martes 9 de agosto de 2022

ADVIRTIO EL DR. PEDRO VELAZQUEZ IBARRA

Despedidos de la Legislatura: “El cese de la relación laboral es arbitraria”

"Los despidos de los trabajadores de la Legislatura provincial violan el derecho constitucional de estabilidad mediante actos institucionales de corrupción", advirtió el letrado.

viernes 18 de enero de 2019
Despedidos de la Legislatura: “El cese de la relación laboral es arbitraria”

En relación a los despidos de empleados públicos efectuados por el presidente de la Legislatura Armando “Papacito” Cabrera, el conocido abogado defensor de los derechos humanos doctor Pedro Velazquez Ibarra, afirmo categóricamente que “el cese de la relación laboral es arbitraria, violatorio del derecho constitucional a la estabilidad de los empleados públicos consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Esto se da tanto en el caso de los incorporados a planta permanente como en los temporarios que suscribieron contratos de locación se servicios de naturaleza civil, que constituyen actos fraudulentos contrarios al orden público, destinados a burlar la garantía constitucional de estabilidad, precarizando indefinidamente la relación laboral, utilizados como arma de coacción política, tipificándose actos de corrupción, en tanto con el termino se designa la acción que modifica negativamente, alterando en su esencia, a un ordenamiento normativo o a un status material.

Se dice que hay corrupción cuando un funcionario público es impulsado a actuar contradiciendo el ordenamiento legal y disposiciones vigentes con el fin de favorecer a un persona o grupo que, de esta manera, logra una situación de privilegio en desmedro del resto de la sociedad.

 

LA ACCION DE AMPARO

Para el profesional del derecho la vía legal para impugnar los despidos es la acción de amparo prevista en el artículo 43 de la constitución nacional, debiendo los trabajadores incluir en el escrito inicial de la demanda pedido de medida cautelar a fin de continuar percibiendo sus salarios mientras continúe el trámite del proceso, fundado en que la ruptura de la relación laboral es manifiestamente arbitraria e ilegitima en perjuicio de derechos explícitos e implícitos enunciados en la Ley Suprema y Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados, conforme abundante y pacifica doctrina y jurisprudencia en la materia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A todo evento los demandantes deben hacer expresa Reserva del Caso Federal por la conocida subordinación de los jueces y juezas locales al poder político, circunstancia que unida a que se trata de una decisión política, imponen sacar de la semiclandestinidad de los juzgados para instalarlo como debate público en el seno de la sociedad, poniendo al descubierto la “historia personal” de los magistrados que nieguen el amparo, identificando a los provenientes del estudio jurídico del inefable diputado “Papacito” que es, sabido, constituye la mayor “cantera” de abogados destinados a cubrir todas las vacantes del Poder Judicial para administrar justicia, desprovistos de independencia e imparcialidad, según el doctor Velazquez Ibarra.

 

SI DE ÑOQUIS SE TRATA

En la parte final de sus consideraciones el doctor Velazquez Ibarra, se refirió a la insidiosa calificación de “ñoquis” difundida por el máximo responsable de las cesantías de los trabajadores a través de sus voceros, acusando a los empleados de cobrar sueldo sin trabajar, sin autoridad política ni moral teniendo en cuenta sus antecedentes, que incluyen hasta una designación al frente de una cátedra en la UNAF desde hace muchos años, sin que jamás haya concurrido a dar alguna clase.

Lo que podría tipificar la conducta del diputado “Papacito” Cabrera en algún ilícito penal federal en perjuicio del Estado Nacional, lo que de acreditarse, a la pena correspondiente, le cabra la accesoria de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, concluyó el doctor Velazquez Ibarra, con su reconocida idoneidad técnica. A modo de colofón el profesional del derecho lamentó que a, más de treinta años de recuperada la democracia, continúen ciertas prácticas emparentadas con la misma finalidad perseguida durante el Estado Terrorista: “difundir el temor a la represión para acceder o mantenerse en el gobierno”.

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