FUE UN DIA DE LA MADRE: 26 años de IMPUNIDAD por la muerte de ocho niños en el
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FUE UN DIA DE LA MADRE: 26 años de IMPUNIDAD por la muerte de ocho niños en el "Holocausto de Villa Jardín"

El fatídico incendio ocurrió en la tristemente célebre Comisaría del Menor

Este viernes se cumplen 26 años de la tragedia de la  Comisaría del Menor más conocida como el “Holocausto de Villa Jardín”, que rememora a los ocho niños detenidos por pobres y aborigenes que murieron por asfixia y quemaduras durante el incendio en la llamada Comisaría del Menor, a cargo de un policia piromaniaco que estaba ubicada en el barrio Bernardino Rivadavia (ex Lote 4), de esta capital.

Se llamaban Angel Moreno, Víctor Sanabria, Roberto Del Valle, Gustavo Rodríguez, Agustín Rodas, Edgardo Benítez, Walter Aguilar y Luis Dañacón. Eran chicos de entre 10 y 17 años. Todos estaban detenidos en la diminuta y precaria dependencia policial y la siesta del 16 de octubre de 1989 decidieron ante la cercanía del Dia de La Madre amotinarse quemando colchones en protesta por los malos tratos y golpes que recibían de los policías que trabajaban en esa minialcaidía. Cuatro de las ocho víctimas eran originarios.

Fue en 1989, cuando gobernaba la provincia Vicente Joga. Hubo un jurado de enjuiciamiento que finalizó con la destitución del juez de Menores de esa época, el doctor Héctor Gallardo. El día del incendio y posterior muerte de las ocho inocentes víctimas, fue domingo y ese año coincidió con el Día de la Madre.
 
LA MAYOR Y MAS GRAVE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA HISTORIA ARGENTINA

Respecto a este luctuoso hecho, el abogado querellante en una causa judicial que se iniciara oportunamente, Pedro Velázquez Ibarra, recordó en Radio Rebelde 91.7 que este trágico episodio constituye “la mayor y más grave violación a los derechos humanos de la historia argentina en época democrática”, que se origina con la creación de dicha comisaría mediante el dictado de la Disposición Nº 051/85 de la Jefatura de Policía de la Provincia, con conocimiento y aprobación del Poder Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno de entonces, “violando y subvirtiendo groseramente la ley de Minoridad vigente en la época. Los funcionarios responsables de la muerte de estos niños jamás fueron imputados en causa alguna; es más, este triste episodio nunca fue objeto del proceso penal que concluyó con leves penas para policías subalternos por apremios ilegales y violación de deberes de funcionario público”, aseveró.

HACINADOS 

Las instalaciones con que contaba la comisaría para “protección material y moral” de los menores de la calle eran dos celdas de 3 por 3 metros, lugar donde se hacinaban generalmente en número de diez o más en cada una. Los niños eran obligados a dormir en el piso, sin camas ni colchones, ni manta que le sirviera de abrigo.

Piojos, pulgas y sarna cubrían la mayor parte de sus cuerpos. En la única celda con baño, al carecer de agua corriente, en la materia fecal estacionada por mucho tiempo pululaban los gusanos y, en algunas guardias, los carceleros obligaban a los menores a tener relaciones sexuales forzadas entre ellos, hasta con perros, como una forma de entretenimiento para “pasar el tiempo”, según pudo saberse después de los testimonios que se escucharon en el juicio por malos tratos y apremios ilegales a los policías de la nefasta comisaría.

También le robaban los alimentos que les llevaba Marcilio Leguizamón, sumiendo a los menores en un desesperante estado cercano a la inanición.

Así, atormentados hasta la desesperación por tiempo indeterminado, que en algunos casos llevaban ocho meses, ante la proximidad del “Día de la Madre” (algunas de las cuales no pudieron rescatar a sus hijos a tiempo por la sencilla razón de que no tenían para pagar el pasaje en colectivo), buscando amor y protección resolvieron no esperar la miserable comida que nunca llegaba, y para intentar llamar la atención de las autoridades, deciden luchar por su libertad prendiendo fuego a colchones de goma pluma que recientemente les habían obsequiado (que jamás se debe permitir en cárceles, debiendo ser de estopa) y así, intentando hacer cesar la privación ilegal de su libertad, queman sus vidas, perdiendo los dos derechos universalmente irrenunciables.

De tal manera, por la descomposición térmica de materiales sintéticos, por el mayor poder calorífico, los menores sufrieron lesiones químicas en el árbol traqueobronquial y en el parénquina de los pulmones, por inhalación de dichos productos en descomposición, siendo ésta la principal causa de las muertes, a los cuales cabe agregar el envenenamiento por humo y la asfixia, pero fundamentalmente por la temperatura que alcanzó los 500 grados en escasos minutos, “cocinando” a los niños mientras el llavero Maidana observaba la dantesca escena sin hacer nada porque “se olvidó donde había dejado las llaves de las celdas”.

Se trata de un policía pirómano que fue sancionado con 35 días de arresto por intentar incendiar la subcomisaría donde prestaba servicios, y para cumplir “la sanción” lo destinaron a prestar servicios durante la misma en la Comisaría del Menor.

FUERON SACADOS DEL PAÍS PARA QUE LA PRENSA NACIONAL NO SE ENTERE

Recordó Velázquez Ibarra que los cuatro menores sobrevivientes, dos por pocas horas, fueron inmediatamente sacados del país rumbo al Paraguay, a un hospital que ni siquiera disponía de insumos básicos, como plasma para su atención, en lugar de evacuarlos al Instituto del Quemado en la Capital Federal, que por vía aérea, medido en tiempo con el terrestre, es menor. “Lógicamente el propósito fue evitar que la prensa nacional tuviera conocimiento de los padecimientos de los niños y las razones de sus muertes en la mayor violación a los derechos humanos de la ‘democracia y el estado de derecho’”, remarcó.

El defensor del Pueblo de entonces que era mejor que el actual, culpó “a la sociedad por no haber exigido que la situación de la Comisaría del Menor cesara”, mientras que las autoridades jamás siquiera emitieron una comunicación informando sobre lo sucedido.

En Formosa, a escasas 10 cuadras de la Casa de Gobierno, durante cinco años funcionó un campo de concentración para menores y la muerte de los 8 niños, entre ellos el aborigen Dañacón, de apenas 10 años de edad, no pudo evitarse, ni siquiera salvar a uno de ellos.

El abogado dijo que luego de sucedido el luctuoso siniestro, el trabajo sucio quedó enteramente en manos de la Justicia. “Magistrados que ‘se equivocaron de código’, otros que determinaron que el objeto del proceso debe ser las muertes de los menores y luego ‘miraron para otro lado’ cuando se llevó a cabo el juicio a sólo 3 policías de menor rango por delitos triviales, e interviene conduciendo un camarista que había actuado como defensor de una funcionaria acusada en la misma causa y ‘se olvidó’ de excusarse y la supresión del querellante que facilitó el sobreseimiento inmediato del jefe de la Comisaría (haciendo un corte en la cadena de responsabilidades hacia arriba), levantaron un cerco inexpugnable a favor de la impunidad”, cuestionó con severidad.

Y como si semejante agravio fuera poco, dentro de la demanda civil por daños y perjuicios la Fiscalía de Estado se opuso a las indemnizaciones con argumentos discriminatorios, propio del nazismo que, como se esperaba, fue solícitamente atendida por magistrados y magistradas, que consideraron que “las madres que abandonaron a sus hijos en la calle no tienen derecho a reclamar daño moral alguno”.

Asimismo, recomendó leer el fallo de la Corte Interamericana en el “Caso Bulacio”, porque se declararía la imprescriptibilidad de la acción penal equiparando a los delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado, amén de la indemnización de 400 mil dólares. 

“Coincido sin especulación ni oportunismo alguno en que se debe recordar e indemnizar a quienes dan la vida defendiendo la bandera de la Patria, pero también merecen igual trato los niños que atormentados por el Estado en plena democracia ofrendaron lo más preciado que tiene todo ser humano, enarbolando la bandera de la libertad donde bordaron el amor más grande de sus vidas, hasta perderlas, brindando un monumental ejemplo de dignidad a sus verdugos, que jamás siquiera dieron alguna explicación sobre la tragedia”, enfatizó. 

Por ello, Velázquez Ibarra brindó su permanente recuerdo y homenaje a los niños de la calle inmolados en la Comisaría del Menor, quienes con su sacrificio marcaron un camino a seguir, convocando y comprometiendo a los formoseños a elegir la libertad y la esperanza, con sus peligros y sus intemperies, única forma de poner límites a la cultura del sometimiento en una sociedad de “libertos”. 

VICTIMAS DE LA INJUSTICIA SOCIAL

“Tiernas y silenciosas víctimas de la injusticia social, del abandono y de los abusos del poder. El pueblo de Formosa 16/10/89. Día de su holocausto”, reza la placa alusiva a la horrible muerte de ocho niños en la Comisaría del Menor.

Los niños no se resignaban a estar recluidos y martirizados, y las autoridades sabían que todos los años al acercarse el “Día de la Madre”, a los menores abandonados de todo cariño y protección, se le agudizaban sus deseos de estar con sus madres, quedando ese 16 de octubre de 1989 en manos de un policía pirómano que cumplía allí la sanción que le fuera aplicada por intentar quemar una subcomisaria en estado de ebriedad.

Marcelo Moreno, hermano de Angel, uno de los niños que murió en el incendio, recordó con hidalguía a los chicos inmolados en esta tragedia, señalando que ante tantas iniquidades y miseria moral de las autoridades responsables, y sus cómplices, “se levanta majestuoso el ejemplo de los niños inmolados, quienes no obstante estar hambreados, decidieron no esperar la comida y luchar por su libertad hasta perder la vida. Qué lección monumental para aquellos que por seguir comiendo del plato de la concupiscencia servido por el poder, renuncian a la libertad y sobreviven en la indigencia moral”, reflexionó.

“Y sólo es digno de libertad el que sabe conquistarla cada día, como lo intentaron los niños de la Comisaría del Menor, dejando la vida al querer recuperarla. Por ello, destaco el valor de la libertad y para aquellos que fueron, y son, víctimas de los ‘abusos del poder y de la injusticia social’”, remarcó Moreno.

Hace 25 años, en Formosa, muchas madres, hermanos, primos, padres, vecinos, lloraban y lamentaban la muerte de sus hermanos, hijos, nietos parientes o simplemente conocidos. “Es una herida abierta en el alma que llevaré y llevaremos hasta nuestra tumba y más allá; 25 años y todavía siguen callados los que callaron las voces de justicia y libertad de los ocho pibes que murieron en el ‘Holocausto de Villa Jardín’, en la definición del recordado sacerdote Delis Luque”, agregó. 

CASO TESTIGO

Días antes del recordado hecho, la Policía de la Provincia de Formosa en un operativo de rutina le pidió los documentos a un par de jóvenes, uno de ellos lo tenía, el otro no. El que no tenía, Angel Moreno, de 17 años, fue demorado por averiguación de antecedentes y trasladado a la Subcomisaría “Enri O. Alvarenga” del barrio Guadalupe, donde pasó la noche.

Al otro día, cuando sus familiares fueron a buscarlo, la Policía les informó que lo habían trasladado a la Comisaría del Menor situada en el barrio Villa Jardín.

Preocupados, iniciaron los trámites para sacarlo de allí pues se acercaba el Día de la Madre. Nada hacía prever que cuatro días después ocurriría en ese lugar, “la mayor y más grave violación a los derechos humanos de la historia argentina en época democrática”, como manifestó el abogado querellante de la causa en ese momento.

El 16 de octubre de 1989, en la Comisaría del Menor de Formosa, murieron carbonizados, por un incendio en su celda de 3 por 3 metros, 8 menores, de entre 12 y 17 años de edad, entre ellos Angel Moreno, que falleció luego de ser trasladado a un centro de quemados en la República del Paraguay.

Marcelo Moreno recordó que ese día cuando llegó a Lote 4, lo primero que vio fue el cuerpo de uno de los chicos de apellido Dañacón, que habrá tenido 10 ó 12 años, y que quedó reducido al tamaño de un brazo, todo carbonizado. En ese momento le dijeron que su hermano había sido derivado a la “Cuarta” pero finalmente lo encontró en la terapia intensiva del Hospital Central.
 
En ese nosocomio también encontró a otro de los chicos, Víctor Sanabria, quien falleció a las dos de la madrugada. El no pudo reconocer a su hermano debido a las quemaduras. “Lo trasladaron al Hospital de Capiatá, en Paraguay, pero nunca entendí por qué lo llevaron ahí y no a Buenos Aires”, se preguntó.

Dijo además que se hicieron muchas conjeturas pero que uno de los chicos le contó que: “La celda en donde se desató el incendio, era donde estaban todos los chicos durmiendo y no se sabe si fue la Policía que tiró algo para que se prenda fuego y se quemen los testigos de las aberraciones que se cometían ahí”.

Entre otras cosas, resaltó que “por ahí lo que más te duele es que vos escuchás a nivel nacional y en los medios locales que se habla de la memoria con hechos de la dictadura, que es muy bueno que se recuerde porque han ‘borrado’ a toda una generación. Pero esto también tendría que recordarse y no tendría que partir únicamente de los familiares” dando a entender que el responsable de la “memoria” debería ser el Estado provincial.

Recordó al padre Delis Luque como la persona que los acompañó en todo momento. El maltrato con los menores sucedía en casi todos los organismos, “no nos olvidemos que mi hermano estaba detenido por no tener el documento con él” dijo Moreno, “no estaba por haber robado o haber matado”.

Angel Moreno quería ingresar a la Armada, y ya había hecho los trámites, pero al igual que otros pibes con sueños, como Víctor Sanabria, Roberto del Valle, Gustavo Rodríguez, Agustín Rodas, Edgardo Benítez, Walter Aguilar y Luis Dañacón, fueron víctimas de vejámenes, torturas y finalmente muertos en un lugar que nunca debió existir.
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1 comentario

  • nicasio escribió el 16 de Octubre del 2015
    Mas alla de todo contexto o interes que se le pueda tildar, es necesario que la sociedad se involucre en situaciones tan delicadas que hacen a la vida y a la dignidad de las personas, de las cuales nadie esta exento por mas cachecho que se sienta, es una forma de prevenir y que las autoridades observen que no es necesario que se reclame tanto ya que debe partir de ellos el control. Ademas se arrogan derechos de pensar por nostros decidir por nosotros y hacer las cosas por nosotros.
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