“Recuperación y Esperanza Radical” repudió enérgicamente el fallo del STJ contra periodistas
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“Recuperación y Esperanza Radical” repudió enérgicamente el fallo del STJ contra periodistas

Los condenaron a pagarle una cifra millonaria al gobernador Gildo Insfran.

Esa confirmación de condena representa un grosero atropello a la libertad de prensa y de expresión, porque responsabiliza a los periodistas por la opinión efectuada por teléfono por un oyente anónimo que llamó al programa de radio “Mano a Mano” de Gabriel Hernández el 21 de enero del año 2013.

Es evidente que con la demanda y la sentencia millonaria a favor del gobernador de la Provincia, Gildo Insfrán, se pretende que los medios de comunicación de Formosa cierren los micrófonos a los oyentes, por el riesgo que significa permitirles opinar libremente.

Este modelo quiere ver a los medios de prensa convertidos en meros repetidores de la propaganda oficial.

La “libertad de prensa” en Formosa es la libertad de difundir lo que opinan los funcionarios del Poder Ejecutivo. Pero si un periodista es independiente y quiere abrir su micrófono a los oyentes, corre el riesgo de ser demandado y condenado a pagar indemnizaciones millonarias.

La suma de $1.200.000 que la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia condenados a pagar a los periodistas demandados por Gildo Insfrán no es una indemnización por “daño moral”; es una multa o sanción económica combinada con la prohibición de publicar –verdadero caso de censura previa- que fue decretada en el mismo juicio como medida cautelar por la jueza Giselle Verónica Drovandi.

Así fue que Insfrán solicitó primero una medida cautelar que instaure la censura previa, que enseguida la jueza Drovandi decretó, prohibiéndole informar a los periodistas y medios de prensa demandados, y luego hizo que les impongan una multa millonaria a modo de “fallo ejemplificador”, verdadera sentencia “mordaza”, que pretende silenciar las voces críticas en los medios de comunicación independientes de Formosa.

Resulta alarmante no sólo la manipulación política de la Justicia provincial para lograr estos cometidos, sino también el empeño del gobernador de someter a su control los medios de radiodifusión.

Resulta lamentable que las magistradas actuantes y el propio Superior Tribunal de Justicia se hayan prestado a esta evidente maniobra política orquestada desde la Casa de Gobierno provincial. Denunciamos la gravedad institucional que representa este caso de abuso de poder, este avance del oficialismo en su propósito de sofocar a los medios de comunicación independientes.

No vamos a permitir que progresen impunemente maniobras como éstas, que pretenden limitar, restringir y hostigar a la prensa independiente. Subrayamos que no hay verdadera democracia si no se garantiza la más absoluta libertad de expresión, y que esta libertad no puede existir si no se permite al pueblo manifestarse a través de los medios de comunicación.

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