quienes tienen la obligación de proteger a los niños?
¿Quién verifica que las intervenciones sean oportunas y eficaces? ¿Quién exige explicaciones cuando un menor permanece durante meses atrapado en una controversia judicial? ¿Quién responde cuando la maquinaria tribunalicia, concebida para protegerlo, termina convirtiéndose en una nueva fuente de angustia?
La Convención sobre los Derechos del Niño y nuestro ordenamiento jurídico no conciben al niño como un simple objeto de protección ni como una pieza dentro de una disputa entre mayores. Es un sujeto pleno de derechos, y su interés superior debe constituir una consideración primordial en toda decisión que lo afecte.
Por eso, cuando un niño de apenas 11 años queda en medio de una controversia judicial que adquiere semejante dimensión, el silencio institucional deja de ser una cuestión menor.
La sociedad tiene derecho a preguntar.
La prensa tiene derecho —y también la responsabilidad— de investigar.
Y los funcionarios públicos tienen el deber de explicar cómo están ejerciendo las competencias que el Estado les confió, especialmente cuando esas competencias tienen como destinatarios a los sectores más vulnerables.
Ian no necesita discursos. No necesita enfrentamientos institucionales ni una interminable batalla entre adultos. Necesita que sus derechos sean protegidos ahora.
Y si existe un funcionario especialmente llamado a velar por ellos, resulta legítimo preguntarse nuevamente:
¿Dónde está el Asesor de Menores?
Porque cuando se trata de proteger a un niño, llegar tarde institucionalmente también puede significar llegar demasiado tarde.
