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"FADEEAC rechaza la nueva tasa de ingreso a Formosa: una "aduana interna" que afecta al transporte"

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) cuestiona la ordenanza municipal de Formosa que impone un arancel a transportistas de cargas no radicados en la ciudad, calificándola de inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) expresó su "enérgico rechazo" a la medida adoptada por la Municipalidad de Formosa, que implementó un nuevo arancel de ingreso al ejido urbano para los transportistas de cargas no radicados en esa jurisdicción.

La medida, que fue sancionada en 2017 pero puesta en práctica desde este lunes, establece un cobro por una "Contribución por servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados", aplicable tanto a transportistas de pasajeros como de cargas, nacionales e internacionales.

Según la ordenanza, cada unidad vehicular que ingrese o circule temporalmente por la ciudad deberá abonar una tarifa, lo que, para FADEEAC, "constituye en los hechos una aduana interna", lo cual, según destacan, está prohibido por la Constitución Nacional.

Una "aduana interna" y la vulneración del principio de libre circulación
El comunicado de FADEEAC señala que esta disposición vulnera gravemente el principio constitucional de la libre circulación de personas, bienes y servicios dentro del territorio argentino. "Se trata de un gravamen local carente de justificación y con fines meramente recaudatorios", remarcó la entidad, añadiendo que la medida contraviene la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, que regula el transporte terrestre en todo el país.

Además, FADEEAC advirtió que la medida podría tener consecuencias internacionales, ya que va en contra de los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), firmado por los países del Mercosur. Este acuerdo, que tiene jerarquía supranacional, prohíbe expresamente la imposición de tasas o tributos locales que afecten la libre circulación de vehículos, mercancías o personas vinculadas al transporte internacional.

Un precedente peligroso para la integración regional
La federación subrayó que esta medida no solo es inconstitucional y violatoria de normativas nacionales e internacionales, sino que también establece un precedente peligroso que podría poner en riesgo la integración regional y la armonización de las políticas públicas de transporte en el Mercosur. "El transporte de cargas es un servicio esencial para la economía nacional. No puede ser objeto de gravámenes arbitrarios ni convertirse en un instrumento de autofinanciamiento local", afirmó Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.

La entidad insistió en la necesidad de que las autoridades provinciales y nacionales intervengan de manera urgente para dejar sin efecto esta disposición municipal. Según FADEEAC, esta medida no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también entorpece la actividad económica y logística del país, afectando tanto al transporte nacional como internacional.

La justificación municipal y la polémica
Por su parte, la Municipalidad de Formosa defendió la medida, argumentando que el tributo tiene como objetivo reparar las calles y avenidas que sufren daños debido al tránsito de camiones de carga y ómnibus de pasajeros provenientes de otras ciudades. Sin embargo, la decisión generó una fuerte polémica en redes sociales y medios nacionales, donde se cuestionó la justificación del cobro y su impacto en el sector del transporte.

En las últimas horas, el debate se intensificó, con varios actores políticos y empresariales solicitando una revisión de la medida, mientras que el sector del transporte reclama que se busquen soluciones más equitativas y que no infrinjan las normativas constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país.

Con este nuevo arancel, Formosa se suma a un creciente número de municipios en todo el país que han implementado o están evaluando medidas similares, lo que ha encendido la alarma sobre el posible impacto de estas políticas en el desarrollo económico y la libre circulación dentro de Argentina y del Mercosur.