"Mi papá no se suicidó": la familia de "Agüita" denuncia encubrimiento y apunta al poder político en Ibarreta
El supuesto suicidio de "Agüita", trabajador de la construcción acusado de disparar contra el concejal electo Carmelo Barrios en Ibarreta, abrió un nuevo capítulo de sospechas y denuncias públicas. Sus hijos rechazan la versión oficial y aseguran que su padre fue "mandado a matar" por las deudas millonarias que mantenía con el poder político local.
Un trabajador vinculado a la obra pública
"Agüita" era propietario de una empresa constructora que ejecutaba obras públicas gestionadas por el diputado y presidente alterno de la Legislatura provincial Armando Felipe Cabrera en Ibarreta. Esa relación contractual es hoy el centro de las sospechas: mientras la Policía cerró rápidamente el caso como suicidio, la familia exige investigar a fondo.
"Lo mandaron a matar"
"Mi papá no se suicidó, lo mandaron a matar porque le debían millones por las obras que les hizo. Él es un hombre trabajador, lo quieren ensuciar para proteger su campaña. No lo van a lograr", escribió Zunny, hija del trabajador, en redes sociales. Y agregó: "Quieren tapar todo, pero lo lamento, se equivocaron… sabemos a quiénes nos enfrentamos, pero su poder se terminó acá".
Miedo a encubrimientos
En un video que se viralizó en redes, el hijo de "Agüita" exigió acompañar el cuerpo hasta la morgue para asegurarse de que se realice una autopsia imparcial: "Queremos la verdad sobre la muerte de nuestro padre, porque quieren tapar todo", denunció frente a la ambulancia que trasladaba el cadáver.
Carga directa contra Armando Felipe Cabrera
En otro mensaje, Zunny apuntó directamente contra el diputado Cabrera, criticando que ni siquiera se haya hecho duelo en las obras que su padre estaba construyendo para él. "Ni siquiera hicieron duelo y siguieron trabajando como si nada. Eso demuestra la clase de personas que son. A Cabrera lo único que le importa es la plata", disparó.
Bronca, sospechas y pedido de justicia
Los testimonios de los hijos de "Agüita" alimentan las dudas sobre un caso que la Policía dio por cerrado de manera exprés. Con acusaciones directas contra el poder político local, la familia reclama transparencia, custodia del cuerpo y pericias imparciales para determinar las verdaderas circunstancias de su muerte.
