Fallo contra el protocolo antipiquetes: el Gobierno lo considera "político" y ya prepara la apelación
El Gobierno nacional anunció que en los próximos días apelará la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, que ordenó dejar sin efecto la aplicación del protocolo antipiquetes. Desde la Casa Rosada sostienen que la herramienta es legítima, cuenta con amplio respaldo social y garantiza el derecho constitucional a la protesta, al tiempo que ordena la forma en que se desarrollan las manifestaciones.
Fuentes oficiales afirmaron que recurrirán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender el procedimiento, que se aplica desde el inicio de la gestión libertaria. "El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Sin protocolo vuelve el desorden", señalaron.
El fallo de Cormick hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al considerar que la resolución 943/2023, mediante la cual se creó el protocolo, presenta vicios legales porque el Poder Ejecutivo se habría atribuido facultades propias del Congreso, al legislar en materia penal y procesal.
Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, rechazaron esos argumentos y aseguraron que la Justicia ya validó en reiteradas oportunidades los operativos policiales. En un comunicado, la cartera confirmó que apelará la medida y advirtió que, si se deja sin efecto el protocolo, "vuelve el caos".
Monteoliva sostuvo además, a través de sus redes sociales, que el fallo responde a "la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina" y aseguró que defenderán la herramienta "a toda costa" porque permitió devolver "orden y tranquilidad" a quienes quieren trabajar y circular libremente. El mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei.
En la misma línea se expresó la diputada y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien insinuó que detrás del fallo existen motivaciones políticas y remarcó que el protocolo fue avalado por numerosos jueces. "¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre falla contra el Gobierno. Los perjudicados son los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz", escribió.
