Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar la ley del aborto

Un grupo de seis diputados de La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Buscan la prisión de la persona que solicite el aborto y para el médico que intervenga, e incluso establecen que un aborto luego de una violación ya no sería "no punible", a menos que un juez exima a la mujer.

El proyecto, presentado el lunes 5, fue firmado por Rocío Bonacci (Santa Fe), y acompañado por Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (CABA), Lilia Lemoine (Buenos Aires), Manuel Quintar (Jujuy) y Oscar Zago (CABA). Bonacci es una joven de 27 años, podóloga, que antes de asumir en el cargo público atendía un local de manicura propio. Su padre es José Bonacci, empresario de medios, dueño de una remisería, fundador de Unite (partido de Amalia Granata) y apoderado de MODIN, partido político de Aldo Rico.

El primer artículo del proyecto apunta a la derogación de la Ley 27.610. El segundo busca modificar el artículo 85 del Código Penal de la Nación, aquel que establece que "el o la que causare un aborto será reprimido: con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante" y "con prisión de tres meses a un año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana 14 de gestación" y siempre que el embarazo no fuera producto de una violación; en niñas menores de 13 años; o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante.

En cambio, los diputados de LLA buscan establecer que "el que causare un aborto será reprimido: con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer" y "con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis 6 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer".

En el tercer artículo, el oficialismo pretende derogar el artículo 85 bis del Código Penal, que apunta contra quienes buscan entorpecer el acceso al aborto voluntario: "Será reprimido o reprimida con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados", indica la normativa actual.

El proyecto busca además, en el cuarto artículo, modificar el artículo 86 del Código Penal, que establece los límites del aborto legal: hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional; o en cualquier plazo para casos de violación, para niñas menores de 13 años, o para personas cuyas vidas o salud integral estuvieran en riesgo. En cambio, los seis diputados de La Libertad Avanza no consideran estas situaciones de forma detallada, sólo intentan reglamentar que un aborto "con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios".

Por último, el proyecto de ley en su artículo quinto modificaría el artículo 88 del Código Penal, que actualmente indica que la pena para la persona gestante que interrumpe el embarazo fuera de los plazos estipulados recibe una pena de tres meses a un año de prisión. El oficialismo mantiene que "la tentativa" del aborto no es punible y cambia el concepto de "persona gestante" por "mujer", en todos los artículos. También aumentan la pena de prisión de uno a tres años y añaden: "El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".