La Convención Constituyente blindó al "Modelo Formoseño" contra eventuales intervenciones federales
"Abriendo el paraguas por si las moscas", el oficialismo en la Convención Constituyente de Formosa avanzó con una reforma clave. A propuesta del presidente del bloque justicialista, Rodrigo Vera, y con el respaldo de los dos tercios de los convencionales, el voto negativo de la UCR y de LTyP, se aprobó la modificación del Artículo 32 de la Constitución provincial, limitando el alcance de futuras intervenciones federales en la provincia.
La votación contó con el rechazo de la bancada de la UCR y del convencional Fabián Firman, de Libertad, Trabajo y Progreso. Sin embargo, la mayoría peronista celebró la sanción con aplausos y gritos de triunfo dentro del recinto.
Los cambios aprobados
La nueva redacción del artículo establece que:
Las intervenciones federales deberán limitarse únicamente a remediar las causas que las originaron y restituir autoridades legítimas.
Los interventores y funcionarios designados no podrán cobrar sus sueldos de las arcas provinciales.
Quienes integren la intervención serán responsables civil, política, administrativa y penalmente por los daños que ocasionen.
El Gobierno Federal será responsable de los perjuicios que pueda generar la intervención a los intereses y bienes de la provincia.
Con aplausos y festejos, el PJ blindó a Formosa frente a una eventual intervención federal
Se prohíbe expresamente que un interventor contraiga empréstitos que comprometan el patrimonio provincial.
Una jugada política preventiva
La reforma llega en un contexto de tensión política nacional y provincial. En la oposición se interpretó la medida como un movimiento defensivo del oficialismo, que busca blindarse ante cualquier eventualidad institucional que pudiera derivar en una intervención federal.
Desde el justicialismo, en cambio, la modificación fue presentada como un "acto de soberanía" destinado a proteger a la provincia de posibles abusos o desmanejos de funcionarios nacionales designados en caso de intervención.
La polémica está abierta: ¿se trata de una cláusula de resguardo para Formosa o de un seguro político para el régimen de Insfrán?
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