Politica

"La negativa a entregarnos la prueba central de la sentencia, es arbitraria; injusta e ilegal"

“La negativa a entregarnos el audio de la llamada impide una adecuada defensa de nuestros derechos, y evidencia la manipulación política de la justicia provincial, que se presta a los dictados de Insfrán por “obediencia debida”, afirmó Gabriel Hernández

Los periodistas condenados al pago de una indemnización millonaria en beneficio del gobernador Gildo Insfrán, solicitaron al Superior Tribunal de Justicia ordene a la Cámara de Apelaciones la entrega de la grabación de audio de la llamada telefónica que dio origen a la millonaria demanda por daños y perjuicios.

La grabación de la llamada telefónica es la principal prueba del juicio iniciado por Insfrán, y les fue denegada varias veces en primera instancia (Drovandi), luego por la Cámara de Apelaciones, y más recientemente por la juezas Booman y Taboada.

Todo esto –dijo- es un atropello a la libertad de prensa; pretenden amordazar al periodismo independiente con una condena millonaria absolutamente injusta e ilegal. Y ahora tampoco acceden a entregarnos una copia de la grabación, que es la principal prueba mencionada en la sentencia”.

Esta negativa a entregarnos el audio de la llamada telefónica impide una adecuada defensa de nuestros derechos, y evidencia la manipulación política de la justicia provincial, que se presta a los dictados de Insfrán por “obediencia debida”, manifestó el abogado y periodista.

COMO SABIA INSFRÁN DOS DIAS ANTES QUE SE IBA A PRODUCIR LA LLAMADA?

Hernández dijo que “resulta inexplicable que dos días antes del famoso llamado telefónico, un funcionario del gobierno de la provincia se presentó en una escribanía y pidió que graben el programa “Mano a Mano”; mi pregunta es cómo sabía Insfrán que dos días después alguien iba a llamar a la radio para hacer esas declaraciones”.

El funcionario que pidió la grabación se llama Walter César Segundo Rodas, y era el Director de Asuntos Administrativos del Poder Ejecutivo provincial. Es el mismo funcionario que firmó junto con Gildo Insfrán el decreto del pago de los 7.6 millones para The Old Fund, de Alejandro Vandebroele.

"Esto demuestra que el gobierno sabía que iba a producirse la llamada telefónica del oyente, y lógicamente, la única forma de saberlo es porque ellos mismos mandaron a hacer la llamada, para luego salir en todos los medios a rasgarse las vestiduras en repudio al supuesto “agravio” al gobernador", denunció Hernández.

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