jueves 30 de marzo de 2023

POR GABRIEL GONZÁLEZ MARTOS – ELMUTUALISTA.COM

La voz del mutualismo: La injusticia social

La “justicia social” se basa en la igualdad de oportunidades para cada hombre y cada mujer que integran una sociedad, el estado de bienestar, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, la lucha contra la pobreza, etc. Se la define como la obligación que tiene el Estado de procurar el equilibrio y la equidad entre la población, principalmente en apoyo de las personas desfavorecidas.

viernes 10 de marzo de 2023
La voz del mutualismo: La injusticia social

En nuestro país, y en Latinoamérica en general, el término “justicia social” ha sido muy trillado por la política y por los políticos que apuntan a captar votantes dentro de los sectores más necesitados, ofreciendo ilusiones de progreso y la incorporación de más derechos.

En Argentina, la multiplicación de desocupados iniciada hace al menos dos décadas, encontró un formato de justicia social otorgando planes sociales y a través de generar empleo por medio de la llamada “economía popular”, muy de moda en los tiempos actuales. Se trata mayoritariamente de Cooperativas de trabajo que han proliferado de a miles durante esta etapa.

A través de las mismas se pretende recuperar empresas quebradas, generar emprendimientos productivos, mano de obra, todo ello con un gran aporte de fondos púbicos para este sector, sin los cuales serían inviables. Estos modernos puestos de trabajo intentan incluir en la economía a los “excluidos” mediante un modelo que expone en su plenitud todos los atributos de la “injusticia social”. Trabajo sin relación de dependencia, sin derechos laborales, por fuera de relaciones asalariadas formales, sin acceso a la salud, que somete a las mismas personas que pretendía favorecer a condiciones laborales más duras, de bajísima productividad y a un estándar de vida misérrimo.

Fue un salvavidas transitorio, en medio del estancamiento económico, que terminó instalándose como un modelo que llegó para quedarse. Un modelo sin dueños, sin patrones, cuyo principal aportante de capital sería el propio Estado. Situación que suena romántica para algunos oídos, pero altamente peligrosa, que deja a los más pobres condenados a su situación de marginalidad.

Estamos hablando de un modelo precario de trabajo conformado por varios millones de personas. Según datos oficiales, en nueve provincias del país superan a los trabajadores asalariados del sector privado registrados.

Así es como observamos a distintos organismos del Estado subsidiar emprendimientos (de carácter privado) por varios miles de millones de pesos que nunca alcanzarán a llevar dignidad laboral a sus emprendedores. O, tal vez, sea la forma de esclavizarlos políticamente a los gobernantes de turno.

Cooperativas ligadas a sectores piqueteros aliados, otras que obtienen su matrícula con la principal finalidad de ser beneficiarias de fondos públicos, amigos, conocidos, compañeros; una repartija descontrolada sin los mínimos requisitos de transparencia y con total discrecionalidad.

Claramente, la “justicia social” sólo puede proclamarse a partir de la existencia concreta de la “injusticia social”.​ Y Argentina está profundizando este sistema de “injusticia” bajo un discurso solidario y popular. Es el capital privado quien podrá generar trabajo genuino en cualquier economía del planeta. Para ello, habrá que replantearse los motivos por los cuales nuestro país no resulta atractivo para generar más y mayores inversiones.

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