“Tievita”: Un prócer de la posverdad judicial
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“Tievita”: Un prócer de la posverdad judicial

“Nada el pájaro y vuela el pez. Un ladrón es vigilante y otro es juez”, dice María Elena Walsh en su Reino del Revés, describiendo por el absurdo (pero cierta) la penosa situación que nos agobia a los argentinos.

Y cuando consideraba que ya nada me sorprendería lo que hicieran o dejaran de hacer los magistrados judiciales, en Formosa se conoció la biografía autorizada del Dr. Héctor Tievas, escrita por el Dr. Ariel Coll en base a “ideas e investigación” de la jueza, Dra. Claudia Pieske de Consolani, quienes en un esotérico proceso de transmutación retratan a “Tievita” (así se lo conoce) como la síntesis armónica entre Confucio y un Buda reposado, faro de sabiduría y equidad amparando los derechos de los formoseños, durante su medio siglo de función judicial, cuando en realidad jamás puso limites a los abusos de poder, ni a los actos de corrupción, ni hizo público un compromiso con los valores de la democracia y su articulación con la Constitución , la defensa de la división de los poderes, del estado de derecho, ni mucho menos aún de los derechos humanos. Por el contrario su actuación fue de legitimación y convalidación de todos y cada uno de los excesos del poder de turno, a costa de ejercer sus funciones jurisdiccionales al margen de la ley y la moral, conforme se acredita con los casos que seguidamente expongo, escogidos por considerarlos emblemáticos por su gravedad institucional y proyección social, y que fueran públicamente conocidos. Veamos.

 

COMISARIA DEL MENOR

El 16 de octubre del año 1989, pierden la vida calcinados a 500º de temperatura 8 niños privados de su libertad por el delito de ser pobres, sometidos a tratamiento infrahumano, constituyendo “la mayor y más grave violación a los derechos humanos de la historia argentina en época democrática”, en palabras de Graciela Fernández Meijide, secretaria de la CONADEP y por entonces Presidenta de la APDH nacional.

Tragedia conocida como el “Holocausto de Villa Jardín”, en cuya producción y posterior impunidad de todos y cada uno de los funcionarios del gobierno responsables, cumplieron roles centrales Tievas como jefe de los Fiscales, y Coll como presidente del STJ, ya que el largo calvario de vejámenes padecidos por los niños de la calle (“tiernas y silenciosas víctimas de la injusticia social, del abandono y de los abusos del poder”, según lo denunciara el sacerdote Delis Luque) era conocido por todos los integrantes del máximo órgano jurisdiccional por reiterados informes del Juez de Menores Héctor Gallardo (ver diario “La Mañana”, pág. 8, edición del 28/10/1989), conforme lo reconociera públicamente el actual presidente del STJ (ver diario “La Mañana”, pág. 17, edición del 31/10/89), aclarando que así como los recibía se limitaba a remitirlos al PEP a través del ministro de Gobierno, sin adoptar medida alguna que hubiera evitado la inmolación y a lo cual estaba institucionalmente obligado.

Por el contrario, participaron de la estrategia política – judicial -legislativa fijada por el entonces gobernador Vicente Joga (el creador de la comisaria de Menor) con los más conspicuos representantes de los tres Poderes, inmediatamente después de ocurridos los hechos.

Así se decidió enviar a los cuatro niños sobrevivientes al Paraguay para evitar todo contacto con la prensa, especialmente la nacional, que hubiera potenciado la conmoción ilimitadamente.

En el ámbito judicial los fiscales de “Tievita” inician una causa penal simplemente por “presuntas vejaciones” y así llega la causa a juicio, pese a mis reiterados pedidos, en calidad de parte querellante, de que se cambie la carátula con inclusión del delito de estrago agravado con ocho muertes (coincidente con la tipificación de la Tragedia de Once, por ejemplo), responsabilizando a las autoridades del poder político, motivo por el cual deciden directamente suprimir del Código de Procedimiento Penal la figura del querellante particular, impidiendo la intervención de las víctimas en el proceso, y tras cartón dictan el sobreseimiento definitivo del comisario, cortando de raíz toda posibilidad de procesar a los integrantes del PEP (ver diario “La Mañana”, pág. 16, edición del 15/10/91).

Numerosas entidades, especialmente las dedicadas a la defensa de los derechos humanos, religiosas y estudiantiles, repudiaron la impunidad y reclamaron la intervención directa del por entonces Procurador General del STJ Héctor Tievas (ver portada y pág. 49 del diario “La Mañana”, con título catástrofe, edición del día 4/10/1992 y del diario “El Comercial” en su tapa y pág. 5 de la edición de la misma fecha).

Todo fue en vano, “Tievita” se mantuvo impertérrito, aplicando con coherencia la “Ley del Ñembo”.

 

MAS IRREGULARIDADES

Siguieron irregularidades delictuales en la tramitación de la causa al punto tal de que el Presidente del Tribunal del Juicio fue el Dr. Carlos Ontiveros, quien había intervenido en la etapa de instrucción en calidad de defensor de la directora de Minoridad, entre otros funcionarios, razón por la cual estaba inhabilitado para juzgar.

Los fiscales de “Tievita” nada cuestionaron y así fueron condenados a penas irrisorias cuatro simples agentes de policía, ninguno de los cuales las cumplió efectivamente.

Tamaña perversidad en el obrar para garantizar impunidad solamente es posible en liliputienses mentales y morales, que no recibieron el “soplo divino” insuflado por Dios para dar el salto cualitativo en la especie dejando de ser animales, de acuerdo al sacerdote y filósofo jesuita Thellar de Charden.

“Jueces del anochecer polizontes del horror”, dice una estrofa de la canción que Fito Páez dedicó a Walter Bulacio de 17 años de edad, víctima de la brutalidad policial, con complicidad política y judicial, a la salida de un recital de los Redonditos de Ricota en el año 1991, en cuya causa la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), órgano máximo de la Justicia Argentina, dictó sentencia condenando al Estado con durísima critica al Poder Judicial, declarando la imprescriptibilidad de los delitos por violaciones a los Derechos Humanos cometidos “desde el Estado”, equiparándolas a las cometidas “por el Estado” (delitos de lesa humanidad).

Posteriormente nuestra Corte Suprema adoptó el mismo criterio para evitar la impunidad de los crímenes cometidos por la Triple A (caso “Yessi, Julio”)

Es decir, que la causa de la Comisaria del Menor puede y debe ser reabierta. Nuestros niños formoseños en situación de calle, entre los cuales se encontraba el indiecito Dañacon de apenas 10 años de edad, no tienen una canción que los recuerde, pero en total orfandad, abandonados a su suerte, en estado de inanición, abusados en cuerpo y alma, decidieron luchar por su libertad hasta perder la vida, dando un monumental ejemplo de dignidad a sus verdugos, a sus cómplices y encubridores de semejante crimen, domesticados todos para la obsecuencia, la claudicación y el sometimiento al poder. La impunidad perpetua el crimen, y según el Papa Juan Pablo II “sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay paz”.

 

PEDIDO DE DESTITUCIÓN

Ante la imposibilidad material de enumerar todas las situaciones de gravedad institucional producidas en la Justicia bajo la conducción de “Tievita” y su biógrafo (ambos suman en la función judicial ¡UN SIGLO!), a modo de síntesis, transcribiré los cargos imputados a todos los integrantes del Superior Tribunal en un pedido de juicio político y remoción efectuado por el Concejo Profesional de la Abogacía, a instancia de la totalidad de los abogados del foro reunidos en tres Asambleas Extraordinarias en el mes de junio del año 1999.

Las imputaciones abarcan desde el aspecto moral a delitos de acción pública, según se consignaron en el requerimiento: “Falta de ética y de respeto al orden jurídico; “caso Balderrama” Destino de los vehículos secuestrados en sede penal: Alteración del orden de votación para emitir sentencias; Exceso de competencia con violación sistemática de normas constitucionales y legales; Violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio; Violación del Debido proceso; Violación de los principios rectores del procedimiento administrativo; Colisión entre el RIAJ y la ley de procedimiento eligiendo hacer prevalecer la norma de inferior jerarquía; Modificación del destino de los fondos donados ; Conducta ilícita del STJ en relación a la jerarquía; actuación del juez Ceferino Arroquigaray en la detención del Ministro Gerardo González; de la designación ilegal del Dr. Rafael Vargas Gómez; caso de la designación de la Dra. Clarivel Erguy; Cuestionamiento a las decisiones de naturaleza administrativas; Falta al debido ejercicio de las facultades de superintendencia; caso de la Dra. Teresa Mariño, Infundado apartamiento de antecedentes jurisprudenciales; Accionar incoherente y contrario a derecho del Dr. HÉCTOR TIEVAS, en contradicción de sus propios actos juntamente con el Dr. ARIEL COLL, Violaciones a las normas éticas, Incumplimiento de la obligación de defender la integridad e independencia del Poder Judicial; no cumplimiento de la obligación de mantener una conducta intachable tanto en su actividad pública como privada. Incumplimiento de la obligación de desempeñarse con imparcialidad, dedicación y diligencia; ineptitud para prevenir el escándalo; Falta de credibilidad del STJ; Deterioro institucional por acción u omisión de los integrantes del STJ, comprometiendo el servicio de justicia, Arbitrarias maniobras de denegación y retardo de justicia deliberadas”.

Nótese con que énfasis la totalidad de los abogados de foro señalan la falta de ética en el ejercicio de sus funciones de los integrantes del STJ, pues no hay justicia si quienes la encarnan carecen de respaldo moral: LOS JUECES.

El escrito de denuncia consta de 108 fojas, y fue acompañado de tres anexos conteniendo más de 800 fojas con pruebas documentales, siendo firmada por la totalidad de los integrantes de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de la Abogacía Drs. Armando Jure, María Cristina Irala, María Beatriz Buryaile de Soruco, Osca Raul Monteporsi, Silvia Elena Tarantini, Viviana Elena Tutaglio de Weyland y Fabio Tracta, sin ninguna disidencia, ingresando a la Cámara de Diputados por Mesa de Entradas el día 10 de Junio del año 1999, y, como era previsible, el poder político les brindó la protección del que gozan todos los magistrados que le garantizan impunidad. A propósito cabe recordar que ya en el “Talmud” (milenario libro de los sabios judíos) se advirtió que: “Desgraciados son los pueblos, cuyo jueces merecen ser juzgados”. Es lo que nos ocurre a los argentinos en general y a los formoseños en particular.

 

POSVERDAD

Con este neologismo se alude a informaciones o aseveraciones que no se basan en hechos objetivos, si no que se apela a emociones, creencias o deseos para manipular la opinión, con técnicas perversas que sirven para generar empatía con los receptores, a partir de conceptos mentirosos o parcialmente ciertos.

Es una forma espuria con la que se pretende crear un “prócer” con Tievas, comenzando por destacar que estuvo preso durante el terrorismo de Estado, a partir de junio del año 1977, obviando que en realidad fue un funcionario del régimen militar, ántes y después de ser detenido (al día siguiente del golpe cívico-militar producido el 24 de marzo del año 1976, asume como Presidente del STJ por subrogación, continuando en el cargo de juez durante la más salvaje represión contra los empleados del Poder Judicial hasta el mes de junio del año 1977, y al recuperar su libertad se desempeña como Asesor en el ámbito del PE a cargo del terrorista Gral. Colombo, previa conformidad del Servicio de Inteligencia según confiesa expresamente en su biografia) y su historia judicial no registra ninguna resolución que acredite compromiso con la democracia ni con defensa de los   Derechos Humanos, como afirma su biógrafo Coll en base a la investigación de la jueza Pieske de Consolani, cabe colegir.

En realidad los dos transitaron el sendero de lo que se conoce como la posjusticia, favoreciendo siempre al poder de turno, y a los que habitasen en su cercanía, exhibiendo, impúdicamente su ausencia de compromiso con la sociedad, en cuyo marco la tragedia de la Comisaria del Menor es un caso emblemático, pretendiendo ahora convocar a una cruzada “épica” para desentenderse de sus conciencias, modificando la historia, como si los formoseños fuéramos imbéciles incapaces de recordar, a los que se nos puede robar impunemente hasta el futuro.

 

ALGUNAS REFLEXIONES

Considero que elogiar la actuación de Tievas en la Justicia, como se hace en su biografía autorizada, constituye una estafa moral a la sociedad. Y la jueza Pieske de Consolani debería explicar en qué fuentes abrevó su investigación , cual fue la ruta seguida, para eludir encontrarse con los antecedentes que se citan en esta nota, los cuales obran en el ámbito del Poder Judicial y, por otra parte, fueron de público conocimiento a través de los medios de comunicación social local y nacional.

Es inmoral tergiversar la historia con versiones cínicas destinadas a direccionar nuestro pasado en la memoria colectiva, persiguiendo ardidosamente el aplauso y el bronce, nada menos. “Los hechos son sagrados, las opiniones son libres” recordó el insigne y querido jurista Carlos Fayt, en respuesta a impertinentes consideraciones de Cristina sobre su persona. Pero más grave aún es que se distorsione la percepción de jóvenes y no tan jóvenes (35/45años) sobre lo que significó y significa el terrorismo de Estado con la dictadura cívico-militar, la corrupción, la impunidad en la democracia recuperada, ocultando en un paisaje brumoso la importancia de contar con una Justicia independiente, idónea e imparcial, que permita la realización del ideal del ser humano LIBRE, exento del temor y la miseria, alejado de la resignación y el sometimiento a los gobiernos de turno.

En Formosa, como en el tango, reina un cambalache, como el Reino del Revés, donde el Gral. Colombo conserva su retrato en el acceso a la Casa de Gobierno, como si se tratara de un prócer, cuando en realidad fue el jefe y organizador de una asociación ilícita para perpetrar crímenes de lesa humanidad contra los formoseños, entre los cuales se cuentan más de cincuenta personas que continúan desaparecidas, una escuela primaria lleva el nombre del ex gobernador Vicente Joga (el máximo responsable institucional y político de la tragedia en la Comisaria del Menor), y a los detenidos por delitos de corrupción se los considera “presos políticos”, cuando en realidad no son ni políticos ni comunes, sino que son delincuentes ( y delincuentas) “poco comunes”, pudiendo Tievas –por qué no- aspirar a que una “plaza temática” lleve su nombre, luego de dejar una Justicia domesticada, colapsada y desprestigiada como nunca ántes ocurriera.

Por ello, adhiero al rezo expuesto en su maravillosa “Oración a la Justicia” por la auténtica prócer de la cultura argentina María Elena Walsh, impetrando a la Señora de los Ojos Vendados que: “Con la espada y la balanza a los justos humillados no le robes la esperanza. Dale la razón y llora porque ya es hora”.

En fin, y a todo evento, les recuerdo al pretenso prócer judicial y a sus panegiristas que: “LA VERDAD NUNCA ES TRISTE, SIMPLEMENTE NO TIENE REMEDIO”.

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