Basualdo: "El trasfondo es no abonar nada y de una u otra forma decir "el Poder Judicial hace lo que quiere"

La obra en cuestión fue inaugurada por el secretario general del gremio a nivel nacional, Julio Piumato, en un marco de creciente tirantez entre la gestión municipal y el Poder Judicial provincial. Durante su exposición, el jefe comunal advirtió que esta resolución vulnera de manera directa la autonomía municipal y sienta un precedente riesgoso para la provincia.

De acuerdo con lo detallado por el mandatario, toda edificación radicada en el ejido urbano debe someterse formalmente a las revisiones de la Dirección de Obras Públicas y Privadas de la Municipalidad, área a cargo del arquitecto Miguel Fontana. No obstante, el sindicato avanzó con los trabajos omitiendo los requisitos de fiscalización establecidos por la normativa vigente.

"La verdad es que es una situación lamentable lo que ha sucedido, el intento del Poder Judicial de intervenir sobre facultades que son netamente del municipio y de esta manera haciendo un gran daño a la autonomía municipal", afirmó Basualdo.

Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad administrativa y civil que recae sobre el municipio en caso de fallas de infraestructura o siniestros en obras no fiscalizadas. "Tenemos que ser conscientes de que el día de mañana, si sucede algo en alguna obra o construcción, el principal responsable siempre es el municipio por una cuestión de que es quien autoriza la obra y va haciendo las supervisaciones necesarias", agregó.

Medida cautelar, denuncias por abuso de autoridad y un presunto conflicto de intereses

La disputa institucional alcanzó su punto crítico a partir de una medida cautelar innovativa dictada por la jueza Moca, la cual prohíbe al Ejecutivo municipal inspeccionar el inmueble, exigir documentación técnica o planos, cobrar tasas administrativas o aplicar clausuras preventivas.

"Lo que sucedió acá fue que el Poder Judicial entra a jugar en el medio y le prohíbe al municipio que controle una obra que está dentro del ejido municipal, que controle, que haga las licitaciones correspondientes, que habilite. Es como que todas las facultades que tiene el municipio trata de limitarlas", sostuvo el jefe comunal, señalando además un eventual conflicto de intereses por parte de la magistrada. "Es una actitud realmente lamentable por parte de la jueza Moca que busque de esta forma realizar una intervención encubierta sobre el municipio. Y claramente acá hay amiguismo entre lo que es el gremio judicial y los jueces, teniendo en cuenta que la jueza es una afiliada de ese gremio", acusó.

Sobre la secuencia de los hechos, Basualdo cuestionó el modo en que la entidad se presentó ante la administración local. "Todos esos pasos claramente ellos los han evadido, vinieron y comenzaron a construir. Y después llegó un momento donde se presentan al final de la obra a solicitarte la habilitación de algo que desde el comienzo nunca estuvo habilitado ni para construirse", repasó. Ante este escenario, la Asesoría Letrada comunal elabora acciones legales contra la magistrada por abuso de autoridad y prevaricato, buscando torcer el fallo en instancias superiores.

"Es una burla para todos los vecinos de Las Lomitas que vienen y cumplen con todas las normativas municipales, con todas las ordenanzas que rigen dentro del ejido municipal a la hora de construir o hacer alguna inversión, y de esta manera es como que los vecinos tienen que cumplir todas las obligaciones y el Poder Judicial está exento de todo", enfatizó.

Sospechas sobre el destino de los fondos y falta de transparencia tributaria

Desde el punto de vista del municipio, la resistencia a permitir los controles técnicos obedece al intento de eludir los cobros correspondientes a los derechos de construcción y tributos locales. "El trasfondo es no abonar nada y de una u otra forma decir "el Poder Judicial hace lo que quiere". El Poder Judicial se convierte en el principal evasor de impuestos, porque lo que buscan con todo esto es evadir los impuestos correspondientes que deben abonarlo por derecho de construcción", aseveró el intendente.

En esa misma línea, el jefe comunal puso en duda la transparencia en el manejo de las partidas destinadas al emprendimiento. "Normalmente cuando se presupuesta una obra ya vienen determinados los montos para ejecución de obra y también vienen destinados los montos para todo lo que son percepciones y pagos de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, ese dinero es como que en algún lado se quedó y es el dinero que hoy los pone en jaque a los del gremio judicial. Algo se oculta atrás de esa construcción, por eso no permiten que entren los arquitectos, los agrimensores y todo el equipo del municipio a realizar los controles pertinentes", expresó.

Para finalizar, Basualdo contrapuso el accionar de la entidad gremial con el de otros organismos e instituciones públicas que sí adecuaron sus proyectos a las normas locales, citando como ejemplo las obras encaradas por la Policía de la Provincia o constructoras de viviendas sociales. No obstante, recordó que existen disputas similares con la propia infraestructura del fuero judicial local. "Es una situación parecida a la que tenemos con el edificio donde hoy funciona la Tercera Circunscripción Judicial de Las Lomitas, donde han hecho exactamente lo mismo: buscar desprenderse de los controles y los pagos de impuestos correspondientes. Son expertos en evasión de impuestos", concluyó.