En primer audiencia del juicio contra Gabriel Hernández, se probó que se usó el dinero para pagar sueldos

Ayer en horas de la mañana se inició el juicio oral y público donde el ex intendente Gabriel Hernández está acusado de haber usado para pagar sueldos una ayuda de $80.000 enviada por el gobierno nacional en enero de 2002. La primera audiencia se realizó en la sala principal del sexto piso del edificio de Tribunales.

Además de Hernández, que actúa como abogado en su propia defensa, declaró ante los jueces de la Cámara penal Segunda el ex intendente Fernando De Vido –que fue el denunciante- así como también el ex Tesorero municipal Jorge Loza, el ex Contador General Luis Paulino Penza y otros testigos.

Hernández inició su intervención señalando la nulidad de todo el proceso, ya que actuaron sucesivamente tres jueces que están afiliados al Partido Justicialista. “¿Qué garantías de imparcialidad y de independencia ofrecen estos jueces que pertenecen al partido gobernante?” –preguntó Hernández- “el juez de instrucción fue Rubén Spessot, afiliado al P.J.; luego actuó María Viviana Taboada como juez de Cámara, rechazando las apelaciones, que también es afiliada al Peronismo, y ahora tenemos en este tribunal al Dr. Ramón Sala, también afiliado al Partido Justicialista. Una Justicia de magistrados afiliados al P.J. no es justicia, porque esos jueces no son independientes y no pueden ser imparciales”, dijo el ex intendente.

También remarcó que fue el propio denunciante –Fernando De Vido- el que presentó la documentación que prueba que el dinero de la ayuda nacional se utilizó para el pago de los haberes de los empleados municipales de diciembre de 2001. “Lo que está probado es que se usó el dinero para pagar los sueldos”, -dijo Hernández- “yo firmé la orden de pago para destinar los $80.000 al pago de los haberes de los empleados municipales. Allí está la orden de pago, y la constancia de que el dinero se usó para ese fin. Aquí no hay delito, porque el uso fue legítimo, necesario y público. Mi primera obligación como intendente era cumplir con el pago de los sueldos del personal”.

Hernández también indicó que existe una ordenanza municipal que obliga al intendente a dar prioridad al pago de haberes sobre cualquier otro compromiso de la Comuna. “Esta ordenanza es muy clara –dijo el ex intendente- si hay dinero disponible, debe ser destinado primero de todo para el pago de sueldos. Y así lo hicimos, y si volviera a estar en la misma situación, lo volvería a hacer”.