Romero:"la reforma apunta a construir un sistema más transparente, previsible e igualitario"

La concejal de La Libertad Avanza, Macarena Romero Depretto, presentó en el Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa un proyecto de ordenanza que busca modificar el régimen de exenciones tributarias municipales. El objetivo principal es reemplazar el sistema actual —basado en la aprobación de ordenanzas particulares para cada caso— por un mecanismo de reconocimiento automático, sustentado en criterios objetivos y verificables. La iniciativa, denominada «Régimen General de Exenciones Tributarias: Transparencia, Objetividad e Igualdad de Acceso», plantea una reforma integral del Título Sexto del Código Tributario Municipal, referido a las exenciones y beneficios fiscales.

En los fundamentos del proyecto, Romero Depretto sostiene que el mecanismo vigente convierte un derecho que debería ser objetivo en un instrumento de discrecionalidad política. Según argumenta, la práctica de otorgar exenciones mediante ordenanzas individuales genera desigualdad ante la ley, ya que obliga a ciudadanos, instituciones y entidades a depender de la decisión de los concejales de turno para acceder a un beneficio que debería reconocerse automáticamente cuando se cumplen los requisitos establecidos por la normativa. La edil afirma que un sistema tributario moderno debe garantizar igualdad de oportunidades para todos los contribuyentes y evitar que las exenciones puedan transformarse en privilegios vinculados a relaciones políticas o favores personales.

Criterios objetivos y beneficiarios del nuevo régimen

El proyecto establece que las exenciones previstas en el Código Tributario Municipal sean reconocidas de pleno derecho a quienes acrediten documentalmente el cumplimiento de los requisitos legales. Entre los beneficiarios se encuentran entidades civiles sin fines de lucro, clubes de barrio, asociaciones vecinales y personas humanas que acrediten una situación de vulnerabilidad socioeconómica o cualquier otra condición contemplada en la legislación vigente. Además, la propuesta prevé que las exenciones puedan tener carácter temporal o por plazo indeterminado, quedando su revisión o renovación bajo la órbita del organismo fiscal municipal.

Para acceder al beneficio, la iniciativa dispone que la autoridad de aplicación reglamente requisitos objetivos. En el caso de las instituciones, deberán acreditar personería jurídica vigente, domicilio dentro del municipio y presentar balances o informes que demuestren la inexistencia de fines de lucro. Para las personas humanas, será necesaria la documentación que certifique su condición socioeconómica.

Transparencia y control en el Concejo Deliberante

Uno de los puntos más destacados del proyecto incorpora una declaración jurada obligatoria mediante la cual las entidades beneficiarias deberán comprometerse a no utilizar sus instalaciones para realizar actividades de proselitismo político ni exhibir publicidad de candidatos, funcionarios o partidos mientras reciban el beneficio fiscal. El incumplimiento de esta condición implicaría la revocación inmediata de la exención. Asimismo, se propone que el Departamento Ejecutivo Municipal habilite canales administrativos permanentes —presenciales y virtuales— para la presentación de solicitudes y que publique trimestralmente, en el Boletín Oficial Municipal, el listado completo de beneficiarios, detallando el fundamento técnico de cada exención y su período de vigencia.

Por último, otro de los aspectos centrales del proyecto es que el Concejo Deliberante deje de intervenir en la aprobación individual de cada exención y conserve únicamente funciones de auditoría y control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos. Además, la iniciativa propone derogar toda norma o práctica administrativa que exija una ordenanza particular para otorgar beneficios fiscales contemplados en el Código Tributario. Para Romero Depretto, la reforma apunta a construir un sistema «más transparente, previsible e igualitario», en el que el acceso a las exenciones dependa exclusivamente del cumplimiento de condiciones objetivas previstas por la ley y no de decisiones de carácter político.