Argentina bloquea las propuestas campesinas en el Comité de Seguridad Alimentaria: “Ustedes hacen política, nosotros pasamos hambre”

Mientras el hambre y la malnutrición afectan a cada vez más personas, en Roma, los grandes intereses del negocio agroexportador y las tensiones de la reconfiguración de los poderes geopolíticos entorpecen el accionar del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas. Es en gran parte por estas razones que el Comité parece no lograr asegurar su rol central en la coordinación de políticas para responder a la crisis alimentaria mundial. Con una presencia marcada, la representación argentina en Roma no se queda atrás en socavar el poder que podría llegar a tener el comité.

Luego de una reforma histórica en 2009, el CSA se convirtió en el espacio intergubernamental más inclusivo en materia de seguridad alimentaria. Desde entonces, la plataforma cuenta con una representación geográfica amplia con sus 137 estados miembros y tiene como mandato específico el de priorizar las demandas de las personas que están más afectadas por el hambre y la malnutrición.

El Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSCPI) articula en el CSA la participación de los once sectores más afectados por la inseguridad alimentaria: agricultores a pequeña escala, pastoralistas, pescadores artesanales, pueblos indígenas, trabajadores del sector agrícola y alimentario, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, comunidades urbanas en situación de inseguridad alimentaria y ONGs.  Sin embargo, en los últimos tres años, las circunstancias dentro y fuera del CSA han dificultado no sólo la plena participación del MSCPI, sino de manera más pronunciada, la receptividad de los estados miembros ante las demandas de estos sectores.

“USTEDES HACEN POLÍTICA, NOSOTROS PASAMOS HAMBRE”

En cuanto a la respuesta a la crisis alimentaria, algunos estados miembros del Comité de Seguridad Alimentaria, al igual que el MSCPI, llevan tres años reclamando que el organismo tome un papel central para abordar las causas sistémicas que llevan a la profundización de las desigualdades entre personas y países, y para asegurar un enfoque coordinado a nivel mundial. Este llamado se fundamentó en gran parte sobre la evidencia recolectada por el MSCPI a lo largo de los años 2020 y 2022, a través de dos procesos participativos de consultas populares regionales.

Los informes finales de estas consultas recalcaron la necesidad de que las respuestas a la crisis alimentaria adopten un enfoque de derechos humanos a la hora de enmarcar los problemas y las soluciones. En particular, los resultados de las consultas plantearon como urgente el abordar la cuestión de la dependencia de ciertos países del Sur Global de las importaciones alimentarias, y de la deuda de los países como barrera para que los gobiernos nacionales puedan sostener el bien público como la alimentación adecuada y la salud de las personas.

Este cuestionamiento al modelo agroexportador y la voluntad de profundizar los debates dentro del CSA, representó una amenaza a la agenda política de la Cancillería argentina y la delegación del país fue el principal opositor a dicha propuesta. En la sesión plenaria número 50 del Comité de Seguridad Alimentaria, en octubre de 2022, cuando el MSCPI presentó los resultados de la segunda consulta popular junto con el llamado para que el organismo estableciera un mecanismo de respuesta a la crisis, la delegación argentina, ante el asombro de los grupos de la sociedad civil y Pueblos Indígenas presentes, se opuso fuertemente con argumentos en favor del sistema internacional de libre comercio y las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercial (OMC).

Carlos Cherniak, representante permanente de la República Argentina ante los organismos de las Naciones Unidas en Roma (FAO, FIDA, PMA), en particular, insistió en que las discusiones que se estaban dando no correspondían al mandato del CSA sino más bien a la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura (FAO), y que en cualquier caso la decisión sobre una posible respuesta a la crisis debería llevarse a cabo dentro de la Mesa del CSA y no en una reunión plenaria, el espacio más representativo e inclusivo del Comité de Seguridad Alimentaria.

La excusa de que el CSA se alejaría de sus funciones principales, y que este tipo de responsabilidades pertenece a otros organismos como la FAO, es recurrente por parte de la delegación argentina, probablemente porque en la FAO encuentran un mejor abrigo para evitar dichas discusiones políticas. Por un lado, esto es posible debido a la ausencia de la participación de la sociedad civil en los debates dentro del cuerpo decisivo e intergubernamental de la FAO, el Consejo. Por otro lado, la dirección tomada por la FAO en los últimos años es muy cercana a los intereses neoliberales, marcada notablemente por el acuerdo con CropLife, una asociación de corporaciones que producen y promocionan agrotóxicos.