Decretan la quiebra de CARSA y finaliza la operación de Musimundo en el norte del país

La crisis de Musimundo ingresó en una etapa definitiva para una de las compañías que explotan la histórica cadena de electrodomésticos que, en sus años de esplendor, supo operar en casi toda la Argentina. La Justicia decretó la quiebra de CARSA, su operadora en el norte del país y parte de la provincia de Buenos Aires. Esta determinación se tomó debido a que el cierre de sucursales, los despidos y la consecuente falta de ingresos tornaron inviable su concurso preventivo.

La resolución fue dictada el 2 de septiembre de 2026 por Fernando Luis Lavenas, juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de la ciudad de Resistencia, en el Chaco, donde la sociedad tiene registrada su casa matriz. El magistrado revocó la apertura del concurso preventivo de acreedores que había autorizado el 17 de julio pasado; por consiguiente, ordenó la inmediata incautación de los bienes y documentos de CARSA y dispuso que, una vez firme la sentencia, comience la liquidación de sus activos.

El fallo se conoció luego del cierre de los locales que la empresa mantenía en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, sumado al fracaso de una operación mediante la cual pretendía transferir 45 sucursales. Ante la caída de esa alternativa, CARSA presentó un plan para reducirse a una estructura mínima dedicada principalmente a cobrar las cuotas de productos vendidos con anterioridad. Sin embargo, esa propuesta terminó acelerando la quiebra, ya que el juez consideró que la sociedad ya no tenía mercadería para reponer, establecimientos para operar ni ingresos comerciales que permitieran sostener una reestructuración.

Al respecto, el juez Lavenas sostuvo: "Han cerrado sus sucursales y la Empresa solo se reduce a una oficina de cobro de cuotas de mercaderías ya vendidas". A partir de ese diagnóstico, el magistrado concluyó: "En este momento no existe Empresa que sea objeto del concurso".

CARSA había solicitado la apertura de su segundo concurso preventivo en julio pasado, en medio de una crisis que incluía un pasivo declarado de $63. 503 millones y $1. 593, 4 millones correspondientes a cheques rechazados. La compañía presentó el procedimiento como una herramienta para preservar la continuidad operativa, conservar las fuentes laborales, proteger su patrimonio y negociar una reestructuración ordenada con los acreedores. En ese momento, el Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de Resistencia aceptó la apertura del expediente para permitir que la firma continuara administrando sus actividades bajo supervisión judicial mientras verificaba sus deudas y preparaba una propuesta de pago.

Sin embargo, durante las semanas siguientes se modificaron drásticamente las condiciones que habían sustentado esa resolución. La empresa cerró sucursales en las cuatro provincias del nordeste, despidió trabajadores y reconoció que no había podido concretar la transferencia de 45 locales aprobada anteriormente por su directorio. Tal operación debía generar el alivio patrimonial necesario para sostener la reestructuración; no obstante, CARSA informó que no pudo completarla por circunstancias financieras y de mercado sobrevinientes, aunque no identificó en la presentación judicial al interesado ni detalló las condiciones económicas de la negociación.

Sin ese ingreso, el directorio de la sociedad aprobó el pasado 26 de agosto, mediante el Acta Nº 695, un plan de adecuación urgente con el objetivo de eliminar la mayor parte de su estructura y conservar únicamente los recursos necesarios para gestionar el cobro de las ventas financiadas.

Un plan de recortes que aceleró el desenlace judicial

En ese momento, CARSA calculó que el cierre de establecimientos y la reducción de alquileres, salarios y gastos logísticos le permitirían ahorrar aproximadamente $1. 420 millones por mes. La empresa aseguró que esos recursos serían destinados prioritariamente al pago de las obligaciones esenciales y al sostenimiento de las actividades indispensables; asimismo, indicó que cualquier operación que excediera la administración ordinaria sería sometida a autorización judicial.

Por su parte, la sindicatura advirtió que el plan se concentraba en los gastos que la compañía pretendía eliminar y guardaba silencio sobre los ingresos necesarios para continuar. De hecho, CARSA no informó el monto de las cuotas que todavía debía cobrar por las ventas financiadas, el saldo de esa cartera, su distribución geográfica ni el cronograma previsto de ingresos, como tampoco detalló qué parte de esos créditos había sido transferida a fideicomisos financieros.

La falta de esa información resultaba decisiva porque las cobranzas eran presentadas como el único sostén del plan. Por este motivo, el juzgado señaló que parte de los créditos podía haber sido cedida a fideicomisos y, por lo tanto, no estaba acreditado que todos los fondos pendientes pertenecieran efectivamente a CARSA. En paralelo, la sociedad tampoco presentó un plan para pagar los créditos laborales reconocidos ni explicó cómo afrontaría las liquidaciones finales y las indemnizaciones correspondientes a los nuevos despidos.

En consecuencia, el fallo que decreta su quiebra agregó que la reducción de las operaciones no contemplaba la reposición de mercadería y que, por ende, la empresa dejaba de tener una operación comercial para concentrarse únicamente en cobrar cuotas originadas en negocios anteriores. Ante el deterioro de la compañía, la sindicatura solicitó una serie de medidas para preservar los bienes y controlar los fondos, requiriendo intimar a CARSA para que informara la composición completa de su cartera de ventas financiadas, diferenciara los créditos corrientes de los vencidos y detallara su participación en cada fideicomiso.

Además, reclamó un cronograma para pagar las obligaciones laborales junto a una explicación documentada sobre el origen de los recursos destinados a sostener el concurso. También propuso designar un veedor judicial para supervisar el circuito de cobranzas sin reemplazar formalmente a los administradores y ordenó que los actos que excedieran el funcionamiento cotidiano debían quedar sujetos a su conformidad y a la autorización del tribunal.

La sindicatura también solicitó inventariar los muebles, vehículos, computadoras, equipos y mercadería existentes en los establecimientos cerrados, además de reclamar copias de respaldo de los sistemas de stock y pedir que las cuotas cobradas en las sucursales fueran depositadas dentro de las 48 horas en una cuenta judicial, con rendiciones quincenales. El juez entendió que ese esquema de vigilancia contenía prácticamente todas las medidas propias de una quiebra y usó esa conclusión como uno de los elementos para revocar el concurso preventivo. Por ello, Lavenas afirmó en la resolución: "La sociedad no se encuentra en posibilidades de mantener, ni mucho menos llegar a un acuerdo exitoso del concurso preventivo".

El magistrado consideró además que los cierres, los despidos y la falta de recursos configuraban hechos reveladores del estado de cesación de pagos previsto por el artículo 79 de la Ley de Concursos y Quiebras. Por esta razón, la causa fue recaratulada como "CARSA S. A. s/ Quiebra" y, desde ese momento, el objetivo del proceso dejó de ser la recuperación de la compañía para pasar a ser la identificación, protección y futura liquidación de su patrimonio para pagarles a los acreedores.

El juzgado también decretó la inhibición general de CARSA para vender o gravar bienes registrables en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Buenos Aires. A su vez, ordenó que la sociedad y los terceros entreguen sus activos a la sindicatura y que los libros y la documentación contable sean puestos a su disposición dentro de las 24 horas.

La resolución prohibió efectuar pagos directamente a CARSA y ordenó que cualquier desembolso que se realice a favor de la sociedad después de la comunicación de la quiebra podrá ser considerado ineficaz. Adicionalmente, el juez ordenó interceptar la correspondencia de la compañía, inmovilizar los fondos que pudiera tener depositados en expedientes judiciales e incautar inmediatamente sus bienes y papeles. La realización de los activos comenzará cuando la resolución quede firme, en tanto que la designación del encargado de venderlos fue diferida para una etapa posterior.

Medidas de fuerza, inhibiciones y los plazos para acreedores

La orden judicial alcanza a los establecimientos que CARSA operaba en distintas provincias; por consiguiente, el fallo instruyó a las fuerzas policiales para clausurar los locales, impedir el retiro de mercadería y controlar los bienes existentes. También autorizó el secuestro de automóviles, utilitarios, camiones y motocicletas pertenecientes a la compañía, tanto en los establecimientos como en las rutas. Dichos vehículos deberán quedar depositados en dependencias policiales hasta que el juzgado determine su destino.

Además, la sindicatura quedó facultada para realizar el inventario junto con oficiales de Justicia como parte de una orden que permite allanar domicilios y recurrir a la fuerza pública cuando resulte necesario, con habilitación de días y horarios inhábiles. Por otro lado, los administradores de CARSA no podrán salir del país sin autorización judicial hasta la presentación del informe general de la sindicatura, medida para la cual se librarán comunicaciones a Migraciones, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Aduana y la Policía del Chaco.

En lo relativo al proceso, el tribunal mantuvo al Estudio Contable Benítez como sindicatura de la quiebra junto a un equipo integrado por José Valentín Benítez, José Nicolás Benítez y Cynthia Bernard. Los acreedores tendrán plazo hasta el 6 de noviembre próximo para presentar sus pedidos de verificación y acreditar el origen, el monto y los privilegios de cada deuda reclamada.

La sindicatura deberá entregar el informe individual sobre los créditos el 30 de marzo de 2027, mientras que el documento que deberá reconstruir el activo, el pasivo, las causas de la insolvencia y la conducta de los administradores quedó programado para el 25 de junio del mismo año. El proceso fue clasificado dentro de la categoría A por su dimensión y complejidad, ordenándose también publicar edictos en Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén y Río Negro, además de la Ciudad de Buenos Aires.

CARSA es una empresa con sede en Resistencia que explotaba la marca Musimundo bajo licencia, operando una red comercial que se encontraba concentrada en el nordeste y en algunas localidades bonaerenses. La compañía ya había atravesado un concurso preventivo en 2018, cuando la caída del consumo, el aumento de los costos financieros y la acumulación de deudas obligaron a reestructurar su operación. Finalmente, cabe recordar que había formado parte de la antigua Red Megatone junto con Bazar Avenida y Electrónica Megatone; luego de la reorganización de esa alianza empresaria, continuó operando locales identificados con la marca Musimundo.